SOBRE EL CIERRE DE LOS ANEXOS EN MICHOACÁN

SOBRE EL CIERRE DE LOS ANEXOS EN MICHOACÁN

A los medios de comunicación
A la opinión pública

A 28 de diciembre de 2022, Michoacán

El problema de las adicciones en el estado y el país reside en las condiciones de miseria y descomposición social propias en el sistema capitalista, el cual, al estar bajo una profunda crisis económica y política, propicia mayores condiciones para la persistencia de este fenómeno que mantiene a una parte de la población (principalmente jóvenes) bajo esta condición.

La decisión de la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COEPRIS) sobre el cierre de los anexos a partir del 2023 y el cambio de la atención al modelo ambulatorio está llena de claro oscuros.

La crisis económica que tuvo un repunte en el 2020, generó para la mayor parte de la población una situación grave de depresión y ansiedad, cuya causa está en la incertidumbre laboral, inflación, menoscabo de derechos fundamentales como la salud y el trabajo, la explotación laboral, el encarecimiento de la vida, la disfuncionalidad familiar, entre otras causas que orillan a acudir a las drogas para olvidarse de tan penosa realidad.

La falta de oportunidades para la juventud y la incertidumbre la han puesto al filo de la drogadicción, siendo esta la principal víctima del aumento de la circulación, venta y distribución de drogas bajo la aquiescencia y complicidad del Estado Mexicano. “Es más fácil acceder a las drogas que a la canasta básica”

Con todo respeto, pero todo adicto es una persona enferma y por lo tanto, requiere de atención médica especializada e integral, por lo tanto, el cierre de los anexos no ayuda a resolver de fondo el problema, sino que constituye una muestra más del desmantelamiento paulatino del sistema de salud pública y la anulación de este derecho humano y constitucional.

Si bien es cierto que existen anexos donde los pacientes son víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, a la vez que se alzan como instituciones que sangran los bolsillos de los trabajadores; hay que tomar en cuenta que esta situación persistió porque el Estado no ha garantizado el derecho a la salud de este sector vulnerable.

Por otro lado, se hace necesario mencionar la existencia de anexos e instituciones benéficas que tratan de ayudar con su loable labor en el tratamiento de las adicciones, pero es precisamente el abandono y la falta de voluntad política los que impiden que se pueda concretar este objetivo. Por lo que “meterlos al mismo costal” constituye coartar todo rasgo de solidaridad y humanismo, y un acto de difamanción.

Por lo tanto, en nada contribuye la atención ambulatoria si los pacientes regresan al mismo entorno y condiciones que los orillaron en un primer lugar a acudir a las drogas. Pero tampoco se resuelve con la permanencia de lugares que operen bajo la irregularidad y sin lo indispensable en alimentación, cuidados, profesionales de la salud e instalaciones dignas.

La solución al problema está en el establecimiento de políticas públicas que garanticen los derechos humanos y constitucionales de la población, es decir, de condiciones dignas de vida y, en segundo término, el fortalecimiento del sistema de salud pública y la creación de un mecanismo integral para el tratamiento y prevención de adicciones. Siempre y cuando la atención sea integral, digna y accesible, el internamiento no debe ser ningún problema.

Finalmente, se debe poner un tope y un alto a la distribución y promoción de las drogas como política de gobierno, sin llegar claro, al derramamiento de sangre; es decir y regresando nuevamente a la primera condición fundamental, que el Estado Mexicano garantice buenas condiciones de vida para la población. De otra manera, toda acción lejos de ayudar, contribuye a hacer del problema un caso más complicado para combatir a futuro.

ATENTAMENTE:
COMITÉ POPULAR DE DERECHOS HUMANOS
CPDH