Desde las instituciones gubernamentales los funcionarios públicos niegan la existencia de presos políticos, la represión, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la violencia contra el pueblo, la persecución política y el desplazamiento forzado; no obstante, los hechos reales contradicen la retórica del gobierno, por ejemplo, la estadística oficial reconoce casi a cien mil detenidos desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos son la prueba de la violencia gubernamental que se vive en el país.
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