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El gobierno federal utiliza el espionaje como medida contrainsurgente contra la crítica política
Jueves 16 de marzo de 2023, por
Ciudad de México, a 16 de marzo de 2023
A la opinión pública
El espionaje contra el sujeto político es una medida contrainsurgente utilizada por el gobierno federal para criminalizar e incriminar la labor de denuncia, la crítica política y el actuar consecuente de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos. Su implementación desde los cuerpos policíaco militares denota un carácter eminentemente represivo y una esencia profascista.
Aunque en el discurso desde la oficialidad señale que en esta administración no se practica el espionaje en los hechos se mantiene como un mecanismo de intimidación, seguimiento y hostigamiento contra el sujeto crítico y progresista, así lo indican testimonios de integrantes de organizaciones populares independientes, quienes señalan espionaje en sus actividades políticas y de denuncia.
En algunos casos es tal el cinismo de los agentes policíacos o militares que, las organizaciones populares han logrado ubicar a quienes los espían y les han encontrado grabaciones visual y audiovisual en sus teléfonos celulares, con fotografías de luchadores sociales o defensores de los derechos humanos de las actividades de protesta que realizan, las tienen clasificadas por fecha, hora y organización a la que pertenecen, en algunos casos el seguimiento es hasta sus domicilios, lugar donde graban a sus familiares.
Los contratos para emplear programas cibernéticos de espionaje datan desde el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, pero fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto que se dio a conocer con mayor fuerza dada la masificación de los objetivos. Con el arribo de la administración de Andrés Manuel López Obrador surge también la promesa de no continuar con esta política, sin embargo, hoy es de dominio público que el contrato para espiar a críticos al gobierno sigue vigente.
Es inadmisible el juego conceptual al que conduce el titular del Ejecutivo federal al aseverar que lo acontecido en gobiernos anteriores se trataba de una política de espionaje, pero en el actual se llama “labor de inteligencia”. En esencia no hay diferencia porque quienes son colocados en el centro del espionaje y seguimiento policíaco son quienes dedican sus esfuerzos en denunciar el cometido de violaciones a los derechos humanos por parte de militares.
En la lógica argumentativa del Presidente de la República, quienes defienden los derechos humanos son delincuentes y la labor del espionaje es documentar el nexo que existe entre determinada sigla criminal con la denuncia del cometido de crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos. Esta actitud significa tender el manto del estigma y la criminalización para el cometido de futuros crímenes de lesa humanidad.
Vistas las cosas de esta manera, no hay diferencia con el discurso calderonista que se aventuraba a decir que las víctimas mortales de su absurda guerra eran delincuentes. Sirva traer a colación la sentencia que hizo desde Tokio, Japón al informar del asesinato de varios jóvenes en Villas de Salvacar, Nuevo León. El presidente en aquel entonces no dudó de sentenciar que se trató de un ajuste de cuentes entre delincuentes.
Es inverosímil la afirmación matutina de que la “inteligencia” ha permitido evitar tragedias, tales como el atentado contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana de la Ciudad de México, porque esta labor no ha logrado que disminuya la cifra de detenidos desaparecidos, ni ha permitido que miles de familias den con sus seres queridos.
La maniobra perversa sale a flote al momento que no tiene argumentos para justificar lo injustificable, una política que es propia de gobiernos represivos y antipopulares. No todos los que ejercen crítica política son parte del bloque conservador, ni es porque están contra la transformación que pregona el gobierno federal, pero hay cosas que no se pueden nombrar de otra manera, y utilizar programas de espionaje fraguados en gobiernos lacayos del imperialismo, es una política represiva.
Son los militares quienes realizan la labor de espionaje, es la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) quien tiene el uso discrecional de los programas de contrainsurgencia para mantener una política de persecución y hostigamiento contra la voz crítica, por lo tanto, es la misma labor que realizaron durante los sexenios pasados cuyo saldo es de innumerables crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
Al espionaje no se le puede denominar de otra manera, esta práctica es utilizada para crear el archivo incriminatorio de la siguiente víctima. Por esta razón es perverso que los objetivos de esta práctica de seguimiento sean quienes documentan las violaciones a los derechos humanos y el cometido de crímenes.
El presidente de la república justifica que espiar a quienes ejercen la crítica es para dar con los criminales de la delincuencia organizada, sin embargo, lejos de indagar los motivos de porqué en este sexenio son incontables las víctimas de ejecución extrajudicial a manos de militares, el propósito es tender un vínculo delincuencial que justifique el cometido de violaciones a los derechos humanos.
Existe un cinismo ruin al sostener que no hay ningún elemento de ilegalidad en el uso de un programa cibernético para espiar a activistas, en esta lógica, todo se vale con tal de salvaguardar el estado de cosas que garantiza la opresión política. En un Estado democrático como se alardea, esta situación es inadmisible, espiar a sus ciudadanos es propio de un Estado fascista.
El Ejecutivo federal argumenta que en su gobierno no se práctica el espionaje, porque él fue objeto de esa política, además cómo lo va a permitir en su administración, no obstante, por qué se práctica, quién da la orden de espiar a todo aquel que realiza crítica política a sus políticas de gobierno. Si oficialmente dice que no, en los hechos se realiza, entonces lo que se expresa es una contradicción y negación a acatar su mandato.
En nuestro caso, integrantes de nuestra organización Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), hemos sido objeto de espionaje, en las actividades de protesta que realizamos se presentan sujetos a tomar fotografías, a seguir a los compañeros a las reuniones donde asisten, a fin de dar seguimiento puntual de la rutina diaria. De esa manera en el momento oportuno justificar el cometido de graves violaciones a los derechos humanos.
En los meses de mayo a noviembre de 2022 realizamos la Jornada Nacional de Lucha por el Derecho a la Justicia, Verdad, Libertad, Presentación y el Derecho a la protesta, en los estados donde tenemos presencia y arraigo. En la Ciudad de México realizamos un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la finalidad de denunciar la situación del caso de Gabriel y Edmundo, hasta ese momento se mantenía en la impunidad. En la actividad descubrimos a un agente de la Comisión Nacional de Inteligencia (CNI), en el que se le descubrió una libreta con anotaciones de las actividades de protesta que realizamos desde el año 2014, fotografías ordenadas por fecha, año, actividad y lugar, credenciales de la institución en la que labora y recibos de salario de la administración actual.
Las fotografías no sólo eran compañeros de nuestra organización sino también de integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y estudiantiles, lo que indica que el espionaje es política de gobierno, que se práctica de administración en administración.
Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS