A CUATRO AÑOS DE LA REPRESIÓN, DEMANDAMOS JUSTICIA

Michoacán, a 10 de octubre de 2022

A CUATRO AÑOS DE LA REPRESIÓN, DEMANDAMOS JUSTICIA

A los medios de comunicación
Al pueblo de Michoacán, México y allende las fronteras

Un 10 de octubre de 2018 el gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo ejecutó el desalojo de nuestro plantón que realizamos con motivo del 12 de Octubre: Día de Resistencia Indígena y Popular, el motivo con el cual justificó su proceder fue el Encuentro Nacional de Pueblo Mágicos, evento del Estado Burgués Mexicano y la burguesía local para lucrar hipócritamente con la identidad de los pueblos originarios.

Aquel 10 de octubre el silvanismo llevó a cabo el desalojo de nuestro plantón, cometió detenciones arbitrarias masivas de compañeros, vejaciones y malos tratos contra menores de edad, mujeres embarazadas y mayores de edad. Fue un día donde los cuerpos policiacos bajo el mando del torturador Carlos Gómez Arrieta cometieron violaciones a los derechos humanos y actos de tortura en contra de compañeros de nuestra organización.

Hasta la fecha los responsables de este acto criminal, el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo y el ex subsecretario de seguridad pública Carlos Gómez Arrieta gozan de completa impunidad, como criminales de Estado tienen que responder por la represión no solo a nuestro FNLS, sino por los crímenes cometidos en contra estudiantes normalistas, el magisterio democrático, las comunidades indígenas como Arantepacua y demás organizaciones populares del estado.

El gobierno morenista de Alfredo Ramírez Bedolla llegó a la gubernatura con la promesa de enjuiciar a Silvano Aureoles por toda la estela de crímenes y corrupción de su gobierno; pero en los hechos ha incorporado a personajes silvanistas a su administración, ha seguido los mismos canones para ejecutar la represión añadiendo a la formula la demagogia y constante criminalización de la protesta. Por lo que la 4T traicionó las aspiraciones de los Michoacanos que exigen justicia, juicio y castigo a los responsables.

En un año del gobierno bedollista, las demandas de campo y salud de las comunidades no han sido cumplidas y se continúa bajo la misma lógica dilatoria y de simulación del gobierno perredista.

A cuatro años de la represión, sostenemos que protestar no es delito. Mientras existan injusticias contra el pueblo, este tiene el derecho a ejercer la crítica política.