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Análisis. Realidad mexicana ante los primeros 100 días del gobierno en turno
Miércoles 15 de enero de 2025, por
Michoacán, Enero de 2025
A los medios de comunicación
A la opinión pública
El pasado 12 de enero del presente, la presidente de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México para dar su informe a cien días de su administración, acto mediático que fue presentado como un hecho histórico, pero que contrasta con la realidad que vive el pueblo explotado y oprimido.
El incremento del salario mínimo demuestra que la carencia de la vida va en aumento. La rápida tasa con la que ha crecido confirma la imperiosa necesidad por intentar “aliviar” el sufrimiento de las masas ante la crisis estructural del capitalismo que persiste y amenaza el régimen. La precariedad de los trabajadores se objetiva en el incremento del 54.6% de los empleos informales y la persistencia de la desigualdad.
El Presupuesto de Egresos de 2025, mismo que fue propuesto por la presidente de la república y aprobado por el Congreso de la Unión, indica la necesidad de mantener el asistencialismo para contener el descontento popular. La inversión de cerca del 2.5 puntos del PIB para los “derechos del bienestar” viene a reflejar el incremento del paternalismo gubernamental sobre las masas populares, el cual solamente puede sostenerse a través de mayor deuda pública, a la cual le fue destinado cerca del 3.8% del PIB para su pago. Por lo tanto, la política de austeridad republicana privilegia la recaudación financiera para sostener los programas del Bienestar, lo cual se traduce en mayor carga tributaria al pueblo mexicano.
Mientras que los ramos de salud y educación enfrentaron una importante reducción presupuestal, los programas sociales, las universidades y escuelas del Bienestar representan un perverso acto de simular que tales derechos se están respetando, cuando en los hechos, continúan bajo un proceso de privatización, desmantelamiento y anulación.
La implementación de los programas sociales de manera individualizada busca corporativizar al pueblo y convencerlo de renunciar al derecho a organizarse y luchar por mejorar sus condiciones de vida. Como en los tiempos del priísmo, se hace uso del asistencialismo para coartar el derecho a la manifestación, petición, protesta y organización. Es bajo esta lógica que el supuesto reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos indígenas y afrodescendientes tiende a extender el manto corporativizante mientras siguen siendo objeto del terrorismo de Estado y la miseria.
A lo que se llama como una “buena relación de respeto y colaboración” con los Estados Unidos, bastaron solamente con unas declaraciones y amagos de su próximo presidente para que la titular del poder ejecutivo actuase conforme a los intereses de la administración estadounidense. Que se lancen loas sobre el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y se presuma de ser el principal social comercial del imperialismo norteamericano confirman el grado de subordinación y dependencia económica. La llegada de una nueva administración a la Oficina Oval solamente trae modificaciones de matíz, pues la condición dependiente de nuestro país se sostiene, lo cual traer mayor sumisión y opresión para los proletarios del campo y la ciudad.
El anuncio del “Plan México” consiste en una política de desarrollo del capital privado en el país, tal y como ocurre en el sureste donde se está dando un nuevo ciclo de acumulación originaria del capital caracterizado por el incremento de la violencia a través de grupos paramilitares, de choque y los cuerpos policiaco-militares para facilitar el despojo de la tierra. Bajo el desarrollo de la infraestructura ferroviaria, los proyectos oligárquicos como el Tren Maya, la ampliación de carreteras y ampliación de puertos, mantiene al país bajo condición de facilitador de la circulación de mercancías.
La presente administración avanza en el fortalecimiento del Estado policiaco-militar, pues la formalización de la subordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y su recién entregada facultad de investigar el delito viene a sumar mayor poder para las fuerzas armadas, quienes hasta la fecha son responsables del baño de sangre y del cometido de crímenes de lesa humanidad a lo largo y ancho del país. Esto es un indicativo más que México pasa por un progresivo proceso de militarización.
La estrategia de seguridad implementada desde la pasada administración ha traído la imposición de medidas profascistas como el aumento de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado, donde se continúa con la ejecución de la represión contra el pueblo. Así mismo, la violencia de Estado se extiende de tal manera que los ríos de sangre continúan haciendo cauce, sobre todo en las regiones donde se han desplegado las fuerzas armadas para “combatir la inseguridad”.
Entre los diversos puntos de la reforma al Poder Judicial de la Federación, cuyo fin en ejercer un mayor control en el Poder Judicial a través de jueces, magistrados y ministros a modo del Poder Ejecutivo, la figura de los jueces sin rostro prevista en el artículo 20 fracción X de la constitución, viene a representar un avance de las medidas pro fascistas e inquisitorias que se imponen para criminalizar la protesta y el descontento popular.
Tal medida propia de los tribunales se la Santa Inquisición, gobiernos fascistas como el de la Alemania nazi y de administraciones represoras como las de Colombia, Perú, El Salvador y en su momento, impulsada por el gobierno panista de Felipe Calderón Hinojosa, es repudiada a nivel internacional en medida que niega de facto el derecho a un juicio imparcial, a ser juzgado por una autoridad idónea y competente y al debido proceso.
Aunado a ello, con la ampliación y permanencia del catálogo de delitos que “ameritan” prisión preventiva oficiosa, se generan las condiciones para ejercer mayor represión judicial. La gravedad de la última reforma impulsada sobre este tema es la obligación de los órganos de Estado de someterse a la literalidad de la norma, desconociendo de facto las opiniones y sentencias emitidas por los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes sostienen que la figura de la prisión preventiva oficiosa es violatoria a los derechos humanos. Así se abre paso al cometido de más injusticias contra el pueblo por parte de un Poder Judicial sometido a la administración en curso.
Las metas que se plantea el gobierno de Claudia Sheinmbaum Pardo en torno al año 2030, vienen estrechamente relacionada con los perversos objetivos proyectados por la Agenda 2030 (a la cual la presidente se subordina e impulsa), misma que en esencia consiste en la imposición de medidas económicas, políticas y sociales para someter a los países en vías de desarrollo y mantenerlos bajo un estado de dependencia económica respecto a las potencias imperialistas.
Con ello la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no representa los intereses de los trabajadores, las reformas impulsadas en el país vienen a modificar la estructura del capitalismo, pero no lo abolen, es decir, que la principal traición al pueblo de México es el mantenimiento del presente régimen capitalista-neoliberal, pro oligarca, autoritario, represivo, injusto y profascista. Los presentes cambios solamente benefician a las clases explotadoras en el poder.
Atentamente:
¡Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS