El Estado mexicano y las instituciones responsables e implicadas en el esclarecimiento, búsqueda, presentación con vida, juicio y castigo a los responsables del crimen de Estado y lesa humanidad, deben acatar de forma inmediata la determinación de la Suprema Corte sin dilación, burocratismo, omisión o resistencia que ponga en riesgo o limite el proceso de investigación y esclarecimiento del crimen que prolongue la impunidad.
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