Análisis. Los datos de la violencia de Estado que ocultó el informe de los 100 días de gobierno

Michoacán, a 17 de enero de 2025

A los medios de comunicación
A la opinión pública

El informe de los primeros 100 días de la presente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, hico alarde de haber bajado los índices de homicidios dolosos, pero omitió de manera dolosa la violencia de Estado, el cometido de crímenes de lesa humanidad y los pendientes que mantiene su administración. A pesar de ello, quiérase o no, la realidad siempre sale a la luz ya que no se puede ocultar que la violencia y terrorismo de Estado y la impunidad son rasgos inherentes del presente régimen, independientemente de quien ocupe el cargo de representante del poder ejecutivo.

«Violaciones a los derechos humanos bajo la presente administración»

Tan sólo en el periodo del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2025, el Estado Mexicano ha cometido diversas violaciones a los derechos humanos contra periodistas, pueblos organizados, organizaciones populares independientes y pueblo no organizado. A poco más de cien días del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las corporaciones policiacas y los grupos paramilitares ha llevado a cabo detenciones arbitrarias, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y todo tipo de acto para coartar los derechos humanos fundamentales.

Por los intereses oligarcas que existen en el sureste mexicano, Chiapas es uno de los estados donde se ejerce mayor violencia a través de los cuerpos represivos y los grupos paramilitares, en lo económico, se trata del desarrollo de un proceso de acumulación originaria del capital por medios legales e ilegales que trae como resultado mayor opresión política a través del terrorismo de Estado. Dicha condición se traslada a diversos estados del país donde la única diferencia es el matiz. De manera generalizada es evidente que el morenismo hace uso de grupos de choque para reprimir manifestaciones y actos de protesta.

De manera general, el derecho a la protesta sigue siendo uno de los derechos que el Estado mexicano intenta coartar, o sea, que se continúa ejerciendo la represión para intentar acallar toda voz de protesta y descontento popular, así como las voces críticas y honestas del periodismo.

«Desapariciones forzadas»

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en el periodo del 1 de octubre de 2024 al 8 de enero de 2025, desaparecieron 4 mil 010 personas, cifra que indica que bajo la presente administración desaparecen en promedio 1.6 desapariciones forzadas por hora (mayor al promedio de 1.07 del gobierno López Obrador). Mientras que organismos internacionales de Derechos Humanos como Amnistía Internacional señalan al menos 15 mil 512 personas bajo esta deleznable condición. Las entidades federativas como el Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa, Puebla, Guerrero, Michoacán, entre otras, continúan figurando con altos índices de detención-desaparición forzada.

Como en los tiempos del panismo y del priísmo, políticos de oficio como el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en lugar de investigar y presentar con vida a las víctimas, las revictimizan y criminalizan. Evidencia de ello son las declaración de este gobernador del estado de Oaxaca que tacha a los 14 jóvenes desaparecidos recientemente de estar vinculados con “temas de drogas”, y que por ese motivo los desaparecieron.

A pesar de haber prometido justicia para los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la realidad es que el gobierno de Claudia Sheinbaum no muestra voluntad política para dar solución a la demanda popular de presentación con vida, sino todo lo contrario, después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador intentara regresar a la versión “histórica”, Sheinbaum pretende iniciar de nuevo con las investigaciones para negar la justicia. A pesar que los autores materiales e intelectuales son señalados y están identificados, el Estado Mexicano sigue con la política de impunidad, a ello obedece que sujetos relacionados con la ejecución del crimen de Estado salgan por las puertas delanteras después de ser encarcelados por este caso.

Bajo esta misma condición de impunidad e injusticia se encuentras los luchadores sociales Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, a quienes no se les presenta ni hay avances en las investigaciones.

Mientras tanto, en las reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda sobre el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, hay mayores avances ni se observa voluntad para acatar la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como si la exigencia de justicia resultara un agravio para el gobierno mexicano, éste manda citar a Nadin Reyes y Margarita Cruz a declarar en la fiscalía, acto que muestra indolencia del Estado con las víctimas directas e indirectas y que, al mismo tiempo, las revictimiza e intenta intimidar.

Todo indica que las desapariciones forzadas y las demandas de presentación con vida y juicio y castigo a los responsables no figuran en la agenda del presente sexenio.

«Justicia e impunidad»

La ampliación del catálogo de delitos que ameritan la nefasta figura de la prisión preventiva oficiosa y la adición sobre que los encargados de la administración de la justicia deben atenerse a la literalidad de la norma, así como la figura de los “jueces sin rostro” de la reforma al Poder Judicial, traen consigo mayor criminalización hacia el pueblo, violaciones a los derechos humanos, negación sistemática de la justicia, tales medidas de carácter profacista tienden a negar la presunción de inocencia, la igualdad, el derecho a ser escuchados por juzgadores imparciales; de esta manera se facilita más el trabajo de las fiscalías para fabricar delitos y expedientes incriminatorios.

La existencia de carpetas de investigación fundadas sobre falsedades, los jueces de consigna y sus continuos actos de prevaricación, el uso sesgado del Derecho Penal y sentencias injustas indican el papel que juegan los tribunales para ejercer la represión judicial contra el pueblo. La opinión del GTDA de la ONU sobre el caso del preso político Higinio Bustos Navarro, el encarcelamiento político del Lic. Juan Díaz Montejo, la persecución política del Prof. Leobardo Reyes Meza, la Lic. Noemia Calles Ríos y Jorge Ceja Ramos y de 13 Ejidatarios de la localidad de Moñoje Viejo, Oaxaca, son claro testimonio de anteriormente expuesto, demostrando que los gobiernos de MORENA se cierran a continuar ejerciendo la prisión y persecución política, como mecanismo de represión.

En México la justicia se administra en favor los intereses de las clases en el poder, por ello es que los tribunales concedieron admitir la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y autoridades de Guerrero contra el amparo de “Tita Radilla”, familiar de Rosendo Radilla Pacheco, cuyo caso obtuvo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Otros casos más donde se inclina la balanza a favor de los criminales de Estado es la libertad otorgada por la Juez Guadalupe Patricia Juárez Hernández a favor de 3 elementos policiacos responsables de la masacre de Nochixtlán, Oaxaca y la liberación por vía de amparo del ex presidente municipal del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, quien estaba encarcelado tras ser condenado a 110 años por el asesinato de cinco personas en Chiapas en el 2021.

«Militarización»

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador siguió con la estrategia de militarización del país, por lo que mantuvo e incrementó la presencia de las fuerzas armadas en las calles y su injerencia en la vida pública, política y económica de México. Para el 1 de noviembre de 2024, la presidente Claudia Sheinbaum, mantuvo 131 mil 630 militares en las calles, es decir, que la presencia militar aumentó su presencia en un 31 por ciento respecto al año pasado.

Como parte de la política contrainsurgente, el senado de la república autorizó a las fuerzas extranjeras de los Estados Unidos para entrar a nuestro país con la intención de “Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional”, es decir, capacitar a las fuerzas armadas para la represión y contrainsurgencia. A esto hay que sumarle las reformas que, de un plumazo, la mayoría calificada aprobó para incorporar la Guardia Nacional a la SEDANA y otorgarle facultades para investigar delitos.

Por eso es indignante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) - cuyo titular fue impuesto con la venia del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión- haga defensa a ultranza de esta estrategia que ha sembrado cientos de miles de muertos en nuestro país y ha creado verdaderos ríos de sangre.

«Conclusiones»

Independientemente del partido político burgués que gobierno de determinado estado, la violencia de Estado que sufre el pueblo es violencia de clase, donde las víctimas son los proletarios del campo y la ciudad. Pero resalta el hecho que en son los estados gobernados por MORENA donde actualmente impera mayor injusticia, impunidad y represión, indicando que nos enfrentamos ante la continuidad de gobiernos antipopulares y represivos de ayer y hoy.

La violencia de Estado se materializa en represión, criminalización, prisión y persecución política, violaciones a los derechos humanos y cometido de crímenes de lesa humanidad. En esto la actual administración (al igual que la obradorista) no se diferencia de los gobiernos anteriores, sino todo lo contrario, existe una clara y dolosa tendencia de desconocer los controles de convencionalidad que obligan al Estado Mexicano a respetar los tratados internacionales de los cuales es parte.

Presumir ante los medios masivos de comunicación que este “Segundo Piso” de la 4T traerá más bienestar para el pueblo es un perverso acto de demagogia, pues la violencia contra el pueblo se ejecuta con mayor saña y sistematicidad. La misma realidad se encarga de destruir el velo mediático fabricado por el discurso presidencial.

Atentamente:
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS