Boletín de prensa. Jornada Nacional: Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡HASTA ENCONTRARLOS! llega a Puebla

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Puebla de Zaragoza a 27 de marzo de 2017

A los medios de comunicación
A las organizaciones defensoras de derechos humanos
A las organizaciones populares
Al pueblo en general

Jornada Nacional: Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo, no desistiremos ¡HASTA ENCONTRARLOS! llega a Puebla

Los crímenes de lesa humanidad, como la detención desaparición forzada por motivos políticos y sociales y la ejecución extrajudicial son la objetivación del terrorismo de Estado en nuestro país; se cometen de manera sistemática y generalizada contra el pueblo organizado y no organizado, escenario que se recrudece en lugares donde existe riqueza natural o energética; a todas las víctimas de estos flagelos represivos los identifica su condición de clase, con lo que se devela el carácter antipopular del régimen.

Un caso que ilustra esta política de Estado es la detención desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca por elementos policíaco-militares; este crimen es eminentemente político, el gobierno mexicano lo ejecuta por las convicciones políticas e ideológicas de los dos luchadores sociales y por impulsar la lucha armada revolucionaria en el Partido Democrático Popular Revolucionario- Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR).

El caso de Gabriel y Edmundo es emblemático porque en los hechos evidenció que esta práctica es permanente y sistemática que no se circunscribe al periodo conocido como guerra sucia, es la manifestación de uno de los primeros casos de desaparición forzada por motivos políticos en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico implementada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El cometido de este crimen de Estado en esencia expresa lo cualitativo del fenómeno exponencial que se vive en el país, porque se comete contra dos luchadores sociales reconocidos por sus compañeros como revolucionarios, el hecho de que haya transcurrido casi una década y que se mantengan en esta condición inhumana, es prueba fehaciente de que el Terrorismo de Estado es una política transexenal.

Este caso en particular expresa que la desaparición forzada es también una política contrainsurgente, porque a través del cometido de crímenes de lesa humanidad se pretende eliminar la voluntad de lucha del pueblo, independientemente de si está organizado o no. A casi una década de lucha por el caso Gabriel y Edmundo, la cifra expresa la magnitud del terrorismo de Estado, entre las víctimas se encuentran luchadores sociales, revolucionarios, activistas políticos, periodistas críticos y el pueblo en general.

Dentro de esa barbarie generalizada y exponencial, promovida desde el Estado, se refleja la especificación y especialización de la violencia institucional, que por su sistematicidad se convierte en política de Estado, porque independientemente del personero que este en el gobierno o el partido político que lo represente los crímenes siguen su ruta de ascenso como se expresa en las más de 300 mil víctimas de la desaparición forzada, más de 250 mil víctimas de la ejecución extrajudicial, y en la impunidad que priva a los perpetradores de esta política criminal.

Desde nuestro surgimiento y desarrollo como esfuerzo organizativo en el movimiento popular para mejorar las condiciones de vida, trabajo y contribuir a la superación cualitativa de este régimen oprobioso, hemos sido víctimas en diferentes momentos de la represión masiva y selectiva, con la pretensión de minar nuestra respuesta creativa ante la agudización de la violencia institucional y así restar la solidaridad con la que hemos cobijado a todas las víctimas del pasado y del presente.

Represión que se ha agudizado en los últimos dos años y que se traduce en el asesinato político de nuestro compañero Héctor Sántiz López el 29 de septiembre de 2015, el intento de ejecución extrajudicial de 5 compañeros en la ciudad de México el 7 de noviembre de 2015, la detención desaparición forzada de Fidencio Gómez Sántiz el 5 de marzo de 2016 en Ocosingo Chiapas y la reciente ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz de apenas 13 años de edad en el ejido El Carrizal, municipio de Ocosingo en Chiapas, todos estos crímenes permanecen en la total impunidad.

Reconocemos en ellas a un hermano de clase, sin reparar en el sector al que pertenezca o sus convicciones políticas con las que se conduce en la lucha de clases. Como principio político, la solidaridad se brinda de manera incondicional en la defensa de los presos políticos y la presentación con vida de los detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales, por lo tanto, la necesidad de dar rostro a cada víctima, romper el muro de la indiferencia y el temor mediante la denuncia política, la movilización y acciones políticas de masas.

En Puebla la práctica de este crimen, no es la excepción, pues es política de Estado que trasciende sexenios y administraciones locales y federales, por ser interés y necesidad de clase para preservar su poder y proteger su capital. Así lo atestiguan los casos de ejecución extrajudicial de los luchadores sociales Gumaro Amaro Ramírez y la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial Fermín Mariano Matías y en fechas más recientes el asesinato del Dr. Samuel Malpica, ex rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Como organización de acuerdo a un análisis estadístico que hemos realizado llegamos a la conclusión de que en los últimos 12 años más de 3 mil personas han sido desaparecidas tan solo en el estado de Puebla. Sin embargo, de acuerdo a la lógica de ascenso de estos crímenes consideramos que esta cifra puede ser rebasada exponencialmente, dado que en el estado el tipo penal de desaparición forzada de personas no corresponde con los estándares internacionales y mañosamente intenta ocultar estos crímenes con eufemismos como personas ausentes, extraviadas, no localizadas, con la finalidad de eludir su responsabilidad en la comisión de estos.

Para ser más precisos, en la entidad, desde la versión gubernamental no hay casos de desaparición forzada, todos se pretenden endosar a causas circunstanciales, pasionales o relacionados a la delincuencia organizada, de forma dolosa en los casos de aquellas personas que han sido encontrado sin vida son tipificados de forma expedita, como daños colaterales de la lucha contra la delincuencia organizada.

Muchos de los casos previo a su ejecución extrajudicial estuvieron en la inhumana condición de la detención desaparición, crimen que lleva implícita la tortura, por lo tanto, refleja la esencia criminal de los gobiernos en turno, expresa la dupla represiva que lacera a las masas trabajadoras.

Ante este escenario adverso de crímenes de lesa humanidad que es difícil ocultar con cualquier tecnicismo, el silencio no es una alternativa para el pueblo trabajador, la realidad demanda la unidad de todas las víctimas del terrorismo de Estado y del pueblo en general para luchar y organizarnos antes de ser víctimas.

Atentamente

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de ayer y hoy!
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
¡Presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Juicio y castigo a los responsables de la ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz!
Por la unidad obrero, campesino y popular

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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