A raíz del desalojo policíaco de las colonias populares en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Berriozabal, a petición de un grupo de autodenominados “propietarios”, se ha extendido la amenaza del gobierno estatal para desalojar las tierras que hemos recuperado por la vía de los hechos. Tierras que hemos pagado con sangre y desapariciones forzadas, que no ha sido por obra y gracia del gobierno, sino de la capacidad organizativa de los pueblos para hacer valer el derecho a la vida y a la organización.
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