PRONUNCIAMIENTO. El recién aprobado paquete legislativo es de tendencia profascista y reaccionario

Michoacán, a 1 de julio de 2025

A los medios de comunicación
A la opinión pública

Durante el periodo extraordinario de la Cámara de Senadores y Diputados se ha realizado la aprobación de un conjunto de reformas que vienen a fortalecer el aparato policiaco-militar, intensificar el espionaje y la contrainsurgencia, acallar toda voz incómoda para el régimen y mantener la injusticia e impunidad en cuanto a la continuidad de la ejecución de crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado. Todas estas reformas son aprobadas sin consenso ni discusión pública o bajo simulación, por lo que son leyes antipopulares, profascistas y reaccionarias que se inclinan hacia mayor autoritarismo y represión para el pueblo.

La desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la designación de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) tiene como fin centralizar las funciones de la medición de la pobreza y evaluación de la Política de Desarrollo Social para evitar que surjan “otros datos” que contradigan la narrativa oficialista. En esencia es ocultar toda evidencia objetiva que demuestre el grado de la crisis económica que, en nuestro país se expresa en aumento en los niveles de pobreza, mayor cantidad de personas que no cuentan con acceso al derecho a la salud, bajo crecimiento económico, desempleo y salarios de hambre y una inflación que no se detiene.

Bajo esta misma intensión de imponer la censura para que sólo prevalezca la opinión del régimen, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones mantiene su facultad de suspender las transmisiones de radio y televisión bajo pretexto de “proteger los derechos de las audiencias” y demanda a las radios comunitarias o independientes a someterse a los controles del gobierno federal. El cambio de las reglas de las conferencias mañaneras es una muestra de la pretensión de imponer la censura y la autocensura, donde la única voz que tiene que prevalecer es la del Estado.

La reforma a la Guardia Nacional fortalece el Estado Policiaco-Militar, pues la incorpora y estructura para que sea parte formal de las fuerzas armadas bajo un esquema de policía militar. Con ello se amplían sus funciones como institución castrense para tareas de seguridad pública, espionaje, inteligencia y contrainsurgencia. Todo ello bajo la protección del fuero militar, lo cual conduce a mayor militarización del país, sobre todo cuando se ha autorizado que militares en activo puedan contender a un puesto de elección popular.

Así mismo, las reformas a la Ley Nacional de Inteligencia, a la Ley General de Población y a la Ley de Telecomunicaciones vienen a imponer mayores controles coercitivos y de control social de la población.

La CURP biométrica no resuelve ni coadyuva al tema de las desapariciones forzadas, pero permite tener ejercer seguimiento de la población; la exigencia a los usuarios de telefonía a entregar sus datos personales y a las empresas operadoras de poner a disposición de las instituciones de seguridad y militares toda la información viene a facilitar el espionaje y la contrainsurgencia; en fin, mayor reglamentación de la vida social y la imposición de mecanismos coercitivos.

En cuanto a la reforma a la Ley contra las Desapariciones Forzadas, esta es impuesta sin la consulta ni la aprobación de los familiares de cientos de miles víctimas de este crimen de Estado y lesa humanidad, se trata de una reforma reaccionaria porque no reconoce el carácter de la detención-desaparición forzada y lejos de fortalecer los mecanismos que brinden justicia, verdad y presentación; permiten mantener la impunidad hacia los autores materiales e intelectuales, es decir, hacia los agentes de Estado que ejecutan este deleznable crimen.

La detención-desaparición forzada es crimen que se comete de manera sistemática y generalizada, es parte de la política de terrorismo de Estado que se viene ejecutando con saña en contra de la población en general, activistas, integrantes de organizaciones y todo sujeto político que se organice y luche por la transformación de sus condiciones materiales de vida. Por lo que la reforma en lugar de beneficiar a las víctimas y sus familiares, permite que la injusticia, la indolencia e impunidad prevalezcan y, con ello, el incremento de las cifras que se alzan en más de un millón de víctimas a lo largo y ancho de todo el país.

Tales reformas no son exclusivas de la presente administración morenista, han sido impulsadas desde los gobiernos del PRI y del PAN y ahora son impuestas bajo las siglas de MORENA, quien retoma el fetiche de la seguridad para justificar su proceder antipopular y demagógico. Esto confirma que ningún político de oficio o partido político emanados de la democracia burguesa representan el interés popular y mucho menos actuarán en favor del pueblo. Por más culpas que se repartan nada borra que son traidores y verdugos del pueblo mexicano.

La imposición de estas medidas es a exigencia de la crisis económica y política del régimen, crisis que no se ha podido superar al grado que las pasadas elecciones extraordinarias del poder judicial mostraron la incapacidad de la democracia burguesa para sostener el actual estado de cosas. Por ello, la necesidad de mantener en pie al régimen obliga a imponer mayor militarización y control de la vida pública y social, coartar las libertades del pueblo, incrementar el asistencialismo y recurrir a más demagogia y autoritarismo. Todos estos elementos son parte de las características esenciales del fascismo, posición a la cual la actual presidente de la república es afín por su origen sionista.

Desde nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) nos pronunciamos en contra de estos actos autoritarios, profascistas y autoritarios que conducen a intensificar la violencia de Estado sobre las masas obreras, campesinas y populares. El propio desarrollo de los acontecimientos nos lleva concluir que bajo el régimen burgués no hay ninguna transformación, sino el fortalecimiento de una dictadura que sólo puede sostenerse con la violencia de Estado y el Estado Policiaco-Militar.

Al final, la única vía y alternativa para los oprimidos y explotados es la lucha por el socialismo en México.

Atentamente:
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS