Expresamos nuestra condena hacia las leyes y acciones gubernamentales que atentan contra la libertad de expresión y organización

Pronunciamiento No. 20250617

A los medios de comunicación
A la opinión pública

Nuestro Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) emitimos nuestra condena hacia las leyes y acciones gubernamentales que anulan el derecho a la libertad de expresión y criminalizan a las organizaciones y el ejercicio de la profesión del periodismo.

A nivel federal observamos el intento de la presidencia de la república y el Senado sobre imponer reformas a la Ley de Telecomunicaciones con la intención de otorgar a la propuesta Agencia Digital atribuciones para ejercer la censura para acallar toda voz crítica e incómoda para el gobierno mexicano. A pesar del repudio popular y de organismos independientes de derechos humanos nacionales e internacionales, la administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo pretende mantener varios cambios con los que se desea ejercer mayor control, espionaje y censura hacia la población.

En el estado de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el Congreso de Diputados de Michoacán impusieron una reforma al Código Penal de Michoacán de Ocampo con la que pretenden imponer una pena de tres a seis meses de prisión y de 80 a 150 UMAS de multa a quienes hagan “apología al delito”, medida que “… no contribuye a que la violencia disminuya, máxime cuando ésta emana del Estado y sus instituciones, por lo que el pretender imponer el silencio solo permite que la impunidad prevalezca y violenta el derecho del pueblo a estar informado. Así mismo, al penalizar se permite ejercer la criminalización de toda protesta bajo el argumento de considerarla como delito...” (Pronunciamiento No. 20250513, CPDH)

En el estado de Puebla fue publicado en el Periódico Oficial de Puebla la Ley de Ciberseguridad, la cual crea el delito de “ciberasedio” que establece la imposición de multas de hasta 30 mil pesos y penas de tres meses a tres años de prisión a “quien a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”. Dicha tipificación viene a criminalizar toda voz crítica que sea “ofensiva” para la presente administración estatal encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, conocido públicamente por atacar al periodismo que no se encuentra alineado a la retórica gubernamental.

Así mismo, el gobernador Alejandro Armenta criminaliza el derecho del pueblo a organizarse, pues al decir que su gobierno tendrá consideración y respeto hacia las organizaciones que se “conduzcan en base a la ley” y que aquellos que no lo hagan serán “sometidos al escrutinio de la ley”, manifiesta que ejercerá la represión política y judicial hacia las organizaciones que no se sometan a la política de corporativismo federal.

Mientras tanto, en el estado de Campeche, la juez de control Guadalupe Martínez Taboada condenó al periodista Jorge Luis González Valdez (exdirector del periódico “Tribuna” de Campeche) a no ejercer el periodismo durante dos años y al pago de una “indemnización” de dos millones de pesos. El delito por el cual se le impone esta pena al periodista de 72 años de edad es por haber proferido “calumnias y un discurso de odio” contra la gobernadora Layda Sansores San Román. Como antecedente, el periodista fue víctima de hostigamiento policiaco y persecución política por familiares de la gobernadora de Campeche y el área de comunicación social de dicha administración.

La federación y los gobiernos de Michoacán, Puebla y Campeche son de origen morenista, lo cual indica que como lo hicieron el PAN y el PRI en su momento, la actual administración autodenominada “4T” actúa como perseguidor de toda voz crítica e incómoda al régimen. Los hechos indican que para estos gobiernos ser periodista, denunciar toda injusticia y organizarse por la defensa de nuestros derechos es sinónimo de criminal, así como lo consideró el gobierno de Porfirio Díaz contra las voces críticas como los hermanos Flores Magón y su periódico “Regeneración”.

Lo que actualmente vivimos es grave, en todo momento los gobiernos estatales y el federal utilizan cualquier excusa para anular derechos fundamentales y humanos, lo cual lleva hacia un régimen cada vez más autoritario, represor, reaccionario y profascista. Mientras se acalla al periodismo y se va anulando el derecho a la libre expresión de las ideas, el gremio periodístico se enfrenta a la violencia de Estado que hace de nuestro país, uno de los más riesgosos para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos.

Desde nuestro CPDH condenamos esta política de censura y anulación del derecho a la manifestación, así como la criminalización de la organización y protesta.

Atentamente:
Comité Popular de Derechos Humanos
CPDH