Para avanzar en el acceso a la justicia en el caso de los revolucionarios Edmundo y Gabriel, las instituciones deben acatar la orden judicial emitida por la Suprema Corte para la búsqueda y localización de éstos. Deben dejar de conducir los trabajos de la CEB por la vía del desgaste político y cumplir sin dilación y burocratismo la orden judicial.
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