La realidad deja al desnudo que no se trata de la buena voluntad de los funcionarios públicos, menos del propio jefe del ejecutivo federal, su actuar se basa en la política de Estado que se ejecuta sexenio tras sexenio en beneficio de la clase que detenta el poder económico y político, de ahí que la impunidad protege a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de Estado y de lesa humanidad.
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