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A dos años de la represión en la colonia Emiliano Zapata: ¡No olvidamos, no perdonamos!
Sábado 29 de marzo de 2025, por
Michoacán, a 28 de marzo de 2025
A los medios de comunicación
A los organismos defensores de derechos humanos
A la opinión pública
Las comunidades indígenas-campesinas, obreros, colonos, estudiantes y demás sectores populares organizados en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en el estado de Michoacán no olvidamos la represión ejecutada por el gobierno del Lic. Alfredo Ramírez Bedolla y la ex presidente municipal de Salvador Escalante Araceli Saucedo Reyes contra nuestros compañeros de la Colonia Emiliano Zapata (Kuwait) en Santa Clara del Cobre el pasado 28 de marzo de 2023.
Aquel día el Juez Genaro Álvarez Pérez y el secretario Noé Sosa Juárez de los Juzgados Mixtos de Patzcuaro acudieron al predio colectivo ubicado en la Colonia Emiliano Zapata en la localidad de Santa Clara del Cobre, la intensión de estos servidores públicos fue concretar el despojo de este predio (del cual hemos sostenido la posesión desde hace 30 años) para entregarlo al nefasto Zalvador Ziranda, quien contó con el respaldo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la entonces presidente municipal Araceli Saucedo Reyes.
Ese 28 de marzo de 2023, la Policía Municipal de Salvador Escalante, la Guardia Civil y agentes de la FGE al mando de Julian Morales Colín ejecutaron la represión contra nuestros compañeros y colonos de la Colonia Emiliano Zapata. La violencia de Estado fue ejercida contra hombres, mujeres y menores de edad, quienes fueron objeto de agresiones físicas, gases lacrimógenos, allanamiento ilegal de casas, destrucción y daño a viviendas y al proyecto colectivo de molino de nixtamal, detenciones arbitrarias y actos de tortura. Estas graves violaciones a los derechos humanos fueron documentadas y actualmente obran en una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Michoacán.
La responsabilidad de la represión recae en Juez Genaro Álvarez Pérez y el secretario Noé Sosa Juárez, quienes convalidaron la represión y presenciaron las violaciones a los derechos humanos; la presidente municipal Araceli Saucedo Reyes que facilitó el apoyo político y jurídico a Salvador Ziranda para intentar concretar el despojo; el director de la policía de investigación Julian Morales Colín quien de manera personal torturó a compañeras en el interior de la FGE de la ciudad de Morelia y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que convalidó la represión y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, a dos años, la CEDH de Michoacán no ha emitido recomendación alguna sobre la queja interpuesta, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Michoacán protege a los servidores públicos jurisdiccionales y desde el casi extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) se le pretende premiar a Araceli Saucedo con una candidatura a la gubernatura para el próximo proceso electoral de 2027. A todas luces se ve como reina la impunidad en nuestro país.
Mientras al pueblo se le niega la justicia, en el marco de la elección extraordinaria al Poder Judicial, al juez Genaro Álvarez Pérez se le premia con una candidatura para la Segunda Magistratura en la región Uruapan para integrar una de las Ocho Salas Colegiadas en Materia Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Así se confirma como desde el poder ejecutivo y legislativo se premia a estos jueces corruptos al mismo tiempo que se observa cómo se pretende formar un Poder Judicial a modo con jueces de consigna. Bajo estas condiciones no tiene caso que el pueblo participe en una elección que terminará siendo una farsa.
En cara a las elecciones para la gubernatura en el 2027, los despojos del PRD postulan a Araceli Saucedo para ocupar el cargo de gobernador de Michoacán, pero omiten que, durante la administración municipal de este personaje en Salvador Escalante, llevó a cabo un grave desfalco de las arcas públicas para beneficio personal, intentó despojar del agua a la colonia Emiliano Zapata y como senadora, cerró filas con MORENA para imponer la reforma al Poder Judicial de la federación. Ante tal nombramiento denunciamos que esta político de oficio es responsable de violaciones a los derechos humanos, por lo que por ningún motivo debe ocupar cargo alguno, sino que debe de retirársele el fuero que le permite caminar con impunidad y le evita tener que responder ante la justicia.
A tres años de la represión, ¡NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS!, seguiremos demandando justicia y juicio y castigo a los responsables.
Atentamente:
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS