La violencia en el estado de Guerrero es violencia de clase

México, a 26 de enero de 2024

A los medios de comunicación
Al pueblo México y allende las fronteras

La violencia en el estado de Guerrero es violencia de clase

La toma de protesta de veinte jóvenes para ser parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PD) en el poblado de Ayahaltempa, municipio de José Joaquín de Herrera, estado de Guerrero; fue una noticia que impactó a la opinión pública a nivel nacional e internacional y generó una álgida controversia en varios personajes de la vida política de nuestro país, quienes asumieron en lo inmediato una posición respecto a la violencia e inseguridad en el estado de Guerrero.

Desde un punto de vista el hecho representa una consecuencia de la “estrategia de seguridad fallida” de los gobiernos de MORENA que permitió que el supuesto “crimen organizado” se impusiera sobre el Estado de Derecho. La realidad objetiva muestra que la existencia del paramilitarismo obedece a una política contrainsurgente emanada desde el Estado Mexicano con la finalidad de imponer el terrorismo de Estado. Es así que se explica que a pesar que los estados de Colima, Baja California Sur, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Chiapas y otros experimentan mayor despliegue de fuerzas militares, la violencia contra la población aumenta de manera desproporcionada.

El estado de Guerrero ocupa unos de los primeros lugares en cuanto a niveles de violencia, tan sólo en los primeros días de este 2024 han acontecido escalofriantes escenarios como los ataques armados y la ejecución extrajudicial de decenas de pobladores de la comunidad de Buena Vista de los Hurtado, la masacre en un palenque de Petatlán, la escalada de violencia en Taxco que obligó a paralizar el servicio de transporte público, el asesinato del ex presidente municipal de Atlixtac Marcelino Ruiz Esteban y su esposa Guadalupe Guzmán Cano, el asesinato de dos agentes de seguridad en Pilcaya, la detención desaparición forzada de una familia de la comunidad de Ayahaltempa que produjo la presentación de los jóvenes en la CRAC-PD y muchos otros más que siembran en el pueblo guerrerense el temor y la impotencia ante un gobierno que presume representar la transformación.

Esta historia no es actual, la entidad tiene una larga lista de crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos contra el pueblo desde los tiempos de la lucha contra el caciquismo y la represión gubernamental contra las organizaciones populares y el movimiento revolucionario. La diferencia radica en las formas de cometer estos actos deleznables que, sin duda alguna, nunca trastocan los intereses oligarcas y empresariales, sino que se focalizan hacia la amplia masa de explotados y oprimidos.

Esta situación insostenible obliga al pueblo de Guerrero a expresar su descontento y demanda de poner alto a la violencia, de diversas maneras se ha hecho llegar al gobierno morenista de Evelin Salgado Pineda el sentir de los pueblos que exigen paz y seguridad. Pero estos llamados se han topado con la insensibilidad, indolencia y amenazas de represión, pues ahí donde la población intenta ejercer el derecho humano y constitucional a la protesta, las fuerzas castrenses y los políticos de oficio se hacen presentes para acallar toda voz de descontento.

De aquí que las voces que se indignan por ver a jóvenes y niños armados y claman por proteger el interés superior de la niñez no son otra cosa que exclamaciones hipócritas que buscan utilizar este tema como bandera política para desprestigiar al respectivo contrincante en este proceso electoral. Con ello se comprueba que los políticos de oficio emanados de la democracia burguesa no representan los intereses populares y que dicho sistema representa un engaño para el pueblo mexicano.

Lo anterior queda demostrado con las declaraciones de funcionarios del gobierno de Evelin Salgado sobre interponer denuncias en contra de “quienes resulten responsables” de “armar a los niños y jóvenes”, ello devela la esencia represiva y autoritaria de los gobiernos emanados del nuevo partido de Estado. En los hechos se criminaliza a todo aquel se ve obligado a ejercer el derecho constitucional a la legítima defensa.

El discurso de los políticos de oficio de toda calaña es demagogia pura, pues deliberadamente omiten el precepto constitucional que dicta “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”; en otras palabras, son ellos los responsables de garantizar los derechos de la juventud y poner por encima el interés superior del menor, cosa que no realizan al mantener el manto de aquiescencia e impunidad sobre el paramilitarismo en el estado y seguir promoviendo la militarización de la vida pública del país.

En conclusión, la violencia que actualmente sufre el estado de Guerrero tiene su origen en el Estado Burgués Mexicano, o sea, es violencia de clase en tanto que las principales víctimas de ella pertenecen a la amplia masa de proletarios del campo y la ciudad. Por lo que en medida que esta sigua siendo funcional al régimen, no se detendrá, configurando así la necesidad de fortalecer el Estado Policiaco-Militar y mantener el terrorismo de Estado.

Pero esta situación no es exclusiva del estado de Guerrero, en días recientes el país atestiguó el actuar de los elementos del Ejército Mexicano hacia los habitantes de Chicomuselo, Chiapas y el incremento de las agresiones armadas del grupo paramilitar “Los Petules” contra El Carrizal; la agresión armada, abusos y cateos ilegales de las fuerzas castrenses y la Guardia Nacional contra las poblaciones de Tinaja de Vargas y Chumurco así como el arribo de centenares de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Michoacán. Tanto en Chiapas y Michoacán, ambos gobiernos son de origen morenista, comprobando así que la militarización del país viene desde el gobierno federal.

En tanto que el régimen capitalista se mantiene a base de mayor violencia contra el pueblo, los mexicanos debemos de fortalecer la organización popular independiente y salir a las calles a denunciar y demandar el respeto a nuestros derechos humanos y constitucionales. Que nadie permanezca indiferente ante la violencia de clase.

Atentamente:
Por la Unidad Obrera, Campesina, Indígena y Popular

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS