Por el 108 Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Michoacán, a 5 de febrero de 2025

A los medios de comunicación
A la opinión pública

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es producto de la lucha del pueblo mexicano por transformar sus condiciones materiales de vida por medio de la lucha armada en la Revolución Mexicana de 1910-1917, donde los oprimidos y explotados obligaron a la burguesía que recién se imponía en el poder a reconocer las reivindicaciones populares como salud, educación, trabajo digno, vivienda, reparto agrario, entre otras.

Con el paso de los gobiernos priístas, panistas y morenistas, el texto constitucional original ha sido modificado centenas de veces al grado que, a 108 años de su promulgación, las reivindicaciones populares y derechos conquistados han sido anulados y sustituidos por una política de asistencialismo y los mecanismos jurídicos para mantener el dominio burgués se han fortalecido en detrimento de las masas populares.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador brilló por su demagogia y encubierto proceder antipopular, demagógico, represivo y pro oligarca; los 96 artículos constitucionales reformados durante su administración vinieron a dar un impulso al desarrollo de un nuevo ciclo del capital en el sureste mexicano, el fortalecimiento del Estado policiaco-militar, intensificación del asistencialismo para contener el descontento popular, ejercer la contrainsurgencia y afinar los mecanismos judiciales de represión; en conclusión, la mal llamada y autodenominada “Cuarta Transformación” es una política demagógica tendiente a sostener el régimen capitalista en crisis.

Este conjunto de reformas han significado para el pueblo la violación sistemática de sus derechos fundamentales como la educación y la salud, el incremento de la violencia de Estado y la represión, aumento de la miseria y la explotación laboral, despojo de tierras y la destrucción del ejido, continuidad de cometido de crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, entre otras cosas más que aportan datos duros que desmienten la narrativa oficial.

Durante el gobierno encabezado por la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, las reformas impulsadas hasta el momento fortalecen el asistencialismo como mecanismo de contrainsurgencia y discurso demagógico para mantener el engaño, pues a pesar que se haya “elevado” los programas asistencialistas a rango constitucional, la realidad es que estos ya estaban contemplados en el artículo 1° constitucional, por lo que resulta demagógico presentar como algo nuevo y progresista lo que ya está estipulado en la máxima ley.

Para los trabajadores no hay mayores cambios, en medida que persisten formas legales de explotación como el outsorcing, resulta una burla presentar una reforma para que a los empleados se les ponga una silla, mientras que las condiciones de explotación persisten. Así mismo, la ofensiva contra los derechos de los trabajadores continúa a través de la reforma a la Ley del Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) que pretende realizar el despojo de parte de los ingresos para la construcción de viviendas, es decir, se sostener el asistencialismo a base de colocar mayor carga al proletariado mexicano, cuando existen recursos suficientes para garantizar el derecho a una vivienda digna.

En materia judicial, la figura de los jueces sin rostro prevista en el artículo 20 fracción X de la constitución pretende regresar a los tiempos de la Santa Inquisición, negando de facto el derecho a un juicio imparcial, a ser juzgado por una autoridad idónea y competente y al debido proceso. Mientras tanto, la permanencia de la prisión preventiva oficiosa, así como la adición de la “literalidad de la norma” que consiste en que los jueces se deben atener a lo que dicta la ley para imponer esta medida lesiva a los derechos humanos sin tomar en cuenta la jurisprudencia y los tratados internacionales, confirman el desprecio de la presente junta administrativa morenista hacia los derechos humanos. Con tales medidas se viola el precepto de presunción de inocencia y se generan mejores condiciones para ejercer mayor represión en forma de prisión y persecución política y medidas pro fascistas e inquisitorias para criminalizar la protesta y el descontento popular.

Las reformas impulsadas por el morenismo fortalecen el Estado policiaco-militar, la subordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y su recién entregada facultad de investigar el delito viene a sumar mayor poder político para las fuerzas armadas, quienes hasta la fecha son responsables del baño de sangre y del cometido de crímenes de lesa humanidad a lo largo y ancho del país.

Un acto aberrante es el avance del proceso de deshumanización por medio de leyes tendientes a privilegiar los “derechos” de los animales sobre los derechos de las personas, aun sabiendo que tales posiciones, así como el ambientalismo tienen como finalidad frenar el desarrollo económico para mantener el país dependiente del imperialismo norteamericano, así como avanzar en la descomposición social del género humano.

Que tales medidas que se imponen a raja tabla y de plumazo por la avasalladora mayoría calificada del morenismo en el Congreso de la Unión indican el grado de crisis que enfrenta el régimen, el cual, para sostenerse, demanda leyes y reformas que le permitan sobrevivir a costa del sufrimiento de las masas proletarias del campo y la ciudad.

En este 108 aniversario de la Constitución Mexicana, es necesario recordar que “… la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” (Artículo 39 Constitucional), es decir, que los obreros, campesinos, estudiantes y demás sectores populares que formamos parte del proletariado del campo y la ciudad, estamos obligados a salir por la defensa y conquista de nuestros derechos.

Hasta el momento está comprobado que los políticos de oficio no velan por los intereses populares (a ello se debe que la presente administración solamente tenga cerca del 30% de legitimidad electoral), por lo que somos los explotados y oprimidos bajos las banderas de la lucha por el socialismo quienes habremos de construir una nueva constitución que realmente represente nuestros intereses de clase, pues el “… pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno.” La historia nos muestra que sólo la protesta y la organización independiente de partidos políticos y gobierno garantizan nuestros derechos.

Atentamente:
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS