La criminalización y judicialización de la protesta popular es una realidad

Chiapas a 24 de marzo de 2023

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A los organismos defensores de los derechos humanos
A la opinión pública

La criminalización y judicialización de la protesta popular es una realidad

La detención arbitraria de los compañeros Roberto López Victoria y Miguel Ángel Ruíz Contreras integrantes de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP) hace una semana, es ejemplo innegable de la criminalización y judicialización de la protesta popular contra el conjunto del movimiento popular, una expresión de la política represiva dirigida a inhibir la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos de manera forzada.

La detención arbitraria de los compañeros es otro ejemplo concreto de la criminalización de la protesta popular, los funcionarios públicos asumen una actitud reaccionaria ahí donde la voz del pueblo inconforme se hace escuchar a través de la creatividad de las masas populares.

Resulta inadmisible el dolo con el cual trataron a nuestros compañeros, porque no refleja incomprensión, ignorancia o que los “policías hacían su trabajo”, expresa una consigna de Estado, criminalizar a quienes ejercemos nuestro derecho a disentir, quienes a través de la propaganda política informamos al pueblo o promovemos la defensa de los derechos humanos y constituciones del pueblo.

Detener a compañeros por pegar carteles o las formas creativas con la cual el pueblo descontento manifiesta su crítica política al orden de cosas burgués o denuncia las violaciones a los derechos y libertades políticas de los oprimidos sólo proviene de una creatura servil a los intereses de grupo afín al inquilino de Palacio nacional.

La detención de los compañeros representa también la actitud del Estado contra el conjunto del movimiento popular solidarios con las demandas más sentidas del pueblo, como la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en específico, la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

Los compañeros de la OLEP han sido solidarios con la exigencia de presentación con vida de nuestro compañero Fidencio, asimismo, con la Teodulfo Torres Soriano y las triquis Daniela y Virginia Ortíz Ramírez, recientemente, la libertad y presentación con vida del compañero Daniel Gómez Sántiz.

Para las diferentes autoridades oficiales pareciera como si la vida de las víctimas de crímenes de lesa humanidad no importara, ordenan a sus agentes atentar contra la integridad física y psicológica de personas solidarias como los compañeros de la OLEP, en actos como estos la denuncia política es fundamental, la solidaridad y las acciones políticas de masas necesarias para evidenciar los planes represivos del Estado.

El comportamiento de la policía contra nuestros compañeros es el indicativo de la sistematicidad con la cual pretenden conducir a luchadores sociales, defensores de los derechos humanos tras las rejas para doblegar su voluntad de luchar, buscan cada pretexto para materializar el odio contra el pueblo organizado, silenciar las voces combativas y consecuentes con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

La frase “mata a un OLEP” es el botón de muestra de las intenciones criminales promovidas desde los agentes de Estado, ¿en eso consiste respetar los derechos humanos del que tanto se habla desde las mañeras? Porque esas palabras esconden el carácter reaccionario de sus promotores, el uso de sujetos descompuestos o desclasados con la finalidad de infundir terror contra los sectores populares organizados de manera independiente.

En la presente administración una vez más atestiguamos el carácter demagógico de los políticos de oficio con relación al respeto a los derechos humanos, porque la criminalización y judicialización persisten contra el pueblo organizado, desde los sexenios panistas, priista y el actual ha sido la constante, escamotean los derechos y libertades políticas de los oprimidos.

Si la criminalización y judicialización son una realidad contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, la denuncia política es una necesidad imperiosa, es imprescindible evidenciar la contradicción del discurso y la práctica de los políticos de oficio de esta administración.

Combativamente
¡Alto a la criminalización y judicialización de la protesta popular!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo