Suman 8 violaciones graves a derechos de activistas veracruzanos en 10 meses

, por  Veracruz , popularidad : 8%

Finalmente José Claudio del Ángel, de la Unión de Campesinos Indígena Popular Cuauhtémoc (OCIP-FNLS) de la congregación Laja Primera, del municipio de Tantoyuca Veracruz, señaló que su caso de abuso no fue un accidente, menos un hecho aislado, pues él era un persistente defensor de la propiedad social de la tierra, tenencia ejidal y los derechos comunitarios.

abril 23, 2016 Por Norma Trujillo Báe

En la entidad se registraron ocho violaciones graves a los derechos humanos en contra de defensores de las garantías individuales de los 330 casos que constituyen 488 eventos que afectaron a 248 personas, 47 organizaciones y 35 comunidades del país, de acuerdo con Acción Urgente para la Defensa de los Derechos Humanos (Acuddeh AC), el Comité Cerezo México y de la Campaña Contra la Desaparición Forzada.

De acuerdo con el informe Defender los derechos humanos en México: la represión política, una práctica generalizada del primero de junio de 2014 al 31 de mayo de 2015, se da cuenta de las agresiones, detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en contra de las personas defensoras de derechos humanos, en donde Guerrero lidera las estadísticas.

Guerrero, se indica, es el estado con mayor número de actos de Violaciones a los Derechos humanos (VDH) en general con 202 cometidas; seguido del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) con 140; Chiapas 64 y Oaxaca 55, las cuatro entidades continúan en los primeros lugares donde las estrategias de represión política se mantienen de acuerdo al informe previo.

Dentro de las novedades que en este informe presentaron aparecen los estados donde no se había manifestado en tales cantidades estos actos violatorios de derechos humanos, en los que aparecen Baja California con 75, Puebla y Quintana Roo, ambos con 62 eventos.

Con estas se puede apreciar que se profundizan las políticas neoliberales que despojan a la población de las mínimas condiciones de vida digna, se masifica el uso de estrategias dirigidas a intentar aniquilar e inhibir el derecho humano a la protesta.

En el informe anterior la suma de todos los actos de VDH (agresiones, hostigamiento, amenazas, detención arbitraria, ejecución extrajudicial y desaparición forzada) fue de 675, en este informe alcanzan los 860, lo que indica un incremento en el uso de las estrategias de control social, represión política y contra-insurgente por parte del Estado mexicano en contra de los defensores de derechos humanos.

Los ocho casos de veracruzanos corresponden a Ignacio Romero Carrera y José Luis García Tolentino, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), una organización campesina, con una violación clasificada como hostigamiento que detallan que el 16 de marzo de 2014, en Orizaba, elementos de la policía motorizada los detuvieron cuando se dirigían a su casa, después de haber terminado una actividad que se realizó sobre la campaña nacional de la detención desaparición forzada.

Recuerdan que la policía municipal los retuvo por un espacio de 20 minutos y los sometieron a una interrogatorio sin que hubiera los suficientes motivos para hacerlo, les exigieron identificación oficial, pero nunca informaron acerca de los motivos de la detención, los obligaron a sacar sus pertenencias de una mochila, lo pusieron en el suelo y los revisaron, en todo momento les gritaban que no voltearan y que contestaran lo que les preguntaban, sólo por su forma de vestir los consideró "presuntos delincuentes".

El 26 de septiembre de 2014, Zenyanzen Escobar García, vocero estatal del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), fue detenido-desaparecido y golpeado fuertemente por personas fuertemente armadas que iban dentro de una camioneta blanca, ante la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue dado con su paradero.

La forma en cómo se llevaron a cabo los hechos muestra el sello de los grupos paramilitares, "civiles" que con la aquiescencia del Estado mexicano actúan de manera paralela para tratar de eximir de su responsabilidad a los gobiernos en turno.

De igual modo se dio la aprehensión ilegal de los ejidatarios de Jalcomulco, Veracruz, Adrián Hernández Navarro, Eladio Ruiz Morales y Ernesto Texón Ochoa, que por intereses de la trasnacional Odebrecht por criminalizar a los defensores de la Cuenca del río La Antigua por defender sus tierras y recursos, el 15 de mayo de 2015, fueron detenidos de manera irregular por el Ministerio Público (MP) y llevados con el Juez de Primera Instancia del Juzgado de Coatepec quien los recluyó ilegalmente en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pacho Viejo, por acusaciones falsas de administración fraudulenta en su participación como comisarios ejidales, pues estas ya se había comprobado que eran ficticias y no se contaba con pruebas suficientes para imputarles cargos.

Finalmente José Claudio del Ángel, de la Unión de Campesinos Indígena Popular Cuauhtémoc (OCIP-FNLS) de la congregación Laja Primera, del municipio de Tantoyuca Veracruz, señaló que su caso de abuso no fue un accidente, menos un hecho aislado, pues él era un persistente defensor de la propiedad social de la tierra, tenencia ejidal y los derechos comunitarios.

Ver en línea : Suman 8 violaciones graves a derechos de activistas veracruzanos en 10 meses

Navegar por las