Reforma a la Guardia Nacional impone mayor militarización del país y fortalece el Estado Policiaco-Militar

Michoacán, a 24 de junio de 2025

A los medios de comunicación
A la opinión pública

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) rechazamos tajantemente las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y leyes relacionadas con el funcionamiento y organización de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, todo derivado de la reforma del 2024 que lleva al fortalecimiento del Estado Policiaco-Militar, mayor militarización de la vida pública del país y legalización de las labores de contrainsurgencia y espionaje.

Las reformas a las diversas leyes consolidan la militarización de la Guardia Nacional ya que plantean estructurarle, organizarle y dirigirle como una División de las fuerzas armadas y Fuerza Armada Permanente compuesta por elementos castrenses y mandos militares. Bajo este esquema el titular de la Guardia Nacional será nombrado por el representante del Ejecutivo Federal, pero a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien tendrá todas las facultades para organizar, adiestrar, administrar y desarrollar. Esto significa que quien tendrá la dirección real será la Secretaría de la Defensa Nacional.

En cuestión de seguridad pública, la Guardia Nacional deja de ser una corporación civil para pasar a ser una Policía Militar que tendrá como principal fin ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En los hechos es otorgar a las fuerzas armadas mayores facultades para coordinarse con el Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía General de la República, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Inteligencia, lo cual implica el inicio de una posible militarización del Poder Judicial y ampliación de las funciones castrenses para tareas de persecución del delito común.

En cuanto a contrainsurgencia e inteligencia, el proyecto menciona que se busca “dotar de facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que, en el ámbito de su competencia, genere, opere, procese y utilice información en materia de seguridad nacional; desarrolle productos y servicios de inteligencia que contribuyan a identificar y atender los riesgos y amenazas a la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano...” Esto significa ampliar las capacidades para ejercer la represión contra la población, sobre todo cuando la protesta y el descontento popular son considerados como peligros para la seguridad nacional.

Las reformas otorgan mayor impunidad y protección a la Guardia Nacional en medida que “… al igual que los del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, quedan sujetos a la jurisdicción penal militar…”, por lo que toda falta o delito que puedan cometer será tratado por una cúpula militar que no estará obligada a rendir cuentas, trayendo más facilidades para el cometido de violaciones a los derechos humanos.

La reforma a la Guardia Nacional en su artículo 44, fracción III, inciso a), permite el goce de una licencia especial para el personal “militar con formación policial” para el desempeño de cargos de elección popular. Esta redacción peligrosamente ambigua permite que un militar activo pueda participar y ocupar cargos de elección popular como Presidente de la República, Senador, Diputado (local y federal), juzgador (bajo la reforma al Poder Judicial de la Federación), gobernador, Presidente Municipal, Regidor, etc. Esto lleva a la imposición de gobiernos militares enmascarados bajo una vestimenta civil.

Tales pretensiones corresponden a las exigencias del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el cual tiene como una prioridad incrementar las “capacidades institucionales y estado de fuerza” de la Guardia Nacional y los cuerpos castrenses. Por lo que se busca es garantizar una paz burguesa a base de represión contra los explotados y oprimidos y garantizar la protección de los intereses capitalistas en el país, sobre todo en tiempos de crisis económica y política del régimen que, ante su incapacidad de mantenerse en pie, recurre al establecimiento de medidas de carácter fascista como es la militarización y el control absoluto de la sociedad.

Esto no es nuevo, tanto los gobiernos del PRI y el PAN intentaron imponer estas medidas, ahora bajo las siglas de MORENA se intenta concretar este objetivo y exigencia de la burguesía bajo un rostro demagógico, autoritario y profascista. Dicho esto, podemos concluir que no importa quien se encuentre en la silla presidencial o el curul legislativo, el propio régimen es antipopular.

Nuestro pueblo demanda salud, trabajo, educación y justicia, no más militares para ejecutar la violencia de Estado, por lo que al pueblo mexicano le corresponde repudiar en todas las formas posibles esta política gubernamental y toda ley que viene a fortalecer la dictadura del capital.

Atentamente:
¡No a la militarización del país!
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS