El poder judicial y su actuación por consigna contra el movimiento popular

Ciudad de México, a 19 de abril de 2024
A la opinión pública

Para discernir ¿Cuál es la función del poder judicial sobre el pueblo? ¿Cómo y el por qué actúa con inclinación de clase social contra el movimiento popular? Es crucial tener como punto de partida el entendimiento de qué es el Estado.

Federico Engels definió al Estado como aparato de dominación de una clase sobre otra; y, Lenin lo expuso como máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra. De acuerdo a las definiciones en mención y al contexto histórico en el que nos situamos como sociedad mexicana, se aprecia que el Estado mexicano es burgués, por ende, es la maquinaria con la que la burguesía mantiene su dominación sobre el pueblo.

Si el Estado mexicano es el aparato de dominación de la burguesía sobre el resto de la sociedad mexicana, la actuación de cada uno de sus componentes es a partir de los intereses y necesidades de la clase en el poder, por tanto, jamás tendrán autonomía los poderes de la unión.

El poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial obedecen a una estructura que es la base económica del sistema capitalista, su papel se centra en garantizar el régimen de explotación económica y opresión política, la diferencia entre ellos radica en la función específica que desempeña cada cual en el ejercicio de la opresión contra el pueblo.

Si el Estado es burgués, en consecuencia, los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y el judicial tienen carácter de clase y este es burgués, es lógico que el proceder de los mencionados estará sujeto a decisiones políticas que mantengan incólumes los pilares del sistema.

Ejemplo concreto: la reforma al Art. 533, de la ley de vías generales de comunicación que sanciona con 3 meses y 7 años que castiga con cárcel la protesta y manifestación popular en vías públicas, iniciativa del legislativo, aprobado por el mismo e instrumentada en la práctica por el judicial. Con la aplicación de esta ley es encarcelada la defensora de derechos humanos Kenia Inés Hernández Montalván.

El art. 25 de la ley de cultura cívica de la ciudad de México establece como infracción contra la seguridad ciudadana “impedir o estorbar de cualquier forma el uso de las vías públicas…
Lo anterior nos conduce a la siguiente afirmación: El Estado es uno solo, su división en tres poderes es para mayor funcionalidad y mantener el estado de cosas establecidas a partir de los intereses de la burguesía.

Un mapeo rápido ilustra que los órganos del poder judicial actúan alineados fundamentalmente a intereses políticos y económicos sean estos de la clase burguesa en su conjunto o de los distintos grupos de poder.

Veamos como sucede el fenómeno:
El Poder Judicial es uno de los tres poderes de la unión, en otros términos, del Estado Mexicano, se encarga de velar por la permanencia del sistema capitalista en el país por medio del uso de la ley como instrumento de opresión, aplica e interpreta el estado de derecho de acuerdo a los intereses de la clase en el poder y de grupo.

Muestra de lo dicho es el conjunto de reformas constitucionales y creación de nuevas leyes en el transcurso de varios sexenios, incluido el actual, las cuales han configurado un estado de derecho oligárquico, marco de leyes cada vez más antipopulares que sirven como herramientas al ministerio público para justificar la criminalización y judicialización de la organización y protesta popular.

A partir del sistema judicial, al pueblo se le impone medidas represivas cuando éste alza la voz en protesta por los agravios en su contra, por la pobreza y miseria en que se le condena, por la violación sistemática de sus derechos humanos, por las injusticias y los crímenes de lesa humanidad y de Estado que padece.

Un ejemplo claro es, la judicialización de la protesta popular como resultado de la modificación o interpretación a modo de las leyes estipuladas en la carta magna. El resultado es el encarcelamiento de luchadores sociales que se convierten en rehenes políticos de los gobiernos, es decir, sujetos políticos con prisión injusta por su forma de pensamiento, organización y lucha.

Múltiples son los casos de personas privadas de su libertad en cárceles de mediana o alta seguridad a pesar de ser inocentes. Antes fueron criminalizadas, para luego ser acusadas falsamente a través de delitos fabricados plasmados en expedientes incriminatorios que la fiscalía dio seguimiento policíaco y objetivó la prisión injusta por consigna política.

Las detenciones contra los luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos… son arbitrarias, contra ellos la aplicación de procesos judiciales amañados, donde jamás tienen oportunidad de defenderse porque todo cuanto se haga o diga es desechada por consiga política.
En este escenario saltan las fiscalías, juzgados y jueces movidos por intereses ajenos a la justicia. Crean carpetas incriminatorias, se conducen por línea política y juzgan a priori a luchadores sociales, activistas o todo aquel considerado adversario político del gobierno en turno.

En el gobierno de López Obrador el Ministerio Público de la Federación representado en la Fiscalía General de la Republica (FGR) y sus símiles en las entidades federativas es punta de lanza contra el movimiento popular.

Juzgados de distrito y tribunales colegiados de apelación, son las principales instituciones coercitivas en las que se apoya el ministerio público para objetivar la represión política disfrazada de proceso judicial. La coacción judicial es enfilada contra el sujeto organizado fuera de los marcos corporativos del Estado y sobre aquel que ejerce su derecho a la libre manifestación y protesta.

La actuación inclinada del ministerio público y órganos del poder judicial involucrados en materializar la represión política por medio del uso arbitrario de la ley, responde a motivaciones políticas ligadas a intereses de la clase en el poder. Labor persecutoria con génesis en el carácter y fenomenología del Estado mexicano, la cual se exacerba en proporción directa a la política antipopular que implementa la administración actual.

El gobierno de López Obrador al criminalizar y judicializar a la organización y protesta popular agudiza la labor persecutoria del ministerio público contra el movimiento popular, por lo que, perseguir y castigar con cárcel u otras medidas punitivas al que milita en el movimiento popular independiente es de origen político y alberga odio de clase.

Ilustrativo de la relación de confabulación entre el poder ejecutivo con el judicial para oprimir al pueblo es la línea política del jefe del Ejecutivo federal, él dice “nada con los Villas ni Zapatas” en alusión al movimiento popular independiente, y agrega, “nada por fuera de la ley” a modo de insinuación del castigo que le espera para el que se organiza, protesta y lucha; posteriormente o en paralelo los órganos del poder judicial materializan los dichos del presidente en órdenes para entablar de manera injustificada averiguaciones previas, expedientes incriminatorios, ordenes de aprehensión, detenciones arbitrarias o indebidas, encarcelamiento injusto y un proceso dilatado para mantener a la víctima de la arbitrariedad política judicial en calidad de preso.

Es tangible que:
El Estado procura los intereses de la burguesía, personificada en empresarios o grupos de familias que poseen el poder económico a partir de la explotación económica y opresión política de las masas populares y proletarias. Para tal empresa utiliza a la superestructura del sistema como el Poder Judicial.

Existe un poder judicial que no defiende intereses populares, que es parte de la maquinaria represiva del Estado burgués mexicano. Éste es movido para contener, mediante la persecución judicial y la cárcel, a militantes del conjunto del movimiento popular, característica en este sexenio morenista.

Los administradores de los intereses de la clase en el poder se valen de la Fiscalía o ministerio público como punta de lanza contra el movimiento popular.

En este ejercicio de la opresión para el sujeto político que realiza crítica política se le finca acusación falsa, durante el proceso judicial no existe imparcialidad judicial, todo gira en hallar la forma de justificar más no de comprobar la participación punible de la imputación, en resumen, a priori el juzgado es culpable.

Con atención a lo anterior planteado, el poder judicial es el encargado de materializar la judicialización y criminalización de la protesta popular. Actuación dirigida contra las masas populares que legítimamente exigen solución a sus demandas inmediatas, cuestionan a través de la crítica política al régimen, se organizan y luchan en busca de un cambio.

Caso concreto de nuestro FNLS
Décadas anteriores cuando tomamos y defendimos la tierra por la vía del hecho, en represalia el PRI gobierno nos reprimió de manera feroz. Uno de los instrumentos para ejecutar la represión fue la entonces PGR, lo que es lo mismo el ministerio público, de esa forma parte para masacrarnos, torturarnos y desalojarnos; nos hicieron presos políticos y rehenes de Estado, tan sólo en la región huasteca el gobierno encarcelo de manera injusta a quinientos compañeros de un solo jalón.

Ahora en el contexto de un gobierno de supuesta izquierda que dice no ser como los gobiernos del PRI y el PAN, que vocifera no reprimir, la práctica gubernamental de encarcelar por motivos políticos y hacen rehenes de Estado toma fuerza.

Si bien no es en la misma escala que décadas atrás, la esencia represora es la misma. Se reprime con cárcel al sujeto político por su forma de pensar, su forma de lucha, activismo político e ideología que profesa.

En el actual sexenio gobierno federal y estatales de afiliación morenista y un perredista nos han hecho presos por motivaciones políticas a seis compañeros, otros más son perseguidos políticos y varios tienen orden de aprehensión. ¿Cuál es el delito cometido por los compañeros? Ninguno estrictamente hablando, todos ellos son víctimas de la arbitrariedad político judicial por ser luchadores por el socialismo, defensores de la tierra, de los derechos humanos y constitucionales; y, por guiarse en su vida diaria con un pensamiento emancipador.

Cinco de los presos políticos en el sexenio de López Obrador, han sido liberados por la conjunción de las acciones políticas de masas y defensa jurídica llevadas a cabo por el FNLS. En la cárcel de manera injusta permanece Higinio Bustos Navarro, el gobierno represor de Cuitláhuac García Jiménez se empecina en no liberarlo sin importarle que el compañero sea inocente; Leobardo Reyes Mesa fue liberado, a pesar de verse demostrado su inocencia, el gobierno morenista de Bedolla desarrolla persecución política contra el expreso político.

En esta situación está nuestra compañera la Lic. Noemia Calles Ríos, es de nuestras militantes víctima de persecución política; el compañero German de la huasteca quién está acusado en la averiguación previa que mantiene preso a Higinio Bustos Navarro; y, el Lic. en economía José Armando Falconi Borraz, integrante de la sección 40 del magisterio, quien es acusado de motín y ataques de las vías de comunicación, atentados contra la paz y la integridad corporal de la colectividad del Estado, conspiración, y, despojo equiparado, motín y asociación delictuosa.

En todos los casos citados la fiscalía es la encargada de formular acusaciones falsas, de judicializar y criminalizar con base a expedientes incriminatorios a los luchadores por el socialismo; y, los gobiernos estatales solapados por el federal han creado las condiciones políticas para que el ministerio público actué bajo consigna política contra nuestra.

El caso del preso político, Higinio Bustos Navarro, reúne todos los elementos de una prisión injusta, múltiples violaciones a sus derechos humanos y constitucionales, aplicación e interpretación a modo de las leyes, en conclusión, un claro ejemplo de un preso político y rehén del Estado, materializado por el gobierno de la presunta cuarta trasformación.

La detención de nuestro compañero Higinio, el 3 de mayo de 2021, fue arbitraria, por ende, su prisión es injusta, sometido a un proceso amañado, burocrático y dilatorio. ¿Quién permite que a pesar de estas faltas graves al derecho y en la impartición de justicia dicten sentencia condenatoria? Magistrados corruptos y venales que defienden a ultranza al régimen y que objetivan la política represiva, autoritaria y antipopular del gobierno en turno.

En cada instancia judicial, tanto local, estatal o federal, se encuentran jueces venales que, siguiendo los preceptos del estado de derecho burgués, han actuado con parcialidad. En el caso de nuestro compañero Higinio resolvieron negarle la protección de la justicia con burdos argumentos, los inquisidores, el Juzgado Octavo de Distrito de Tuxpan y el Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito en materia de penal en Boca del Río, Veracruz.

El primero ratificó el segundo auto de formal prisión dictado por la juez de consigna de ese momento, Cira Sara Villafuerte Martínez, quién con el mecanismo de copia pega resolvió mantener en prisión a nuestro compañero y el segundo confirmó la ratificación del primero. Dos juzgadoras e instancias que en lo mediático parecen tener diferencias por filiación política, “y por lo consiguiente”, en cuanto a impartición de justicia, sin embargo, cuando se trata de condenar a un luchador por el socialismo, militante del FNLS y parte del movimiento popular cierran filas y actúan por consigna como un solo ente.

Sin presencia de la defensa, sin conocimiento del acusado, sin notificar a sus familiares ni a la organización en la que milita, el director del CERESO de Tantoyuca en chanchullo con jueces corruptos y reaccionarios, sometieron a juicio a Higinio para legalizar la medida arbitraria del traslado involuntario e indebido. El dos de mayo del 2023 a Higinio por la madrugada los despertaron subrepticiamente y en acto de coacción lo obligaron a firmar documentos sin saber ni entender su contenido, para luego de inmediato en secrecía trasladarlo al CERESO Duport “Ostión” de Coatzacoalcos.

La dilación procesal es una de las principales características con las que se ha conducido la fiscalía e instituciones procuradoras de justicia. Dos años con once meses lleva Higinio en la cárcel de manera arbitraria e injusta, tiempo en el cual la fiscalía se ha dedicado a colocar trabas para obstaculizar el proceso judicial con el fin de alargar lo más posible el encarcelamiento injusto de Higinio.

El abuso de poder es otro de los vicios en el proceso judicial. Jueces asumen atribuciones que no les corresponde y amedrentan a Higinio, por ejemplo, la juez jubilada Cira Sara Villafuerte hostigó de manera reiterada al preso político en el CERESO de Tantoyuca, ella le hacía visitas para decirle que su organización lo estaba afectando con lo que hacía, y, con trampa nombraba de manera intencional a Higinio con el nombre de Felipe para según ella obtener una confesión de culpabilidad en la imputación.

La sentencia condenatoria por la juez de primera instancia es otra prueba del uso del poder de manera arbitraria para afectar al acusado. Sin existir medios de prueba la juzgadora condeno a Higinio, y, sin argumentación objetiva desecho las probanzas que demuestran la inocencia del preso político.

A cuatro meses de que la juez de consigna y venal haya emitido una condena inmerecida a Higinio, los órganos del poder judicial no han realizado de manera expedita e inmediata lo necesario para que inicie la segunda instancia, de nueva cuenta la dilación es el artificio al que recurren las instituciones procuradoras de justicia para prolongar el acceso a la justicia del inculpado; lo mismo sucede en la tardanza para retornar a Higinio a un penal más cercano a su domicilio que por derecho y ley le corresponde.

Dos casos más visibilizan el abuso de poder y consigna política con la que actúa el ministerio público de la federación en contra de nuestro FNLS. Uno de ellos es el caso de Fidencio Gómez Santiz, él cumplió en 2024 ocho años que fue desaparecido de manera forzada, la fiscalía de Chiapas tiene el caso estancado deliberadamente, sin mayor explicación arguye que perdió la carpeta de investigación, de ese tamaño es el cinismo y la impunidad con la que las instituciones del poder judicial violan derechos humanos y constitucionales.

El otro caso es el del compañero Gregorio de la Cruz de la Cruz, él fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por agentes del Estado en la noche del 22 para amanecer el 23 de julio del 2023. En busca de justicia los familiares acudieron a la fiscalía por la carpeta de investigación, les fue negada en varias ocasiones, sólo tras varias acciones de protesta la fiscalía entrego la carpeta, pero de manera incompleta.

La fiscalía negó en varias ocasiones la carpeta de investigación para ganar tiempo e interponer un recurso desproporcionado y arbitrario para no entregar de manera íntegra la carpeta de investigación. Un juez otorgo el recurso a la fiscalía de tipificar la carpeta de investigación “bajo reserva de información”, es decir, al compañero se le criminaliza aún muerto para negar el derecho a la verdad y justica a sus familiares, a su vez, con esa maniobra leguleya la fiscalía oculta pruebas que conducen al Estado como responsable del crimen y protege con impunidad a los agentes perpetradores.

Derivado de las acciones políticas de masas en apego al uso de nuestro legítimo e inalienable derecho a la libre manifestación y protestas, la magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz acepto nuestra petición de audiencia. En esa reunión contrajo compromisos que a la fecha no se reflejan en hechos tangibles, de nueva cuenta la dilación y la indiferencia privan como regla en las instituciones de procuración de justicia.

A manera de conclusión:
1. El poder judicial es parte del engranaje de la maquinaria opresora del Estado que actúa por consigna política contra el movimiento popular con fines contrainsurgentes. Pretende controlar y desarticular a las organizaciones a través de la prisión política de sus militantes;

2. El poder judicial constituye la superestructura del sistema capitalista, su proceder tiene carácter de clase y esta es burguesa, por lo tanto, defiende los intereses de esta clase que impone su hegemonía sobre el proletariado, el campesino pobre y sectores populares;

3. La fiscalía o ministerio público es el instrumento represivo para perseguir, castigar al conjunto del movimiento popular, a través de acusaciones falsas plasmadas en carpetas incriminatorias en la que se fabrican delitos, los cuales son tipificadas en el ámbito del fuero común para quitarle el motivo político del encarcelamiento.

4. El poder judicial se vale de la fiscalía quien, a su vez, actúa como juez y parte para condenar a prisión a los luchadores sociales con el mote de criminales potenciales, quienes no tienen posibilidad de un proceso judicial adecuado;

5. La interpretación dolosa de las leyes o a modo con clara intención de castigo, tanto para el prisionero como para la organización y su familia, es modo operandi en las instituciones procuradoras de justicia. La ley es aplicada con arbitrariedad por jueces venales y de consigna quienes obedecen órdenes desde las cúpulas de poder del Estado;

6. Nuestro compañero Higinio, militante del FNLS, es un luchador por el socialismo, enarbola un proyecto emancipador, la lucha por el socialismo en México. Desde muy joven decidió de manera consciente luchar por la tierra, defenderla y hacer de esta un medio para luchar por el socialismo en nuestro país. Jamás dudó al momento de exigir presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos y de libertad incondicional de los presos político, esas son las causas de la represalia del Estado contra él por medio de la prisión política;

7. No queda duda que hay una confabulación institucional y gubernamental contra los que conformamos el FNLS, por enarbolar un proyecto emancipador para nuestro país, la lucha por el socialismo; y,

8. El poder judicial actúa por consigna política contra el movimiento popular con el objetivo de detener su desarrollo que, por el estado de cosas imperante, en momentos, tiende a crecer o por lo menos, en una parte, a adoptar formas combativas en la lucha popular para exigir derechos, demandas económicas o políticas del pueblo.

Atentamente :
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS