25 de mayo no se olvida es de lucha combativa

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Ciudad de México a 25 de mayo de 2018

A la opinión pública

Hoy se cumplen 11 años de la detención desaparición forzada de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, tiempo y espacio en el que la impunidad cobija a los responsables materiales e intelectuales. A la distancia está comprobado que los crímenes de lesa humanidad son política de Estado con el objetivo de minar la capacidad creativa del pueblo trabajador ante la explotación y opresión capitalistas.

Los subterfugios que emplea el Estado mexicano para justificar el terrorismo como su política caen cada uno por su propio peso, no son capaces de sostenerse ante la realidad nacional donde el vínculo que direcciona el cometido de crímenes de esta naturaleza es cada vez más nítido, la relación intrínseca entre el poder económico y político.

A poco más de una década no queda la menor duda que la desaparición forzada de Gabriel Alberto y Edmundo es un crimen de Estado, cuya motivación es eminentemente política porque ambos son reivindicados por un partido revolucionario y definidos como comunistas.

La desaparición forzada es en sí misma un crimen atroz, sin embargo, cuando se comete contra luchadores sociales cuyas convicciones políticas determinan abrazar la causa del socialismo, es un crimen que potencia su naturaleza represiva, porque con éste se pretende coartar su actividad política, pero también cercenar la capacidad creativa del organismo político que los tiene en sus filas y generar la desmoralización en todo el pueblo.

El caso de ambos luchadores sociales es significativo para ilustrar esta política gubernamental, porque a más de una década del cometido del crimen, la impunidad es el distintivo que identifica a las administraciones federales para atender el caso. Desde Felipe Calderón hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, la dilación y opacidad se mantienen incólumes en los avances jurídicos del caso.

Existe testimonio irrefutable que en la objetivación de la desaparición forzada participó un operativo de diferentes instancias policíacas, evidencias que obran en expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Poder Judicial de la Federación, hecho que nos demuestra que no existe falta de voluntad para la investigación del caso, sino la consigna de Estado de cobijar con la impunidad a los perpetradores.

El caminar por los vericuetos de la justicia institucional es una peregrinar largo y complejo, sin embargo, hoy es la prueba sustancial que demuestra que en los crímenes de lesa humanidad no existe un hilo casual, sino que son un fenómeno causal donde el objetivo gubernamental es sembrar el terror en la población e intentar frenar el desarrollo del movimiento popular en lucha contra sus opresores.

Desde las instituciones quisieron corporativizar la lucha de miles de familiares de víctimas con la aprobación de una ley a modo, medida leguleya que únicamente enreda más la madeja de la justicia gubernamental, convierte aún más tortuoso el camino por la inexistente justicia para las víctimas y aumenta la maraña burocrática con el objetivo de conducir a la frustración el movimiento de víctimas.

La necesidad de una ley que mínimamente se proponga resarcir el daño causado a millones de familias proletarias es real, pero eso no significa que por esta premisa se acepte una legislación que procura impunidad. Por irónico que parezca, el caso de los luchadores sociales detenidos desaparecidos, a pesar de ser el más emblemático de la historia reciente de nuestro país, no figura dentro de la estadística gubernamental.

De la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel en mayo de 2007 hasta el múltiple crimen de Estado cometido contra normalistas de Ayotzinapa media todo un proceso de cometido de crímenes de lesa humanidad, por ende, es preciso considerar cada caso con sus especificidades puntuales, porque en ellas se encuentra el hilo conductor de la actual política de gobierno.

A Gabriel y Edmundo se les detiene y desaparece de manera forzada por su condición de revolucionarios, por sus convicciones políticas enmarcadas en el ideal comunista. Esta es la verdad que a la distancia es imposible negar, porque la lucha de clases y las expresiones de creatividad popular existen independientemente de las voluntades personales.

Ayotzinapa sobresale en la palestra nacional por la cantidad de víctimas, por la configuración de un entramado de crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura… sin embargo, aún pesa en las concepciones la idea maniquea vertida desde el Estado de endosar su cometido a la multicitada delincuencia organizada.

Entre las víctimas no debe existir distinción porque todas son producto de la política de terrorismo de Estado, sostener que la garantía de asegurar la justicia es mantenerse al margen de los casos “políticos” significa un sofisma.

Todos los casos en esencia son casos políticos, no existe una separación mecánica entre aquellos cometidos por motivos políticos o sociales, porque a las víctimas las identifica su condición de clase, su pertenencia a las masas trabajadoras, de donde se desprende que esta política criminal tiene objetivos contrainsurgentes bien determinados.

El terrorismo de Estado golpea a todos por igual, no existe un sector de la población que se mantenga indemne a esta política, por lo tanto, si aún no hemos sido tocados por el brazo represor, no hay ninguna garantía de mantenerse en esta condición.

La generalización de los crímenes de lesa humanidad llama al pueblo trabajador a no mantenerse indiferente, la apatía entre hermanos de clase tarde o temprano conduce a colocarse del lado de los enemigos. Es preciso reconocer entre las víctimas al hermano, al padre, la madre, al ser querido y en consecuencia, desarrollar práctica política para arrancarlos de esa condición deleznable.

Once años han transcurrido desde aquel 25 de mayo, el tiempo en el que diversas organizaciones populares, comités de familiares, colectivos estudiantiles, organismos defensores de los derechos humanos y personalidades progresistas caminamos hombro a hombro en una ruta de coordinación; a la fecha otras víctimas se han sumado, situación que llama a redoblar esfuerzos para arribar a la unidad de movimiento de víctimas y a la unidad de todo el pueblo.

A los nombres de Gabriel Alberto y Edmundo se suma el de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz; Leticia Galarza Campos; de las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Teodulfo Torres Soriano; Francisco Paredes Ruiz; Carlos René Román Salazar; Lauro Juárez; 43 normalistas de Ayotzinapa… y una larga incuantificable de más de 300 mil víctimas del terrorismo de Estado.

¡Todos somos víctimas del terrorismo de Estado! ¡Todos padecemos las nefastas consecuencias se esta política criminal! ¡Todos estamos ante el llamado de desarrollar e incentivar la creatividad popular para poner un freno a la vocación profascista del actual régimen!

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Ni perdón ni olvido, castigo a los criminales de Estado!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS)

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