Gobierno de México pretende imponer medidas de control social escudándose bajo el tema de las desapariciones forzadas

Michoacán, a 2 de abril de 2025

A los medios de comunicación
A la opinión pública

Hace unos días la Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República una iniciativa para “combatir” las desapariciones de personas, pero tales reformas no garantizan el acceso a la justicia y el tema de la detención-desaparición forzada es utilizado para imponer medidas de corte fascista que faciliten el control social sobre la población mexicana.

Además de la Plataforma Única de Identidad y la incorporación de los datos biométricos en la Clave Única de Registro de Población (CURP), la representante del Poder Ejecutivo propone interconectar la plataforma con todos los sistemas (públicos y privados) que manejen datos de las personas y ponerlos bajo acceso irrestricto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la MARINA, la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esto para supuestamente mejorar las acciones de investigación sobre la búsqueda de personas.

Tal medida no resuelve el tema de las detenciones-desapariciones forzadas, pues a pesar de contar con todos los elementos técnicos, científicos y jurídicos, lo que siempre ha hecho falta es la voluntad política del Estado Mexicano para realizar todo trabajo de búsqueda, acto que se materializa en forma todo tipo de obstáculos que imponen las instancias investigadoras a los familiares de las víctimas y colectivos con la intensión de negarles el acceso a la justicia y la verdad. El ejemplo más claro es la oposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a ejercer los actos de investigación emanados del análisis de contexto de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB) para el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Además, estas reformas no frenan la violencia de la que son víctimas los familiares, pues al momento de escribir estas palabras, nos enteramos del asesinato de la madre buscadora Teresa González Murillo, quien se resistió ante un posible intento de detención-desaparición forzada. Junto a ella existen otras madres y familiares que han sido objeto de violencia institucional oficial y no oficial, demostrando que ésta emana del Estado Mexicano.

Si en verdad se quisiera atender el tema de las detenciones-desapariciones forzadas, se buscaría hacer valer los actos de investigación y de búsqueda bajo presunción con vida desde el momento de la denuncia, se permitiría la participación integral de los familiares de las víctimas y se llevarían a juicio a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de Estado y de lesa humanidad. Mientras no se realice esto, la impunidad y la injusticia permanece en medida que el Estado Mexicano las promueve.

Bajo el tema de las desapariciones-forzadas (mismo que se levantó nuevamente bajo el contexto del rancho Izaguirre en Jalisco) la presidencia de la república actúa de manera oportunista para fortalecer el Estado policiaco-militar e intensificar las tareas de contrainsurgencia e inteligencia hacia el pueblo, a ello obedece la intensión de poner los datos biométricos y toda información personal bajo poder de las instituciones castrenses y de inteligencia, quienes son los ejecutores históricos del terrorismo de Estado y las detenciones-desapariciones forzadas.

En cada momento la presente administración que presume de ser “humanista” descubre más su verdadero rostro inhumano, autoritario, represor, demagógico, y pro fascista. Que esta reforma se esté realizando sin la participación de los familiares y colectivos que exigen la presentación de los detenidos desaparecidos confirma el carácter antipopular no solo del actual gobierno, sino del régimen que es raíz de la violencia y miseria del pueblo mexicano.

Por ello rechazamos tal iniciativa de reforma en medida que no resuelve la demanda de justicia, verdad y presentación, garantiza la continuidad de la impunidad y mantiene el carácter transexenal de la detención desaparición-forzada, crimen que no prescribe, por lo que la responsabilidad del mismo recae en la presente administración que intenta negar la continuidad del cometido de crímenes de lesa humanidad.

Atentamente:
¡Porque Vivos se los Llevaron, Vivos los Queremos!
¡Juicio y Castigo a los responsables de las detenciones-desapariciones forzadas!
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS