Las atribuciones de los militares contra el pueblo

Ciudad de México a 27 de mayo de 2020

A la opinión pública

Las atribuciones conferidas al Ejército Mexicano a través del reciente decreto presidencial fueron reafirmados y justificados por la legalidad burguesa, éstas son esencialmente para perpetuar la violencia de clase contra el pueblo, cuando manifiesta su descontento o exige sus demandas más sentidas en un contexto económico y político en que la oligarquía requiere de garantías de seguridad a sus intereses.

Una vez más se comprueba que con un discurso en apariencia progresista, y, optimista de los políticos de oficio en materia de seguridad, la realidad se encarga de objetarla. Mediante la legalización de la militarización y con el falso argumento de que el Ejército realizará acciones complementarias en tareas de seguridad pública junto a la guardia nacional, denota cómo el régimen adopta medidas autoritarias para favorecer el orden de cosas burgués en detrimento de las masas.

El gobierno federal contempla el despliegue de 140 mil elementos de la Guardia Nacional para este 2020, esta cifra representa la necesidad de perpetuar la militarización en el país, no sólo con el argumento del combate a la delincuencia sino con el supuesto de pacificar el país, con este discurso pretende ocultar la persistencia de la violencia de clase para objetivar los planes del capital monopolista trasnacional sin importar la vida de los pobres del campo y la ciudad.

Con la legalización de la militarización permite al ejército irrumpir con mayor celeridad en la vida cotidiana de las masas, este es un efecto que al régimen no le interesa en tanto que es el pueblo quien pone las víctimas, para éste la presencia militar en las calles no significa pasar por alto los cánones de los derechos humanos, pero para los oprimidos faculta a las fuerzas represivas taladrar la tranquilidad de las familias proletarias como al pueblo organizado.

Prueba de ello se constata en los hechos derivados por la pandemia y la política sanitaria implementada en el país, asignar el control y seguridad de los ductos de PEMEX no refleja el combate al robo de combustibles, sino atentar contra los intereses de determinados grupos de poder, política que irrumpió en colonias populares y comunidades aledañas.

En el contexto de la contingencia sanitaria, las fuerzas castrenses se encargaron del control y seguridad de la distribución de medicamentos. Esto demuestra que con o sin medidas legaloides la presencia militar es una realidad en espacios que no competen a las fuerzas armadas.

Que los políticos de oficio “garanticen” la adecuada distribución de medicamentos no tiene por qué pasar por las fuerzas militares, atribuirles esta tarea revela la falta de capacidad de las instancias gubernamentales por asegurar el derecho a la salud del pueblo, implica medrar con las necesidades de los pobres para granjear simpatía en las masas y evidencia la ruta privatizadora de los servicios de salud pública.

En el marco de la política sanitaria, el descontento de familiares contagiados con el nuevo coronavirus reveló por un lado que el derecho a la salud del pueblo es escamoteado, se infunde miedo en vez de datos duros y argumentos precisos del fenómeno, por el otro, lejos de atender de manera planificada las demandas, las instituciones oficiales optan por recurrir a medidas policíaco-militares.

Militarizar los principales centros hospitalarios es un síntoma de cómo la política gubernamental reproduce otro padecimiento político-social que los explotados debemos sortear, el riesgo inminente de violaciones graves a los derechos humanos, máxime con la reciente disposición jurídica que propicia la concurrencia de la MARINA, Ejército y Guardia Nacional en tareas de seguridad pública.

La represión, la indolencia y dilación están aparejados a la militarización en el país, fenómenos conjugados en la presente coyuntura. El botón de muestra lo da la reclusión injusta de nuestros compañeros Javier, Armando, Venturino y Asunción, la dilación en el caso de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, por la la desaparición forzada de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, hechos que se traducen en razones políticas para la movilización de las masas, no obstante, en Michoacán nuestros compañeros son hostigados por agentes policíaco-militares por exigir el cumplimiento de nuestras demandas mientras realizan actividades políticas de denuncia a la altura de las vías férreas.

El acto represivo expresa que el Estado, los gobiernos locales de Michoacán y Chiapas, a la Guardia Nacional y la policía no le importa olvidarse de la sana distancia, el respeto a los derechos humanos, mucho menos el eslogan de “quédate en casa”, ni qué decir de los presos políticos recluidos injusta e ilegalmente que no es de interés para el Estado ausentes de sus hogares, porque las fuerzas represivas privilegian el flujo de mercancías más no el derecho a la vida.

Que los hombres del régimen consideren necesario la salida de los militares en tareas de seguridad pública hecha por tierra el de por sí trillado discurso de respetar los derechos humanos, cuando existe documentación y testimonios de familiares de víctimas de la violencia provocada por policías, militares y marinos.

Que los políticos de oficio reduzcan a un problema de conciencia la posibilidad real de que marinos y militares puedan cometer crímenes contra el pueblo denota indolencia y permite la perpetuidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad, demuestra que la prioridad en seguridad no es para los “más desprotegidos” sino a los grandes empresarios.

La salida de los militares a las calles con el pretexto de asumir tareas de seguridad pública resulta inverosímil, porque “Aunque el militar se vista de policía, militar se queda”. El sentido irónico de la expresión nos revela la esencia del estado policíaco-militar, perpetuar los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo.

Como vemos, las atribuciones de los militares trastocan diferentes ámbitos de la vida cotidiana, el hecho descrito ocurrido contra nuestros compañeros en Michoacán expresa que su prioridad es garantizar seguridad al capital más no atender las demandas más sentidas del pueblo.

Desde estas líneas convocamos al pueblo solidario a denunciar en la medida de sus posibilidades las intenciones perversas de las fuerzas policíaco-militares contra nuestros compañeros y a estar atentos al desarrollo de los acontecimientos.

Responsabilizamos de cualquier atentado contra la integridad física y psicológica de nuestros compañeros al gobierno michoacano de Silvano Aureoles Conejo, al gobernado de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, a Alfonso Durazo Montaño y al representante del Ejecutivo Federal.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS