Condenamos el discurso gubernamental que intenta negar la existencia de las desapariciones forzadas en México

Pronunciamiento Núm. 20250409

A los medios de comunicación
A la opinión pública

A raíz de la intervención del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU respecto al cometido de la detención-desaparición forzada de manera sistemática y generalizada, así como de la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, del cual México es parte desde el año de 2007 ; la Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, rechaza el loable trabajo de este organismo internacional de derechos humanos y sostiene que “... en México no hay desaparición forzada desde el Estado.” Por su parte, el Senado de la República encabezado por Gerardo Fernández Noroña acusa que el CED actuó de manera “unilateral”, “sin sustento alguno” y bajo una “falsa e injusta especulación”, por lo que exigió públicamente la destitución del Presidente de este organismo.

De esta manera el Estado Mexicano a través de sus voceros intentan negar la realidad que vivimos los mexicanos : La existencia y cometido de la detención-desaparición forzada, cuya sistematicidad se confirma con las características sociales de las víctimas, entre las que figuran obreros, campesinos, estudiantes, trabajadores del campo y la ciudad, miembros de organizaciones independientes como el caso de Fidencio Gómez Sántiz del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) hasta integrantes de organizaciones revolucionarias como Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), donde en este último, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó de manera jurídica que este crimen fue cometido por miembros de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas, es decir, por el Estado Mexicano.

En fin, la detención-desaparición forzada se comete por motivos sociales y políticos. Ya sea por la intervención directa de servidores públicos o integrantes de las corporaciones policiacas y militares o por sujetos que cuentan con la aquiescencia del Estado Mexicano (como los grupos paramilitares), o sea, que este sí es responsable de los más de 1 millón de detenidos-desaparecidos.

Como la detención-desaparición forzada es una grave violación múltiple a los derechos humanos que no prescribe mientras no se garantice la presentación, la verdad y la justicia, casos como el de Fidencio Gómez Sántiz y el de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya permanecen vivos como si la presente administración los hubiere cometido, pues esta tiene la innegable obligación jurídica y constitucional de garantizar tales derechos como institución de Estado.

Tales hechos señalan que en México no existe una “crisis” en materia de desaparición forzada, adoptar este concepto es deslindar al Estado Mexicano de su responsabilidad en el cometido de este crimen. Lo que se debe de señalar (y no quitar el dedo del renglón) es que si este fenómeno persiste en la presente administración, se confirma que se trata de una política de Estado, donde las denuncias y acciones urgentes muestran esta realidad incuestionable. Así también, es importante resaltar que el actual gobierno retoma el discurso calderonista y promueve una reforma sin tomar en cuenta a los familiares de las víctimas, lo cual sí representa una regresión cuando el Estado Mexicano negaba la detención-desaparición forzada y buscaba tratarlo como un delito de fuero común (secuestro).

Por tales motivos el Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) emitimos nuestra condena al discurso oficialista que intenta negar la existencia de la detención-desaparición forzada como práctica sistemática del Estado, condenamos los ataques de las fuerzas políticas que hoy ocupan la mayoría en el Poder Ejecutivo y Legislativo contra el CED de la ONU, con ello vierten un mensaje que aquellas organizaciones y colectivos que abrazan la demanda de la presentación con vida de los detenidos-desaparecidos representan un enemigo que pretende desestabilizar y atacar la mal llamada “4T”.

ATENTAMENTE :
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS !
COMITÉ POPULAR DE DERECHOS HUMANOS
CPDH