Pronunciamiento político: ¡AGUAS BLANCAS NO SE OLVIDA! ¡NI PERDON, NI OLVIDO!

Plaza “Regina”, Xalapa, Veracruz, a 28 de junio de 2023

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y DE DERECHOS HUMANOS
A LOS COLECTIVOS Y PERSONALIDADES PROGRESISTAS
AL PUEBLO EN GENERAL

El Frente nacional de Lucha por el Socialismo – FNLS – se pronuncia enérgicamente por las víctimas de la masacre perpetrada el 28 de junio del año 1995 en el Vado de Aguas Blancas, contra 17 militantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), en el estado de Guerrero, que se dirigían a la cabecera municipal de Atoyac para exigir la presentación con vida de uno de sus compañeros. Un crimen de lesa humanidad y de Estado que a la fecha permanece en total impunidad, aun cuando se tienen pruebas fehacientes de los autores materiales e intelectuales de este acto de barbarie.

La masacre fue perpetrada por efectivos policíacos, quienes con alevosía y ventaja dispararon de manera indiscriminada contra el vehículo en que se transportaban los militantes de la OCSS, en este hecho fueron ejecutados 17 campesinos e hirieron a 21. En un intento por ocultar el crimen, los agentes policíacos sembraron armas entre los cadáveres para montar un escenario de enfrentamiento; este operativo fue dirigido desde un helicóptero por el secretario de gobierno Rubén Robles Catalán y el director de la policía judicial Gustavo Olea Godoy por órdenes del entonces gobernador del estado Rubén Figueroa Alcocer.

El Estado mexicano tiene la responsabilidad de hacer justicia ante estos crímenes que si bien es cierto se cometieron en sexenios pasados, no obstante, como Estado y administración en turno son responsables en tanto no se enjuicie a los perpetradores y pasan a ser cómplices si continúa extendiendo el manto de la impunidad no solo en el caso de Aguas Blancas, sino en las demás masacres perpetradas por policías y el ejército mexicano que hoy se ostenta como el poder que sostiene a la administración en turno.

Escudarse bajo la premisa de que dichos crímenes son cosa del pasado, porque hoy en tiempos de la cuarta transformación ya no se cometen violaciones a los derechos humanos, es intentar justificar que las acciones de los elementos castrenses como el ejército, marina y Guardia Nacional son actos de justicia tan necesarios como el hecho de disparar a quema ropa sobre personas conductoras de automóviles que se pasan un alto en algún reten o ejercer la brutal represión contra una manifestación que ameritan ser reprimidos o masacrados con las balas del glorioso ejército mexicano y demás cuerpos castrenses.

En el caso especifico de Aguas Blancas, los testimonios y material fotográfico no deja lugar a dudas de que este crimen fue perpetrado por agentes policiacos del estado de Guerrero, por mas que se intento desviar o posicionar otra versión, las imágenes hablan por sí solas, tan es así que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determino que en el ataque se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, principalmente el derecho a la vida de 17 campesinos y que la responsabilidad recae en el gobierno del estado en ese entonces, Rubén Figueroa Alcocer.

Con la conclusión de la máxima casa de justicia en México, se debió enjuiciar al gobernador Rubén Figueroa, al entonces presidente de la república; Ernesto Zedillo Ponce de León como los autores intelectuales de este crimen de Estado, y a los mandos policiacos de este operativo como los autores materiales. Pero tal parece que las leyes se hicieron para romperse, para garantizar impunidad a los enemigos del pueblo, no así para el pueblo trabajador que fácilmente se le incrimina por su lucha y es encarcelado y sentenciado cual vil delincuente, para el pueblo se aplica todo el peso de la ley burguesa como es el caso de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro quien es acusado de asesinar a un militar en activo, y que jurídicamente se ha demostrado su inocencia, no obstante, permanece en prisión.

A 28 años de la masacre de Aguas Blancas, el pueblo organizado continúa repudiando estos hechos que constituyen un crimen que lacera a la humanidad en su conjunto, el pueblo sigue clamando justicia, y la respuesta de los gobiernos sucesores a la masacre es, ha sido y sigue siendo la violencia institucional hacia los militantes de las organizaciones populares que se unen a esta exigencia.

Como respuesta institucional desde el Estado se criminaliza a toda persona u organización que levante la voz por este y varios crímenes cometidos contra el pueblo. Se encarcela a luchadores sociales, se perpetúan crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas y la ejecución extrajudicial contra luchadores sociales hijos del pueblo.

Se intenta por todos los medios inhibir la lucha organizada y dejar en el olvido estos crímenes argumentando que son cosa del pasado y que es la herencia de los anteriores gobiernos que recae como maldición sobre la administración actual, tal manejo de las escusas intenta desviar la responsabilidad del actual gobierno de la 4t como ejecutivo federal, misma que debe hacer justicia para las víctimas de estos crímenes que laceran al pueblo.

Nos encontramos ante un estado de derecho burgués que vela por los intereses de su clase y garantiza la impunidad de los perpetradores de los crímenes contra el pueblo. Lo que trae como consecuencia que las cárceles estén llenas de hijos del pueblo que purgan condenas por delitos que no cometieron, mientras los responsables materiales e intelectuales de los crímenes contra el pueblo son premiados con puestos en ascenso por los gobiernos nefastos y antipopulares.

Esta violencia de Estado ejercida contra el pueblo es sistemática y transexenal, por lo que no depende del color de partido que ocupe la silla presidencial, como política de Estado es aplicada a diestra y siniestra como una táctica contrainsurgente hacia las organizaciones populares que luchan por reivindicaciones políticas y hacen critica política al régimen imperante. La criminalización es la punta de lanza que se utiliza para crear las condiciones y justificar futuras represiones, encarcelamientos, desapariciones forzadas y masacres contra el pueblo.

Continua la practica de terrorismo de Estado contra el pueblo trabajador, la finalidad es contener el descontento popular, prueba de ello son los más de 350 mil detenidos desaparecidos, los mas de 250 mil ejecutados extrajudicialmente y los más de un millón 200 mil desplazados de manera forzada so pretexto de enfrentamiento contra el “crimen organizado” en zonas estratégicas que el gobierno federal planea concesionar a empresas extranjeras.

Nada es casualidad, todo el amasijo de crímenes de lesa humanidad cometida contra el pueblo es diseñada desde las mas altas esfera del poder y dirigidas con alevosía y ventaja. Por esta razón sostenemos que es parte de la política transexenal y que obedece al terrorismo de Estado que se ha venido implementando contra el pueblo trabajador para garantizar los intereses de la burguesía en el poder.

A 28 años de La Masacre de Aguas Blancas, la comisión de este crimen de Estado y lesa humanidad se ha convertido en una de las prácticas recurrentes del aparato policíaco-militar, porque sus perpetradores materiales cuentan con la impunidad que les provee el estado de derecho burgués y los autores intelectuales con inmunidad por ser hombres del régimen. ¡Exigimos juicio y castigo para Ernesto Zedillo Ponce de León, Rubén Figueroa Alcocer, por criminales de Estado, así como a los mandos policiacos que efectuaron el operativo donde se perpetuo la masacre! ¡28 de junio, ni perdón, ni olvido! ¡Aguas Blancas, No Se Olvida!

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE
¡Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos!
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Presos políticos, libertad!
¡Por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS