¿Por qué organizamos la Jornada nacional: Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡Hasta Encontrarlos?

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San Cristóbal de las Casas. Chiapas a 06 de marzo de 2017

A los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado
A los organismos defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional y del extranjero
A las organizaciones populares, democráticas e independientes
Al pueblo en general

¿Por qué organizamos la Jornada nacional: Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡Hasta Encontrarlos!?

El pasado 5 de marzo se cumplió un año de la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, acontecida en el municipio de Ocosingo Chiapas, asimismo, el 25 de mayo se cumplirá una década de que fueron detenidos desaparecidos los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ambos casos expresan la especificidad con la que se ejecuta este crimen de lesa humanidad en nuestro país, porque a pesar de tener evidencias claras que conducen a las estructuras del Estado mexicano en su cometido, el tiempo trascurre sin que se les presente con vida y se les mantiene en esta condición inhumana.

En el inicio de la jornada nacional de lucha, el Estado mexicano a través del paramilitarismo intenta impedir que la llevemos a cabo con el cometido de un crimen atroz, la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Humberto Morales Sántiz el pasado 28 de febrero, un joven que apenas rebasaba la niñez y que en su persona se descargó el odio de clase burgués a través del grupo paramilitar “Los Petules” que dirigen la caterva de desclasados Lorenzo Sántiz López, Pedro López Sántiz, Jesús Sántiz López, Agustín Sántiz López, Jorge Sántiz Gómez, Pedro López Rodríguez.

La desaparición forzada por motivos políticos o sociales en nuestro país es un fenómeno exponencial, que en un principio se intentó minimizar desde las instituciones gubernamentales con el objeto de ocultar el flagelo represivo que lacera permanentemente al pueblo trabajador y que cada vez más aumentan la incalculable lista de víctimas del terrorismo de Estado; fue a través de la denuncia organizada y movilización de familiares, organizaciones populares, de derechos humanos y personalidades honestas, que se logró colocar en la justa dimensión la exigencia de este fenómeno de trascendencia histórica.

Las cifras de víctimas no dejan lugar a dudas, son incuantificables, en tanto que es imposible determinar con exactitud no sólo las secuelas físicas, sino también las psíquicas que dejan en la víctima directa, empero, al tratarse de un crimen de lesa humanidad sus efectos lacerantes se extienden a sus familiares, amigos, compañeros de lucha y pueblo en general, por lo tanto, no se puede admitir la ridícula cifra oficial que busca opacar la verdadera magnitud del terrorismo de Estado.

La denuncia política logró romper con el muro del silencio, del temor y de la indiferencia, porque con datos, testimonios y evidencias se define la sistematicidad con que se ejecuta este crimen, a la vez que en cada nombre, en cada rostro que emerge, se determina con precisión el carácter de clase de la víctima, de tal manera que ningún crimen de esta naturaleza es obra de la casualidad, en todos ellos se encuentra la patente que son parte de la política del gobierno mexicano.

El esfuerzo del Estado mexicano por ocultar la magnitud de esta política represiva, resulta verdaderamente imposible, porque es de tal grado que hoy ya nadie puede dudar que sea una realidad que padece todo el pueblo trabajador y sus organizaciones. Se confirma una verdad de tal trascendencia que sobrepasa los muros de la historia reciente y contemporánea, al desnudar que en cada desaparición forzada se encuentra la mano ejecutora del Estado a través de sus distintos cuerpos represivos, la cifra rebasa las más de 300 mil víctimas.

Los hechos represivos que se cometen a diario comprueban que los crímenes de lesa humanidad forman parte de una política gubernamental, por lo tanto, se convierten en crímenes de Estado, porque se ejecutan con toda la premeditación para intentar cercenar la voluntad de lucha del pueblo que reclama mejores condiciones de vida. No es casual que a muchas víctimas las distinga su activismo por la defensa de los derechos humanos, por ser luchadores sociales consecuentes, periodistas críticos al régimen, pueblo que lucha por sus derechos y revolucionarios que desarrollan su lucha bajo sus propios métodos.

A lo largo de varios sexenios, la desaparición forzada por motivos políticos o sociales, se configura en una política transexenal, porque independientemente de quién represente el ejecutivo federal, los crímenes de Estado se mantienen como la punta represiva con la cual se pretende ahogar en un baño de sangre todas las manifestaciones de protesta, sin importar si son espontáneas u organizadas, la política de gobierno es la represión y el terrorismo.

La brutalidad y violencia exacerbada se manifiesta con mucha más crudeza en aquellos crímenes que se cometen contra luchadores sociales que abrazamos la solución de las necesidades populares, porque luchar por los cauces fuera de los marcos que mediatizan la organización del pueblo es entendida desde el derecho burgués como un delito. Esta es la esencia del estado de derecho, el cual defiende la propiedad privada, el derecho de una minoría para poder someter a la mayoría de explotados y oprimidos.

Sólo desde esta perspectiva es que se debe entender la barbarie con la que se conducen los cuerpos represivos, tanto militares, marina, policía federal, estatal y municipal, así como grupos paramilitares, sin excepción constituyen el ariete represivo, el brazo ejecutor por medio del cual la burguesía expresa su odio de clase, por tanto, la violencia tiene un origen y carácter de clase de quienes detentan el poder económico y político.

¿Pruebas? Todas las víctimas las identifica su pertenencia a los sectores populares, muchas de ellas incorporadas al proceso productivo, con una particularidad, algunas con conciencia crítica que se oponen al despojo, al saqueo o simplemente coadyuvan a denunciar los efectos nefastos del régimen neoliberal, en tales circunstancias, el crimen se comente con un fin eminentemente político, para castigar la disposición de luchar por las demandas populares.

A nuestro compañero Fidencio se le detiene y desaparece de manera forzada por su pertenencia al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), porque expresó hasta antes de ser objeto de este crimen de lesa humanidad su actividad política para denunciar el terrorismo de Estado en nuestro país. Es el luchador social que se incorpora conscientemente a la lucha por la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, por la solución de las necesidades más elementales del pueblo trabajador y por reivindicar el socialismo como alternativa política.

Los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez son objeto de la desaparición forzada por su condición de militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario–Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), por abrazar las banderas de la lucha armada revolucionaria, por tanto, el crimen cometido contra ellos adquiere dimensiones aún más deleznables, porque se intenta eliminar todo margen de crítica política.

La participación política de cada víctima no debe ser un dique para brindar la solidaridad como parte del pueblo trabajador, independientemente de los cauces políticos por los cuales se conduce en la lucha de clases, todos son parte del pueblo y es éste quien debe sostener en alto las banderas de su presentación con vida. Hoy más que nunca la unidad de las víctimas del terrorismo de Estado es una necesidad imprescindible.

La denuncia política es una herramienta de lucha a la cual las organizaciones populares no podemos renunciar, es el mecanismo para desenmascarar al Estado mexicano como el responsable del baño de sangre del pueblo trabajador en todo el territorio nacional.

En este contexto, desarrollaremos la Jornada nacional: Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡Hasta Encontrarlos!, del 6 de marzo al 30 de mayo del presente año, en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacán y Ciudad de México, porque hemos comprendido que no existe rincón del país que no sea testigo de esta política criminal.

Invitamos a todas las organizaciones populares, de víctimas, de derechos humanos, personalidades progresistas, periodistas honestos y al pueblo en general a incorporarse en la medida de sus posibilidades, para ser parte de todas las voces que se alzan en todo el país al unísono, ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
Comité Cerezo México
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta Encontrarlos!
Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH)
Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)
Organización en Lucha por la Emancipación Popular (OLEP)
Federación Latinoamérica de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM)

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