Los que vivimos en Veracruz confirmamos a diario la espiral de violencia contra el pueblo trabajador

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Sierra de Zongolica y sus Valles a 27 de agosto de 2021

A la opinión pública

Quienes vivimos en Veracruz, confirmamos a diario que la espiral de violencia contra los desposeídos es interminable, a pesar de los discursos triunfalistas y de buenos deseos de funcionarios y políticos de oficio la realidad es inocultable, lo comprueba la ejecución extrajudicial de trabajadores de la comunicación, los restos óseos encontrados en las fosas clandestinas, la prisión por motivos políticos y las violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de las diferentes corporaciones policíacas y militares.

La presencia de la Guardia Nacional en la entidad y su coordinación con la Fuerza Civil y la policía municipal es para intimidar a los ciudadanos, se amparan en la ley y en sus armas para actuar de manera prepotente contra todo aquel ciudadano que corre la mala fortuna de caer en sus manos en los retenes que colocan por toda la geografía del estado, eso, aunque se niegue es militarización.

Los abusos de la Fuerza Civil en la entidad veracruzana son reales, no existe día sin que se transgredan los derechos de la población, aunque el Ejecutivo estatal diga que son pueblo uniformado, en los hechos son sujetos desclasados con uniforme al servicio de un gobierno que cada vez se aleja de los intereses del pueblo que dice defender.

Es una corporación policíaca conformada por hombres y mujeres enfundados en uniforme para intimidar al ciudadano, durante este gobierno con facilidad reprimen a quien protesta a quien defiende sus derechos y libertades políticas o por el simple hecho de ser visto como “sospechoso” es motivo para ser detenido o tratado en su lógica como “delincuente”.

Un caso que ejemplifica eso, es el asesinato de dos adolescentes de 14 y 13 años de edad en La Patrona, municipio de Amatlán, por elementos de la Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz el pasado 2 de julio del año en curso. La corporación policíaca argumentó un enfrentamiento con supuestos grupos de gente armada, que dejó dos muertos: los niños que limpiaban una camioneta en el patio de su vivienda.

Las denuncias de los familiares y la comunidad refutan esa versión, señalan que los menores de edad fueron abatidos con saña por elementos de la Fuerza Civil, dispararon sin ningún miramiento por el simple hecho de parecerles sospechosos. El hecho comprueba que los crímenes de estado y de lesa humanidad tienen su origen en las estructuras del Estado.

El gobierno de Veracruz convalidó la versión de un “enfrentamiento” sin escuchar las demandas de los familiares con ello criminaliza a los menores de edad y les da el trato de delincuentes. Eso denota la indolencia y desprecio hacia la vida del pueblo trabajador, quien es el que todos los días sortea la violencia institucional.

La versión que da el gobernador de la entidad no tiene diferencia alguna con la que vertían los gobiernos panistas y priistas, quienes argumentaban supuestos enfrentamientos de los cuerpos policíacos y militares con la supuesta delincuencia organizada; los muertos los pone el pueblo, de ahí las supuestas bajas colaterales o muertes de inocentes, todo con tal de combatir al supuesto enemigo interno. Hoy se continúa con el mismo argumento, lo que comprueba que lo sucedido es práctica y política de gobierno, sexenio tras sexenio se comete contra el pueblo en general y en específico contra el pueblo organizado.

La violencia tiene diferentes expresiones, otra de ellas es el reciente asesinato del trabajador de la comunicación Jacinto Romero en el municipio de Ixtaczoquitlán, quien fue abatido a balazos al interior de su automóvil, días anteriores había sido amenazado por denunciar abusos de la policía municipal. El cometido del crimen expresa la política de gobierno contra las voces críticas al régimen, la característica de ésta es la selectividad de sus víctimas como una forma de contener el descontento popular.

A la ejecución extrajudicial del trabajador de la comunicación suman cuatro periodistas más asesinados en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. El 9 se septiembre de 2020 asesinaron en el municipio de Tezonapa, Julio Valdivia, del Diario el Mundo, fue decapitado y presentaba huellas de tortura; el 30 de septiembre de 2020 fue asesinada la periodista Elena Ferral Hernández, periodista y corresponsal en Papantla del Diario Xalapa; en agosto de 2019, fue asesinado Jorge Celestino Ruiz Vázquez en el municipio de Actopan; crímenes de Estado cometido contra trabajadores de la comunicación en una administración morenista que se jacta de respetar los derechos humanos, entre ellos, la libertad de expresión y manifestación de ideas.

El hallazgo de fosas clandestinas es otro botón de muestra de que la violencia institucional tiene continuidad en la actual administración morenista; el hallazgo de éstas en diferentes partes del estado habla del cometido de múltiples crímenes de lesa humanidad como son la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. Delitos graves que no pueden ser olvidados, tampoco perdonados con un falso perdón.

Las fosas ubicadas en la localidad Campo Grande, municipio de Ixtaczoquitlán por el colectivo de familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, son una muestra de que el cometido de graves violaciones a los derechos humanos no cesa en esta administración; los mismos familiares señalan que hay cuerpos que datan por lo menos de hace tres años, lo que indica que el cometido de ellos fue en esta administración morenista, misma que ha señalado terminar con la violencia que azota los miles de hogares proletarios, no obstante, ésta sigue su curso con el cometido de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

La prisión por motivos políticos se suma a esta ola de violencia, las cárceles albergan a nuevos luchadores sociales, es el caso del compañero Higinio Bustos Navarro, detenido de manera arbitraria el pasado 4 de mayo en el municipio de Chicontepec, Veracruz. Los delitos que le imputan son falsos, fueron fabricados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, quienes tenían por política crear al por mayor falsos culpables. Lo perverso es que la actual administración morenista le dé continuidad a esa política y en sus discursos oficiales diga que en su gobierno no hay represión ni violaciones a los derechos humanos.

Nuestro compañero es preso político de la actual administración morenista de Cuitláhuac García Jiménez; es detenido de manera arbitraria e injusta por pertenecer al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra y luchar por el socialismo en México.

Los casos antes expuestos son botones de muestra de que en el estado de Veracruz la violencia no cesa, tiene continuidad y varias son sus expresiones, desde abusos policíacos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y prisión por motivos políticos, violaciones a los derechos humanos que contradicen los discursos institucionales de “respetar los derechos del pueblo”.

Mientras persista la violencia institucional y sus diferentes expresiones laceren los hogares proletarios, las actividades políticas y jornadas nacionales de lucha tendrán razón de ser, razón por la que realizamos diversas actividades de protesta en el norte, centro y sur de la entidad veracruzana del 23 al 30 de agosto, en el marco del Día internacional de las víctimas de desaparición forzada para denunciar la existencia de la represión contra el pueblo organizado y exigir al gobierno mexicano:

  • Presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en específico la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz.
  • Libertad a los compañeros Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro, presos políticos de la actual administración morenista.
  • Alto a la persecución política de los compañeros la Licenciada en psicología Noemia Calles Ríos, el Licenciado en economía y profesor José Armando Falconi Borraz y el profesor de educación primaria José Manuel Mendoza Vázquez.
  • Alto a la represión contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
  • Audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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