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Tres años de prisión injusta y una sentencia condenatoria por consigna política contra Higinio

Viernes 3 de mayo de 2024, por Huasteca

Huasteca Y Sierra Oriental 3 mayo de 2024

A la opinión pública

Tres años de prisión injusta y una sentencia condenatoria por consigna política contra Higinio

Hace tres años nuestro compañero Higinio Bustos Navarro fue detenido de manera arbitraria y encarcelado injustamente. Tiempo en el cual se ha demostrado que su detención, encarcelamiento y posterior condena a 20 años de prisión, obedecen a decisiones de las cúpulas de poder fundamentadas en la arbitrariedad y abuso de poder, es decir, en el autoritarismo institucional.

El gobierno federal; el estatal de Veracruz; la Fiscalía General de la República; la Fiscalía de Veracruz; el Juzgado Mixto de Primera Instancia radicado en Tantoyuca, Veracruz; y, de telón de fondo, el Ejército Mexicano, son las instituciones del Estado involucradas en perpetrar la injusticia de la que es víctima el compañero Higinio.

Los motivos por los que se mantiene preso injustamente a un luchador por el socialismo son estrictamente políticos, obedecen a criterios contrainsurgentes y represivos. Para muestra un botón, el gobierno federal en contubernio con el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, decidió encarcelar injustamente a Higinio en represalia contra el FNLS por exigir la presentación con vida y justicia para los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Otra probanza de la actuación política del gobierno contra Higinio y el FNLS, es la averiguación previa iniciada en su contra, cual data del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, un gobierno especializado en fabricar expedientes incriminatorios y falsos culpables por medio de ex PGR hoy FGR.

En la integración del expediente incriminatorio contra Higinio queda al desnudo la intervención de ejército mexicano y el aparato de inteligencia, entes represores que actúan sobre las organizaciones populares para destruirlas con medidas contrainsurgentes.

Durante el proceso jurídico en el Juzgado Mixto de Primera Instancia fue impuesto el criterio del interés político de Estado por encima de la justicia, por tal razón, fueron considerados testimonios sin valor probatorio, dilación en cada actuación, negación de la protección de la justicia federal en dos ocasiones en el juzgado octavo de distrito de Tuxpan y el recurso de revisión en el Tribunal Colegiado de Boca del Río, Veracruz.

El proceder doloso y por consigna política de la tristemente célebre juez Cira Sara Villafuerte Martínez y la actual, Ana María de la Barrera Jiménez, fue decisión de las cúpulas de poder, operada por el gobierno del estado de Veracruz, abalado por el federal. Tan es así que decidieron sentenciar a nuestro compañero con 20 años de prisión, violando todo principio en procuración de justicia y en materia de derechos humanos.

La sentencia no tiene evidencia sólida que pueda ser sostenida jurídicamente, en ella yacen elementos que no pueden ser considerados como medios de prueba con valor probatorio, carecen de un sentido lógico, pero, como se trata de castigar a nuestro compañero, la juez forzó declaraciones de personas que no estuvieron en el lugar de los hechos, así como, utilizó de supuestos testigos sin identidad o de identidad reservada que no hablan del caso, mucho menos conocieron el hecho y al menos uno de ellos nunca se apersono para rendir “declaración”.

Esa decisión punitiva descansa en el criterio político de Estado. Tanto el gobierno federal como el estatal de Veracruz mantienen como rehén a nuestro compañero, a quien se le ha violado múltiples derechos humanos y constitucionales. Entre estos, la presunción de inocencia; negarle estar cerca de su lugar de origen, de su familia y compañeros; coartar expresar libremente su pensamiento; la libre militancia; no ser molestado por ninguna autoridad, entre otros.

El gobierno federal elude su responsabilidad con el falaz argumento de respeto a la autonomía de cada gobierno estatal y de las instituciones judiciales, no obstaste, en los hechos abala el proceder represivo de cada uno de éstos, lo que le convierte en corresponsable de cada acto cometido contra el pueblo y sus organizaciones.

Hoy es responsabilidad de las magistradas de la quinta sala del Poder Judicial del Estado de Veracruz de decidir: revocar la sentencia condenatoria resuelta por consigna política, por ende, otorgar libertad absolutoria a nuestro compañero o confirman la decisión de la juez Ana María de la Barrera Jiménez, por lo consiguiente, ser parte de esta injusticia contra nuestro compañero Higinio.

Una u otra decisión dependerá del compromiso ético de cada juez que tiene con la impartición de justicia o del compromiso adquirido con los grupos de poder en la entidad veracruzana y a nivel federal. De ratificar la injusta condena impuesta a nuestro compañero se confirmará una vez más la motivación política del caso y la saña del autoritarismo gubernamental contra el pueblo organizado, ante tal injusticia no cejaremos de luchar por la libertad incondicional de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro.

COMVATIVAMENTE
¡Presos Políticos Libertad!
¡Libertad Incondicional para Higinio Bustos Navarro!
¡Por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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