Condenamos la postura de la CNDH de negar que las desapariciones forzadas sí son cometidas por el Estado

Pronunciamiento No. 20250414

A los medios de comunicación
A los organismos defensores de derechos humanos
A la opinión pública

A raíz de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU diera a conocer que iniciará el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ante la preocupación fundada de la sistematicidad y generalización del cometido de la detención-desaparición forzada por parte del Estado, desde el Ejecutivo federal se intenta negar esta realidad y ahora, en un acto de subordinación con el actual gobierno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un pronunciamiento para “precisar” sobre el presente tema que desde las altas esferas del poder estatal se pretende censurar y negar.

En su comunicado del 13 de abril del presente, la CNDH sostiene que las detenciones-desapariciones forzadas “… no se originan desde el Estado. Para ser precisos, no son producto de agentes gubernamentales porque, de entrada, hay que decir que hasta se emplea mal el término “Estado”, tal aseveración leguleya tiene como fin deslindar al Estado Mexicano (en su calidad de institución pública) de su responsabilidad en el cometido de este crimen de lesa humanidad.

La CNDH se enfoca en los casos documentados donde gracias a la denuncia popular, se confirmó que estos tienen un carácter político, pero omite que la detención-desaparición forzada es cometida también por motivos sociales, en donde los más de 127 mil casos reconocidos oficialmente son de personas con diferentes oficios, ocupaciones y profesiones, todos con un origen popular. De aquí la sistematicidad del crimen y su generalización que, hablando en términos más reales, la magnitud supera la cifra de un millón de victimas.

Argumentar que las detenciones-desapariciones forzadas cometidas actualmente “no pueden equipararse a una política de Estado, pues carecen de la escala, la estructura jerárquica y el respaldo institucional que caracterizaron al periodo histórico mencionado.”, es negar que en su ejecución existen los elementos de autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. El grado de barbarie expone que el crimen puede ser cometido tanto por elementos castrenses, las corporaciones policiacas, grupos paramilitares y otros sujetos o grupos que cuentan con los elementos ya referidos. Que el número de víctimas vaya en aumento y el grado de impunidad son pruebas irrefutables del grado de aquiescencia del Estado Mexicano, confirmando que la detención-desaparición forzada es un crimen de Estado.

Como la detención-desaparición forzada es un crimen continuado, es decir, que sus consecuencias se mantienen vigentes en tanto no se presente a la víctima, el mantener la impunidad y no garantizar la justicia y la verdad provoca que la presente administración es tan responsable como las anteriores. A ello traemos como ejemplo el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, donde a pesar de existir una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Fiscalía General de la República (FGR) se niega a realizar los actos de investigación que mandata el ordenamiento judicial, colocando al Estado Mexicano en condición de desacato. Por lo tanto, el crimen se mantiene vigente (no prescribe) en medida que la presente administración se niega a garantizar la justicia y la verdad.

Declarar que “la forma en que la desaparición de personas es perpetrada en el país ha cambiado de manera sustantiva a consecuencia de la llamada “Guerra contra el Narco” del gobierno de Felipe Calderón” y que “… la desaparición de personas es un delito perpetrado por particulares, principalmente por la delincuencia organizada,” es un acto perverso que intenta deslindar al Estado Mexicano. Tal y cómo lo hizo el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, desde el Poder Ejecutivo se lanza el discurso de culpar al “crimen organizado”, con ello nuevamente se revictimiza a las víctimas y abre de nueva cuenta la puerta para ejercer sobre ellas la criminalización bajo al afiche de “en algo andaban”.

No se trata de una narrativa maliciosa ni de un “interés particular”, la denuncia sobre la persistencia de las detenciones-desapariciones forzadas existe y se mantiene por este fenómeno tiene continuidad en la presente administración que poco o nada hace para erradicar esta práctica transexenal, ¿acaso la
cifra oficial de 127 mil personas desaparecidas y no localizadas en México es une mero invento de la presente administración ?, ¿acaso no es fundamento razonable y suficiente que indica el grado de sistematicidad y generalización de esta práctica deleznable ?

Ahora, sobre las “precisiones” de la CNDH, es necesario también precisar :

• La CNDH reconoce tácitamente que hay funcionarios públicos involucrados de manera indirecta en la comisión de las detenciones-desapariciones forzadas.
• La intensificación de la violencia en diversas regiones es en realidad violencia de Estado y Terrorismo de Estado. No es casual que en aquellos puntos donde se intensifica la detención-desaparición forzada existen intereses económicos y políticos de cada gobierno en turno.
• Las fiscalías locales y federal y demás instituciones encargadas de realizar la búsqueda de las personas detenidas-desaparecidas no actúan con profesionalismo, en ellas brilla la omisión dolosa, la revictimización y la indolencia. En fin, la impunidad.
• Entre las autoridades y servidores públicos responsables no se puede omitir a las fuerzas armadas, negar que éstas cometen las detención-desapariciones forzadas es otorgarles impunidad y protección.
  las Comisiones de Búsqueda nacional y locales ; y hay que destacar que en un importante porcentaje se logra dar con el paradero de las personas desaparecidas.

Es verdaderamente lamentable que la CNDH emita tal pronunciamiento contra el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, quien en el ejercicio de su labor, recoge las denuncias y acciones urgentes que sustentan su trabajo. Con ello se confirma que nuestro país se experimenta un retroceso en materia de derechos humanos, anulando los avances alcanzados por años por colectivos, familiares, organizaciones independientes y el pueblo mexicano que lucha por justicia y la erradicación de la detención-desaparición forzada. Lamentablemente la CNDH muestra falta de independencia respecto al discurso presidencial.

Ante esta realidad, quienes sostenemos en alto la lucha contra la detención-desaparición forzada debemos de redoblar esfuerzos para hacer valer el derecho a la justicia, la verdad y la presentación. Como CPDH nos pronunciamos :

PRIMERO. NUESTRA CONDENA AL DISCURSO OFICIALISTA QUE INTENTA NEGAR LAS DETENCIONES-DESAPARICIONES FORZADAS Y MANTENER LA IMPUNIDAD EN FAVOR DE CRIMINALES DE ESTADO.
SEGUNDO. COMO MÉXICO ES PARTE DE LOS TRATADOS Y CONVENCIONES INTERNACIONALES SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA, ESPERAMOS QUE NO SE OBSTACULICE EL TRABAJO DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LA ONU.
TERCER. POR EL ACCESO REAL A LA JUSTICIA, LA VERDAD Y LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS DE AYER Y HOY.
CUARTO. LA ERRADICACIÓN DEL FLAGELO QUE REPRESENTA LA DETENCIÓN-DESAPARICIÓN FORZADA SIEMPRE DEPENDERÁ DE LA VOLUNTAD POLÍTICA DEL ESTADO MEXICANO, PERO DE NO SER ASÍ, EL PUEBLO TIENE QUE SALIR A EXIGIRLO.

ATENTAMENTE :
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS !
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES !

COMITÉ POPULAR DE DERECHOS HUMANOS
CPDH

Pronunciamiento en PDF :