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Denuncian indígenas 520 años de represión

Rocío Méndez Robles. viernes 12 de octubre de 2012

Sábado 13 de octubre de 2012

Los indígenas viven día a día la discriminación en un México que cada vez los toma en cuenta. Ministerios Públicos sin traductores, intimidación, mal pago por su trabajo y muchas más vejaciones son el pan nuestro de cada día para estas personas.

Detrás de los 520 años del descubrimiento de América, víctimas de agravios y agrupaciones sociales y humanitarias denuncian "520 años" de represión, hostigamiento e intimidación en contra de la resistencia indígena, estudiantil y popular.

Habitantes de Matugeo, Santa Clara del Cobre, Santa Fe de la Laguna y Las Mesas en Michoacán, protestaron por la constante intimidación e interrogatorios ejercidos por los soldados destacamentados en la zona; la misma presión viven comuneros en Altamirano, Chiapas, como denunció Blanca Estela Albores Gómez, detenida 10 días en febrero pasado con falsas acusaciones, solo por su militancia en la Unión de Transportistas El Quetzalito, se quejó.

En este marco, el Comité Cerezo alertó que ante el aumento de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales -considerados crímenes de lesa humanidad- "parece que la tortura no existiera", cuando esta última se ha convertido en "el método de investigación predilecto de la Marina, el Ejército y la Policía Federal".

El gobierno federal "está aplicando la tortura no sólo en contra de gente que se presume son miembros de la delincuencia organizada sino también, en contra de integrantes de movimientos sociales"; las agrupaciones indígenas -agregó el organismo- reportan que la tortura se aplica como método de castigo, ya no para conseguir información, sino como una forma de reafirmar una autoridad", precisó Héctor Cerezo.

Con la población indígena hay una mayor violación de los derechos humanos, "siguen sin ponerles traductor a la hora de las detenciones y como las comunidades indígenas no cuentan con las condiciones ni con los mecanismos adecuados de defensa y protección, muchas de las denuncias permanecen en la impunidad", dijo Cerezo.

Recientemente, muchos de los 56 pueblos originarios han sido fuertemente agredidos por la defensa de su territorio, que ha entrado en intensos proceso de concesión para explotación de recurso en manos de empresas, principalmente transnacionales, destacó Héctor Cerezo.

A partir del 2006, no sólo se han invisibilizado lo casos de agresiones a comunidades rurales o indígenas, también se ha ignorado las agresiones a los defensores de estos pueblos, aclaró Cerezo.

En este sexenio que termina, 38 defensores fueron desaparecidos, pero esa cifra, alarmante en sí misma, se pierde cuando el ombudsman nacional revela que tiene 6 mil expedientes de desaparición forzada y cuando organismos humanitarios internacionales expresan su preocupación porque Mexico podría superar los 10 mil casos de desaparición forzada en los últimos seis años.

"El hecho de que el Estado este desapareciendo, torturando o ejecutando a luchadores sociales se pierde en la actual tragedia que vive México", concluyó Héctor Cerezo.


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