Ponencia: Estado de Derecho y Represión en México

República mexicana, abril 2024

El Estado no es más que un instrumento de opresión de una clase hacia otra, no lo es menos en una república democrática que en una monarquía.
Federico Engels

ESTADO DE DERECHO Y REPRESIÓN EN MÉXICO

En la conferencia matutina del 14 de enero de 2021, el todavía presidente de la república Lic. Andrés Manuel López Obrador, declaró: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.” Tal afirmación se engarza con la clásica frase autoritaria de, se aplicará “todo el peso de ley”, utilizada por los gobiernos priistas y panistas para justificar su autoritarismo gubernamental y proceder represivo contra el pueblo mexicano que se organiza y lucha por mejorar sus condiciones materiales de vida. Con el falaz argumento de salvaguardar el Estado de Derecho y mantener el “orden público”, se han cometido todo tipo de actos represivos y los más aberrantes crímenes de Estado que han lacerado profundamente la vida del pueblo mexicano en la historia reciente y del siglo pasado.

De la “tolerancia” asesina de Gustavo Díaz Ordaz con la que justificó “la matanza de Tlatelolco” en 1968 a la “verdad histórica” con la que cínicamente se trató de ocultar el crimen de Estado de los 43 normalistas desparecidos de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2014, hay una gran cantidad de actos represivos y crímenes de Estado.

Situación que lamentablemente en los gobiernos emanados de Morena, no ha cesado, si bien no en la misma magnitud, pero el hecho real e irrefutable, es que, la represión, tortura, encarcelamiento injusto, persecución, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y crímenes de Estado, continúan cometiéndose desde y por el Estado, en agravio del pueblo organizado y no organizado de México.

Con frecuencia escuchamos que gobernantes de los tres niveles de gobierno y políticos de oficio de toda expresión partidista, aluden al Estado de Derecho para justificar el uso de la fuerza pública. Sobre todo, en momentos de agudización de las protestas populares.
Pero, ¿Qué es el Estado de Derecho? Desde el punto de vista de la doctrina jurídica, el Estado de Derecho está compuesto por un binomio necesario para mantener la “gobernabilidad” y el status quo de un país. Siendo el Derecho quien legitima al Estado para ejercer la coerción, persecución y castigo de las conductas que son consideradas como desviaciones del orden social vigente. Es decir, dicha tesis, se basa en la supremacía de la ley para ejercer el poder sobre los gobernados.
De tal definición se advierte con claridad que el Estado de Derecho es el conjunto de leyes que sirven para sostener a los regímenes burgueses supuestamente democráticos; el marco jurídico con el que se justifica todo proceder represivo, autoritario y criminal emanado del aparato represivo de Estado.

No existe un Derecho ni un Estado al margen los intereses de las clases sociales, por consiguiente, el Estado de Derecho tiene carácter de clase, es un instrumento de sometimiento de Estado en la lucha de clases que se desarrolla como motor de la historia de la sociedad.

Es innegable la existencia de las clases sociales, o sea, de un pequeño grupo de explotadores que ejercer su dominio y sometimiento sobre una amplia masa de explotados. Desde el surgimiento de estas clases, los explotadores se vieron en la necesidad de crear una institución que les permitiera ejercer la opresión política sobre los explotados, surgiendo así el Estado como instrumento de la clase dominante y sobre el cual esta ejerce el poder político.

El Estado por sí mismo no puede ejercer su poder sobre las masas trabajadoras si no cuenta con algo que le brinde legitimidad y justifique. Es aquí donde surge la necesidad de crear un sistema de normas y leyes con las que se pretende ejercer el control sobre la conducta de las personas, en otras palabras, nace el Derecho como la manifestación de la voluntad de las clases explotadoras en forma de leyes que deben ser acatadas por los explotados y oprimidos.

Constituyéndose así el Estado de Derecho en un conjunto de leyes y normas creadas por las clases dominantes para mantener su poder sobre las masas explotadas y oprimidas, permitiéndose a través del Estado ejercer toda acción coercitiva para mantener a salvo los intereses de los explotadores y ejercer la represión contra aquellos grupos, organizaciones, sectores o personalidades considerados desafectos al régimen.

Dado que en México vivimos bajo un régimen capitalista, entonces existe en nuestro país un Estado de Derecho Burgués, donde las leyes tienen la función de garantizar mayores condiciones de explotación y opresión del pueblo mexicano, privilegiar los intereses capitalistas sobre las necesidades populares y ejercer la represión en sus diferentes modalidades para contener y acallar el descontento popular.

A medida que la crisis capitalista se profundiza y afecta todas las esferas de la vida económica, política y social; la oligarquía nacional y extranjera demanda un fortalecimiento del Estado de Derecho para mantener el régimen en pie e intentar contener el creciente descontento popular que se materializa principalmente en el aumento de la protesta de parte de diversos sectores como el campesino, estudiantil, obrero y popular.

La particularidad que enfrentamos en este momento es que este Estado de Derecho Burgués es fortalecido con la aprobación de leyes más lesivas a los derechos humanos, la imposición de la militarización del país que fortalece un Estado Policiaco-Militar y la implementación de medidas de carácter profascista.

Con el fortalecimiento del Estado de Derecho Burgués, la represión contra el pueblo se ha incrementado, ejemplo de ello es la reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que criminaliza la protesta en vías públicas, incluso tal reforma es más lesiva que la llamada Ley Atenco aprobada durante el mandato de Enrique Peña Nieto, la aprobación de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública que permite a los militares ejercer la represión y hostigamiento hacia la población, la figura de la prisión preventiva oficiosa que mantiene a luchadores sociales, activistas y gente del pueblo en condición de prisión política e injusta.

Los resultados de la implementación de estas leyes son claros: las cárceles mexicanas están hacinadas con miles de presos políticos y presos injustamente, luchadores sociales son perseguidos bajo carpetas de investigación fabricadas, las fuerzas armadas son las ejecutoras de crímenes de lesa humanidad como la detención desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, violaciones sistemáticas de derechos humanos de parte de los cuerpos policiacos y militares y varios escenarios de represión hacia quienes de forma legítima y conforme a Derecho, exigen solución a sus demandas.

En el presente contexto resalta la discusión sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa, que está contemplada en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La función de esta medida es mantener a la persona acusada de algún delito bajo prisión mientras que un juez dicta sentencia. Dicha medida es violatoria de los derechos humanos en tanto que niega el derecho de presunción de inocencia, mantiene a la persona encarcelada sin estar condenada y en los hechos representa una medida inquisitoria con la cual se criminaliza, reprime y somete.

Por tales motivos esta medida es ampliamente repudiada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes critican al gobierno mexicano por mantener vigente esta práctica que mantiene a miles de personas encarceladas injustamente sin estar sentenciadas.

Pese a las observaciones de estos organismos, el presidente de la república se empecina en mantener la prisión preventiva oficiosa justificando que, sin ella, “habría muchos delincuentes en las calles”. Además, que en su discurso aprovecha para acusar a los defensores de derechos humanos como parte de los “conservadores” que se oponen a la mal llamada y falsa “4T”. Es evidente que dicha medida es violatoria de los derechos humanos, criminaliza al pueblo y es utilizada de manera facciosa desde el poder.

Ya que jueces, magistrados y agentes del ministerio público se amparan en el Estado de Derecho Burgués, la represión por vía judicial se ejecuta principalmente a través de carpetas de investigación, juicios amañados, violaciones al debido proceso y negación por consigna de recursos de apelación y juicios de amparo. Las principales víctimas de estas injusticias son los integrantes de organizaciones populares, defensores de derechos humanos, ambientalistas, el magisterio democrático, el normalismo rural y toda expresión organizativa del pueblo que represente para el Estado el “enemigo interno”, es decir, el pueblo organizado fuera del corporativismo estatal que luche por mejorar sus condiciones de vida o por una autentica transformación de la sociedad.

Durante el presente sexenio el Lic. Andrés Manuel López Obrador presumió que, gracias a su gobierno, en México existe un auténtico Estado de Derecho donde se persigue el delito, existe “cero tolerancia” a la impunidad y “no existe el influyentismo” para evadir la justicia. Mientras tanto, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) sentenció que México ocupa el lugar 116 de 124 países en cuanto a índices de Estado de Derecho, sobre todo en temas de corrupción e inseguridad.

Por un lado, el Ejecutivo Federal confiesa abiertamente que su política ha consistido en mantener el régimen burgués a través del Estado de Derecho, lo cual derivó en la intensificación de la represión contra el pueblo, la continuidad del terrorismo de Estado, la militarización del país y el incremento de las víctimas de crímenes de Estado y lesa humanidad. Así mismo deja manifiesta la convicción autoritaria de su administración que se esfuerza en criminalizar la protesta y el descontento popular para así allanar el camino hacia la represión, ya sea con medios descarados o sutiles.

Mientras que al pueblo organizado y no organizado se le criminaliza por el hecho de demandar justicia, libertad, igualdad, educación, alimento, vivienda, educación y salud, consumados criminales de Estado como los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, los exgobernadores Rubén Figueroa Alcocer, Ulises Ruiz Ortiz, Ángel Aguirre Ribero, Silvano Aureoles Conejo, Rutilio Escandón Cadenas, los generales Salvador Cienfuegos, Enrique Cervantes Ramírez, el policía Omar García Harchuf, entre muchos otros criminales de Estado, se encuentran gozando de los fueros que les otorga el régimen al cual sirven. El manto de impunidad bajo el cual se cubren políticos de oficio corruptos y criminales de Estado, continúa intacto pese al discurso demagógico dictado desde Palacio Nacional.

Por otro lado, los sectores empresariales y la burguesía que en estos momentos se ve desfavorecida en sus intereses, reclama mayor aplicación del Estado de Derecho, o sea, mayor ejecución de la represión hacia el pueblo que sale cada vez más en masa a las calles a protestar contra el actual régimen político-económico y a exigir solución a sus demandas. En este sentido, el argumento sobre la “ausencia del Estado de Derecho” es esgrimido para demandar mayor represión, más derramamiento de sangre del pueblo y acallar toda manifestación de protesta de las masas.

Mientras en nuestro país el Estado de Derecho Burgués se desarrolla de esta manera, la oligarquía internacional pretende imponer la Agenda 2030 que, en cuanto al tema de Estado de Derecho se refiere, impulsa el objetivo de construir supuestamente una sociedad pacífica, segura, justa y con respeto a los derechos humanos bajo un Estado de Derecho efectivo y buena gobernanza. Tales afirmaciones que en apariencia son progresistas, esconden un carácter reaccionario, pues en lo fundamental consisten en anular toda expresión organizativa y de protesta del pueblo por medio del pacifismo burgués; fortalecer más el Estado Policiaco-Militar y los mecanismos judiciales de represión. En fin, tal agenda tiene como objetivo, mantener el régimen burgués enmascarándolo bajo una careta democrática y humanista.

Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho, las condiciones objetivas de miseria, hambre, explotación y opresión de las masas populares traen como consecuencia imparable el incremento de la protesta, la decadencia de la democracia burguesa pone en la mira de la crítica política del pueblo si continúa siendo viable dicho sistema, la impunidad y la negación de la justicia demuestran que el actual Estado de Derecho Burgués solamente es funcional para las clases explotadoras y sus fieles esbirros y la persistencia de las prácticas represivas y del terrorismo de Estado confirman que no existe transformación alguna, sino la continuidad del régimen burgués más allá de si sea neoliberal o no.

Para dejar bien el claro tal afirmación, es preciso hacer una breve remembranza de los hechos represivos más significativos en la historia reciente de México. Tenemos la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el “Halconazo” el 10 de junio de 1971 en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el sexenio del tristemente célebre Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, quien para allanar el camino a la represión y los crímenes de Estado cometidos en el 68 pretextó: “Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite, no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico…”
Forjados en la misma escuela priista de gobernar con “mano dura” el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, ordenó la masacre de campesinos en el Vado de Aguas Blancas en el municipio de Coyuca de Benites, Guerrero en 1995, resultando de dicho crimen de Estado 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinados, de igual forma la masacre de Acteal, Chiapas en 1997, la masacre de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero en 1998, todos estos crímenes de manufactura de Estado acontecieron durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León.

La ejecución extrajudicial de la abogada y defensora de derechos humanos Digna Ochoa en 2001 en el distrito federal, hoy ciudad de México, la represión, cometida durante las protestas ante la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Guadalajara Jalisco en 2004, la violenta represión a militantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Estado de México en 2006, en el sexenio de Vicente Fox Quezada.

Los múltiples actos represivos y crímenes de Estado cometidos en Oaxaca en el 2007 en el contexto de las protestas populares, estudiantiles y magisteriales aglutinadas en la APPO, entre ellos, la detención desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en el sexenio federal de Felipe Calderón Hinojosa y Ulises Ruiz Ortiz en el gobierno estatal.

La violenta represión durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto en 2012 en la Ciudad de México, las represiones a estudiantes universitarios y normalistas en Michoacán y Guerrero en 2012 y 2013, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero en 2014, la represión a jornaleros agrícolas en el Valle de San Quintín Baja California en 2015, la represión a trabajadores de la educación en la comunidad de Asunción Nochixtlán Oaxaca en 2016, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La represión a estudiantes de la normal rural de Matumatza, Chiapas en 2021, la desintegración del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) en Chiapas consecuencia de la represión de Rutilio Escandón gobernador de Morena en Chiapas. Los diversos actos de represión orquestados contra el FNLS en Chiapas, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México, la descalificación de la protesta que se hace desde el Ejecutivo a los normalistas de Ayotzinapa y a toda manifestación de crítica a su gobierno y la creciente criminalización de la protesta en el presente gobierno de Morena, son prueba fehaciente que la represión al amparo del Estado de Derecho, es política de Estado transexenal en México.

Por eso, independientemente de quien ocupe la silla presidencial para el próximo sexenio, no cabe duda que conducirá a nuestro país bajo esta misma visión y lógica. Para la burguesía está claro que, si no intensifica la represión hacia el pueblo, no podrá mantener su dominio de clase sobre él.

Con la aprobación de las reformas en este sexenio en materia laboral, de seguridad pública, educativa, entre otras, la presente administración federal ha fortalecido al Estado de Derecho Burgués, dotándolo de medios y elementos jurídicos más represivos e inquisitorios, con lo que se pretende asegurar el statu quo capitalista imperante, imponer el pacifismo burgués y la continuidad de un régimen explotador y opresor.

La represión, persecución y prisión por motivos políticos mediante el Estado de Derecho Burgués, es una realidad imperante en los gobiernos de Morena, ejemplo claro de ello es, el compañero indígena preso político, Higinio Bustos Navarro, a quien la administración de Morena presidida por Cuitláhat García Jiménez en Veracruz, encarceló, a través de acusaciones que se desprenden de un expediente que data desde los tiempos del criminal de cuello blanco Genaro García Luna, quién armó un expediente incriminatorio a través de “testigos protegidos”, falsas declaraciones y tergiversación de hechos.

Del carácter punitivo e inquisitorio del Estado de Derecho Burgués, también da cuenta el caso del compañero profesor de educación indígena Leobardo Reyes Meza, a quien se persigue ahora desde lo federal por delitos que nunca cometió, fue víctima de una maquinación incriminatoria urdida por el nefasto y represor gobernador Silvano Aureoles Conejo, continuada por la actual administración de Morena. En este caso al compañero Leobardo se le fabricó una carpeta de investigación a través de falsos testigos, rumores mediáticos, y acusaciones infundadas de una empresa de valores privada.

Para quienes luchamos por la defensa de nuestros derechos humanos, laborales y constitucionales, por la solución a nuestras demandas políticas y económicas, por justicia, por libertad, por presentación y por el socialismo en México, está claro que el Estado de Derecho en México es burgués, tiene carácter de clase, por consiguiente, los derechos y libertades no se mendigan, se exigen y conquistan a través de la lucha organizada por medios independientes de los partidos políticos electoreros y del Estado.

Ante un Estado de Derecho Burgués cada vez más fortalecido, se hace necesario que el pueblo apoye, impulse y fortalezca la organización popular independiente, desde nuestra humilde trinchera de lucha, consideramos que la lucha por el socialismo es alternativa real para los oprimidos y explotados ante un estado de Derecho Burgués que criminaliza la protesta y pondera los intereses empresariales.

¡POR LA UNIDAD OBRERA, CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR!

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS