La declaración que emite la ONU sobre el caso México en el tema de las desapariciones forzadas expresa el incremento y la magnitud del daño del crimen de lesa humanidad

Ciudad de México, a 09 de abril de 2025
A la opinión pública

El 04 de abril del presente año el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU emitió una declaración respecto a la gravedad del cometido de las desapariciones forzadas en nuestro país, lo que expresa el incremento de esta grave violación a los derechos humanos y la magnitud del daño que ha generado en nuestro país sin que este problema sea abordado por las autoridades mexicanas.

La aplicación del artículo 34 de la convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas que México adopto el 6 de febrero de 2007 y ratificó el 18 de marzo de 2008, habla de la magnitud incuantificable que ha alcanzado el crimen de la desaparición forzada, de la impunidad y permisibilidad del Estado mexicano en el cometido de este crimen.

La conceptualización de la desaparición forzada, dada en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU no es errada al definirla como : se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

La definición es clara y puntual al señalar la responsabilidad del Estado a través de sus agentes o grupos de personas que por aquiescencia actúan bajo el cobijo y protección del órgano institucional, por lo que el Estado no puede ocultar su participación directa en el cometido de este tipo de crímenes de lesa humanidad.

No se puede hablar de particulares o grupo de particulares como responsables de la desaparición forzada, porque de esencia resta responsabilidad al Estado mexicano, de ahí que el gobierno de México se niega a reconocer el cometido de estos crímenes ; oculta su participación en la planeación y cometido de las graves violaciones a los derechos humanos.

La negativa a reconocer el cometido de las desapariciones forzadas impide la investigación de los hechos que derivaron en una desaparición forzada y la búsqueda en vida de las víctimas de tan deleznable crimen, porque el enfoque bajo el que se realiza la investigación y la búsqueda es bajo el supuesto que quien las comete son particulares, el “Narcotráfico” o “Delincuencia Organizada”, lo que da cabida a permitir, tolerar, aceptar que continúe el cometido de estos y a deslindarse de su cometido.

La protección que se le da a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas, no solo es a través del fuero que tienen los funcionarios públicos, políticos de oficio o con el poder que les confiere la ley a las corporaciones castrenses, sino también en la falta de acción de las instituciones gubernamentales con los grupos de paramilitares creados, financiados y entrenados por el ejército.

Las medidas adoptadas por la ONU en el caso de México, tienden a que dicho organismo internacional intervenga en nuestro país ante la omisión del gobierno por proteger a la población, que cesen las desapariciones forzadas, se enjuicien y castiguen a los responsables materiales e intelectuales y que estas sean erradicadas de la vida pública del país, intensión que el gobierno de México y funcionarios públicos impiden que se lleve a cabo, la respuesta que dan es reaccionaria porque en el fondo no aceptan el escrutinio internacional ni que se desenmascare el carácter impune del Estado mexicano.

Las diferentes declaraciones de funcionarios públicos hablan de la cerrazón que guardan las instituciones de gobierno para esclarecer los casos de desaparición forzada en nuestro país y la nula disposición por coordinar acciones con el CED, que permita resarcir el daño que ha causado el crimen atroz de la desaparición forzada en México.

Es simulación y demagogia pura el hecho que la Secretaria de Gobierno declare que el funcionario público que no atienda de manera adecuada a los familiares de los detenidos desaparecidos serán destituidos cuando en los hechos la misma titular se niega a atender el caso de desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, siendo que la institución que tiene a su cargo esta obligada a cumplir la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en el país, respecto a la búsqueda de ambas víctimas de desaparición forzada.

Deslegitimar la declaración de la ONU y las acciones tendientes a realizarse en nuestro país es el significado de una política de impunidad que encubre a los autores materiales e intelectuales del artero crimen de la desaparición forzada. México ha adquirido compromisos a nivel internacional por lo tanto el gobierno está obligado a transparentar la información que todo organismo internacional le solicite, sobre todo al tratarse de una grave violación a los derechos humanos.

Limpiar el rostro de la violación a los derechos humanos de la administración actual, por parte de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), habla de la coordinación que existe entre instituciones para solapar la continuidad de estos graves crímenes y que permanezcan sin ser enjuiciados y castigados.

La titular de la CNDH no abona para esclarecer la verdad de los hechos en una desaparición forzada, ni para resarcir el profundo daño que ha dejado la ausencia forzada de un ser querido, en su calidad de víctima es lamentable que haga declaraciones que anulan los derechos de las víctimas y sus familiares al acceso a la verdad, la justicia y garantías de no repetición.

Las desapariciones forzadas como expresó el presidente del CED de la ONU, ocurren de manera generalizada o sistemática. Desde el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa se cometieron con dicho carácter porque fueron parte de la política de seguridad interior, le dio continuidad el gobierno priista de Enrique Peña Nieto y ahora con el gobierno de MORENA.

La denuncia de familiares, organizaciones populares y de derechos humanos sobre la existencia de desapariciones forzadas en el país ha hecho que el CED de la ONU, ponga sus ojos en nuestro país e intervenga sobre lo que el gobierno federal pretende ocultar : su responsabilidad en el cometido de estas, ya sea por omisión, comisión o aquiescencia. La denuncia y acciones de protesta deben mantenerse para lograr que el CED de la ONU realice las medidas que considere necesarias, toda vez que la CNDH y demas personeros del regimen pretenden impedirlo, la exigencia de ¡presentaciòn con vida !, ¿juicio y castigo a los culpables ! es una demanda vigente.

Fraternalmente :
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos !
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS