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¡BASTA YA! No. 4- 2022, año caracterizado por el incremento de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo trabajador

Jueves 22 de diciembre de 2022, por Huasteca

Huasteca y Sierra Oriental a 22 de diciembre de 2022

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El 2022 está a unos cuantos días para terminar, este año fue caracterizado por el incremento exponencial en el cometido de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo trabajador, como la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. Entre las víctimas están luchadores sociales, trabajadores de la comunicación, defensores de derechos humanos y activistas políticos.

Contrario a lo anunciado por el gobierno federal de, trabajar para el bien de todos, al concluir el año, existe un trecho muy largo entre el discurso y la realidad, al menos, en materia de seguridad para activistas políticos, defensores de los derechos humanos, luchadores sociales y periodistas continúa siendo una deuda histórica al presentar un incremento en el número de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en este año 2022.

Esta realidad contrasta con el discurso que a diario es ofrecida desde palacio nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no solo niega a reconocer que su gobierno es fiel defensor de los intereses empresariales, por lo que, su sexenio esta fincado en el cometido de crímenes de lesa humanidad para someter al pueblo a los designios del capital, sino que amaga, amenaza y acusa a todo aquel que no comulga con su gobierno caracterizado por ser autoritario y demagógico.

Lo que dijo combatir, hoy avala, verbigracia, sostuvo que el ejército es responsable de cometer desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y, no están capacitados para encargarse de la seguridad pública, por tanto, tenían que regresar a los cuarteles, hoy es el puntal de su gobierno que defiende a ultranza, incluso pretendió ponerle un rostro humano con la creación de la Guardia Nacional con respaldo constitucional.

Es decir, con respaldo del ejecutivo federal cometen crímenes de lesa humanidad y, la ley es utilizada para garantizar impunidad, mientras miles de familias enlutan, otras, viven en la incertidumbre sin saber del paradero de su ser querido, a la par, instituciones, obedientes de la política gubernamental, dejan en desamparo a las víctimas con trámites burocráticos diseñados a generar desgaste para garantizar impunidad a los perpetradores.

Las cifras presentadas por organizaciones de derechos humanos, que documentan estos casos, son respaldadas por investigaciones periodísticas, incluso por instituciones gubernamentales que, a pesar de ser conservadoras, ilustran la realidad innegable que vive el pueblo trabajador quien es víctima de crímenes de lesa humanidad y de Estado como expresión de la violencia de clase que persiste en nuestro país gobernado por MORENA.

El número de personas desaparecidas, de acuerdo a registros públicos, superó los 4 mil tan solo en tres meses, el cual es mayor con respecto a sexenios anteriores, no obstante, la cifra puede ser mayor considerando que no todas las víctimas son registradas al no existir denuncia por parte de los familiares debido a la desconfianza a las instituciones gubernamentales, además, de privar el miedo en estos casos.

La ejecución extrajudicial fue otro de los crímenes de lesa humanidad y de Estado que tocó a miles de hogares mexicanas durante el año que termina, entre ellas, resaltan la de los luchadores sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos, quienes son considerados por el gobierno en turno como adversario político al emitir crítica política al régimen y luchar fuera de los marcos corporativos del Estado burgués.

Es una forma de castigar y pretender minar la lucha del pueblo que defiende los intereses de su clase, intereses que son atentados con la imposición de políticas oligarcas que garantizan el saqueo y la expoliación de los recursos naturales, en contraste, profundizan la pobreza y miseria en el país para las masas proletarias.

En la presente administración se registran más de 151 periodistas y defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente, según cifras periodísticas. Número de víctimas que denuncian la continuidad de la política de Estado, de la censura y corporativismo mediante crímenes de lesa humanidad a pesar de autodenominarse como gobierno del pueblo. Una política que distingue solo a gobiernos dictatoriales que no admiten otra concepción de la realidad más que la oficial.

Hacer una retrospectiva de la realidad y del sexenio en turno encontramos marcadas contradicciones, por un lado; las promesas de mejorar las condiciones de vida del pueblo por la vía de la democracia burguesa, no se han materializado, estas solo fueron palabras huecas para generar simpatía y embaucar a los sectores despolitizados, en consecuencia, se materializó parcialmente el neocorporativizmo; por el otro, la impunidad para los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de Estado persiste, las victimas no han encontrado justicia, mucho menos castigo a los culpables.

El pueblo trabajador enfrentó una realidad convulsa, aún más para el movimiento popular combativo que, a pesar de estar azorado por la 4T, defiende con firmeza sus demandas históricas mediante largas jornadas de lucha, en las cuales, ha conquistado victorias políticas que reflejan la necesidad y vigencia de la lucha organizada de forma independiente. Entre las que se encuentran la liberación de presos políticos, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la suspensión de proyectos que representaban despojo de tierra y desplazamiento forzado, entre otras.

La llegada del gobierno de la 4T, al ejecutivo federal, no significó tregua alguna para el pueblo víctima de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, estos crímenes de lesa humanidad continuaron con cifras exponenciales, las cuales superaron con más del triple en porcentaje a administraciones anteriores que implementaron el terrorismo de Estado como política de gobierno. Como es el caso del año 2022 que presentó meses con más víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Los estados que registraron mayor número de víctimas se encuentran Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Sonora, en estas entidades resaltan las agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas. No obstante, esta realidad priva en todo el territorio nacional que en suma son miles de detenidos desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Todos son del pueblo trabajador.

La justicia, continúa siendo una deuda del gobierno en turno para las víctimas, la cual se avizora lejana al existir nula voluntad política, sobre todo, porque se pondera la impunidad para los perpetradores, el ejército, al ser estos el puntal que sostienen al gobierno actual. Para el pueblo la injusticia, represión, supresión de derechos fundamentales y para los autores materiales e intelectuales del desangramiento del pueblo impunidad y amasijo de riqueza.

El ciclo del sistema capitalista sigue su curso, en cada sexenio se afianza las relaciones de explotación, cada vez más se aprietan los grilletes de opresión para el pueblo, cada modificación a la constitución política, a las leyes existentes, lleva inexorablemente al reforzamiento del Estado policíaco militar para garantizar la permanencia del modo de producción capitalista, por lo tanto, no habrá mejora alguna en las condiciones de vida del pueblo trabajador, por añadidura, el cometido de crímenes de lesa humanidad y de Estado será la respuesta ante las demandas históricas de los sectores populares.

Termina el año con demandas pendientes para el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), aún está preso nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, que sin duda alguna es un rehén político del gobierno Morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y del federal Andrés Manuel López Obrador, porque, a pesar de haberse realizado la audiencia constitucional en el Juzgado Octavo de Distrito el pasado 6 de diciembre, este juzgado federal no ha emitido ninguna resolución, lo que evidencia es una consigna de Estado prolongar el tiempo de encarcelamiento de nuestro compañero.

Para el movimiento popular termina un año adverso, que en momentos se tornó difícil por la represión ejercida por el gobierno actual vía gobernadores estatales, quienes apegados al carácter profacista y proempresarial de su administración no escatimaron recurso alguno para reprimir al pueblo en lucha que registró cientos o miles de víctimas en sus filas. Es el mismo escenario que se vislumbra para el año entrante mientras aún no termina el sexenio actual, sobre todo si está para mantener las condiciones que permita la acumulación de riqueza para la oligarquía nacional y extranjera.

Esta realidad exige, del movimiento popular, mantener la lucha por el camino combativo, dar alternativa al pueblo descontento y generar las condiciones para la unidad de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, de esta forma atajar la pretensión gubernamental de la neocorporativización, condición que genera la pasividad y abona a la represión con saldos estratosféricos para el pueblo trabajador.

FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS


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