La protesta no tiene fundamento en un capricho personal o en la actitud revanchista

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Ciudad de México a 23 de agosto de 2019

A la opinión pública

El gobierno de la Ciudad de México pretende condicionar el derecho de protesta e intentó conducir por la ruta del desgaste a la justa exigencia de la libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero Javier Gonzáles Díaz. Tal intento de condicionamiento tiene correspondencia con la solicitud del Fiscal en el estado de Chiapas de una prórroga de 30 días más, misma que el Juez de control acepta, con lo cual omite deliberadamente toda la serie de irregularidades que existe en la carpeta de investigación ello condena a nuestro compañero a un mes más de injusta reclusión.

Las autoridades gubernamentales tanto del estado de Chiapas, la Ciudad de México y el Federal deben estar conscientes de que la protesta no tiene fundamento en un capricho personal o en la actitud revanchista, mantenernos en el lugar donde instalamos nuestra actividad hace más de tres semanas tiene origen en una serie de actos represivos que pretenden cercenar la solidaridad del pueblo para con los familiares de los detenidos desaparecidos Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.

No estaba en nuestros planes realizar acciones políticas de masas que para el gobierno federal y de la Ciudad de México resultan “incómodas”, nuestro discurrir organizativo estaba centrado en fortalecer la conciencia política y cultural a través de la realización de talleres pedagógicos, sin embargo, para los representantes de gobierno en la entidad chiapaneca este tipo de tareas son consideradas como una vil actividad criminal.

Después de casi un mes de actividad permanente en el primer cuadro de la ciudad es que existen los primeros acercamientos con representantes del gobierno de la República, sin embargo, no se observa seriedad en los acuerdos asumidos en tanto que el juez de control insiste en sostener como rehén político a nuestro compañero Javier aún después de que se cumplimentó el primer término de la investigación complementaria.

Es un absurdo la propuesta de “reubicar el plantón” a un espacio donde seamos “más visibles”, nuestra actividad política de denuncia no se trata de visibilidad, se trata de soluciones concretas que tiene que ver con la libertad inmediata e incondicional del compañero Javier dado que no hay argumento jurídico para mantenerlo en injusta reclusión.

No hay argumento judicial que justifique mantener al compañero dentro del CERRS. 5, las autoridades gubernamentales están conscientes de que esta actitud es producto de la vocación represiva y profascista del Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca, tal conclusión no es porque la afirmemos nosotros, sino porque en la entidad existen gran cantidad de casos en similares condiciones lo que evidencia el proceder criminal de quienes gobiernan la entidad chiapaneca.

El juez insiste en acomodar los hechos para intentar justificar lo injustificable, una ilegalidad que mantiene a nuestro compañero tras las rejas, es hostigado para hacerlo desistir de la denuncia de tortura y tratos crueles. ¿Acaso quieren encubrir la reputación del fiscal general? ¿Su investidura se verá dañada con una denuncia más de tortura? Eso es algo que la misma ley debe investigar, cómo es posible que exista un criminal como representante de la justicia chiapaneca.

Un diálogo con respeto no corresponde con condicionamientos de ningún tipo, en esto redunda la actitud del gobierno de Claudia Sheinaum al ponderar un acto de parafernalia mientras nuestro compañero pasa momentos valiosos de su existencia en una condición injusta. No estamos obcecados en una necedad, pero no es con amenazas como podremos establecer acuerdos políticos para solucionar un conflicto que dejaron crecer hasta estos momentos.

No pueden considerar nuestra exigencia como un acto intransigente, fueron las autoridades de gobierno chiapaneco quien dejó crecer un problema que pudo resolver desde un principio, por ello, la insistencia de “reubicarnos” que hoy muestran representantes del gobierno de la CDMX ante este evento resulta una ofensa, porque ahora hasta albergue, médico y otras cosas ofrecen como si con eso se resolviera nuestra demanda.

Nos piden el voto de confianza en las autoridades gubernamentales, pero la solución a nuestras demandas no se trata de confianza, se trata de hacer prevalecer los principios que promueve el partido MORENA, mismo que también identifica al gobierno de la Ciudad de México. Con su silencio se convierten en cómplices o por lo menos otorgan su beneplácito por los saldos deleznables que la política represiva causa al pueblo.

No se confundan funcionarios que se identifican con la sigla de MORENA, este conflicto lo generó un gobierno que se identifica con sus mismos principios políticos, personajes criminales que dicen respetar la “mística del gobierno de AMLO” pero que en los hechos reprime igual que sus antecesores del PVEM, PRI y PRD, ante ello, qué sugieren ¿condicionar la denuncia?

Respuestas serias y concretas es lo que solicitamos, no un diálogo que únicamente busca simular la atención para conducirnos al desgaste. El señor presidente sabe de lo que significa la lucha callejera, en esta condición instaló una acción de protesta por más de un año, qué los hace suponer que nosotros no estamos preparados para una eventualidad de esa naturaleza, máxime cuando está en juego la libertad de nuestro compañero Javier y la amenaza de nuevas aprehensiones con las supuestas 111 carpetas de investigación.

El plantón político frente a Palacio Nacional es un acto de protesta ante las injusticias de las que hacen gala el gobierno de Chiapas; brindar solidaridad a los familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya no es un delito.

Atentamente

¡Libertad inmediata e incondicional de nuestro compañero Javier Gonzáles Díaz!
¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!

Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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