LA INJUSTICIA COMO SELLO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN

31 de mayo de 2022, Michoacán

El cambio de medida cautelar al ex subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, es una parte de la injusticia que persiste en nuestro país; ya que mientras a los luchadores sociales, los defensores de las tierras comunales y ejidales, defensores de derechos humanos y todo aquel que luche por cambiar las condiciones de vida del pueblo se le castiga con la prisión y persecución política; a los criminales de Estado se les otorgan beneficios e impunidad.

Como funcionario del gobierno perredista de Silvano Aureoles Conejo, Carlos Gómez Arrieta fue el encargado de ejercer la represión en contra de estudiantes normalistas, trabajadores de la comunicación, comunidades indígenas campesinas y organizaciones populares; por lo que se distinguió por el cometido de violaciones a los derechos humanos del pueblo. Entre sus prácticas, este sujeto realizó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, entre otros actos que los exponen como un criminal de Estado junto con el ex gobernador Silvano Aureoles y el actual fiscal general Adrián López Solís.

Evidenciado está que Carlos Gómez Arrieta es responsable en la detención desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raul Isidro Burgos” de Ayotzinapa, que fue el ejecutor de la tortura para la obtención de testimonios que fortaleciesen la versión del Estado, lo cual demuestra que este torturador obedeció órdenes dictadas desde Palacio Nacional.

El otorgamiento del cambio de prisión a libertad condicionada demuestra la injusticia que reina en México, las premisas de no “haber riesgo de fuga” y la de no considerar la tortura como un acto grave, minimizan la gravedad de los crímenes de lesa humanidad cometidos a nombre del gobierno federal y estatal; se parte de la política gubernamental de continuar otorgando protección e impunidad a los agentes funcionales al régimen sostenido con la violencia de clase y el derramamiento de sangre del pueblo mexicano.

Mientras que a estos sujetos se les protege, al pueblo en general y a quienes se organizan y luchan se les impone medidas violatorias a los derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa, se les imponen acusaciones falsas y se les castiga con procesos jurídicos dilatorios y amañados. Al pueblo se le castiga con la prisión y a los responsables en el cometido de crímenes de Estado y de lesa humanidad se les premia con la libertad.

La exigencia de miles de mexicanos es el juicio y castigo a los criminales de Estado, exigencia que no es escuchada por la presente administración que se autodenomina ser de la “cuarta transformación”, una prueba más que dicho eslogan es una careta para engañar a los mexicanos, a quienes nuevamente se les niega el acceso a la justicia y verdad; por otro lado, la demanda de ¡presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos! sigue sin ser resuelta y hasta el momento sólo se ha dado como respuesta mayor dilación y demagogia gubernamental.

Es por ello que la injusticia se mantiene como uno de los sellos que dan rostro a cada una de las administraciones gubernamentales que se rigen bajo políticas violatorias a los derechos humanos, le corresponde al actual ejecutivo federal dar respuesta a la pregunta surgida del cambio de medida cautelar de Carlos Gómez Arrieta ¿Porqué?

ATENTAMENTE:
COMITÉ POPULAR DE DERECHOS HUMANOS
CPDH