La investigación y el proceso de búsqueda de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez transita por la maraña burocrática para impedir el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos cometidos el 25 de mayo de 2007 en la Ciudad de Oaxaca. Pese a que existe una resolución emitida por el máximo tribunal de justicia en el país en la que se ordena se agilice la investigación para localizar bajo la presunción de vida a Gabriel y Edmundo, las autoridades que llevan el caso dan largas al proceso, lo que impide una investigación imparcial, exhaustiva, eficiente y en base al respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
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