A tres años de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas el crimen de Estado y de lesa humanidad permanece en la impunidad

, por  Ciudad de México , popularidad : 3%

26 de septiembre de 2017

A los medios de comunicación nacional y del extranjero
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones populares, democráticas e independientes
Al pueblo en general

Tres años de los sucesos represivos contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, son la confirmación del cometido de múltiples crímenes de Estado y de lesa humanidad en todo el país al amparo de la política del terrorismo de Estado; con toda la información que se documenta por parte de familiares, expertos internacionales, organismos defensores de derechos humanos y organizaciones populares solidarias, no hay duda que son crímenes de Estado.

El caso Iguala no es la excepción en el cometido del crimen de la desaparición forzada, igual que éste, existen en nuestro país miles de casos que dan muestra que este crimen de ejecuta de manera sistemática; por lo tanto, la pretensión de endosar su cometido en policías de un rango inferior en colusión con el crimen organizado es una coartada perversa con la cual el Estado mexicano pretende eludir su responsabilidad.

La realidad es testaruda y hoy nadie puede poner en tela de juicio que estos crímenes fueron cometidos por agentes del Estado, más allá de la cadena de mando en quien recayó la responsabilidad material, si fueron policías municipales, federales o agentes del Estado encubiertos al amparo de la acción de un grupo paramilitar, todos ellos reciben órdenes desde el ejecutivo federal y cobran nómina en las estructuras del Estado policíaco-militar.

La mentira que fraguó el Estado cayó por su propio peso, se confirmó en todo este tiempo que los mecanismos científicos y jurídicos dentro del caso fueron manipulados de forma dolosa para imponer una realidad que aleje a los familiares de la senda de la justicia. Esa mentira histórica que aferradamente sostienen los voceros del Estado mexicano, es la expresión de la política gubernamental que se aplica hacia todos los casos de desaparición forzada en nuestro país.

La versión oficial pretende ocultar la verdad de los hechos, los cuales son reales y concretos; está consumado el crimen de lesa humanidad de la desaparición forzada de 43 estudiantes; fue consumada la ejecución extrajudicial de 6 personas, tres de ellos estudiantes y tres pobladores de Iguala; los perpetradores vestían uniformes oficiales, mientras la policía federal imponía el cerco de seguridad al tiempo que desde las estructuras castrenses de comandaba todo el operativo, esta es la verdad de los hechos.

Incluso la versión oficial compromete más al Estado, porque existe el reconocimiento de que fueron varias de sus estructuras de alto nivel las que tuvieron conocimiento de los acontecimientos casi en tiempo real, sin embargo, la actitud que se asumió fue de aquiescencia, en tanto policías municipales, estatales, federal, el ejército, lograban du cometido.

Los diferentes funcionarios gubernamentales que estaban en su gestión en ese tiempo, incluido el mismo gobernador Ángel Aguirre Rivero, cerraron filas a favor del Estado, lo que habla de una coordinación en todos los niveles de gobierno para imponer el terrorismo de Estado, estos mismos funcionarios son los que no se cansan de repetir la mentira oficial para extender el manto de impunidad sobre los autores materiales e intelectuales de estos múltiples crímenes de Estado.

Durante tres años se logra confirmar que no hay ninguna garantía para no ser víctima de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, independiente de que gobierne un partido de oposición, todos se rigen por las leyes del funcionamiento del Estado policíaco-militar, por lo que no son meros conductos, sino que en los hechos son también copartícipes de los crímenes de lesa humanidad.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) es corresponsable de los crímenes de lesa humanidad y de Estado que se cometen en los estados de Guerrero, Morelos y Michoacán; de la misma manera también el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas con Manuel Velasco Coello a la cabeza y el PRI en diferentes estados del país; todos estos gobiernos estatales en coordinación con el federal ejecutan la desaparición forzada de personas bajo la misma lógica contrainsurgente.

El fenómeno de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial sigue en crecimiento, y en este proceso se avizoran nuevas formas para su concreción; de esta realidad el estado de Veracruz aporta pruebas irrefutables de que se cometen sin ningún miramiento, más que el imponer a sangre y fuego el terror en la población y favorecer el despojo de los recursos naturales, escenario en el cual ningún funcionario ni agente es castigado.

Si el crimen de desaparición forzada de personas y la ejecución extrajudicial siguen en crecimiento, la lista de las víctimas es aún larga y para a algunos parece exagerado que se sostenga que son más de 750 mil víctimas las que este flagelo ha generado, sin embargo, según notas periodísticas nos hablan de que la violencia es sistemática y generalizada, por lo tanto, las cifras del terrorismo de Estado son aún inconmensurables.

Esta es la verdad que llevó a cientos de familias a organizarse y luchar exigir una ley contra la desaparición forzada de personas, necesidad que se vio materializada en propuestas hechas por familiares, organizaciones populares y organismos de derechos humanos presentaron ante el legislativo, no obstante, desde poder de la federación se pretende imponer una ley a modo para extender el halo de impunidad para los perpetradores y escamotear la justicia para las víctimas.

Una ley que no obedezca al dolor y a las exigencias de las víctimas de familiares y organismos defensores de derechos humanos, sólo beneficia a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, la exigencia se mantiene en una ley que siente las bases para erradicar estos abominables hechos. Por muy grande que sea el dolor por la pérdida de un ser querido, violentamente por la desaparición forzada, que por sí misma no deja de ser violenta, no podemos ceder a los chantajes que se hacen desde las instituciones y funcionarios del régimen.

La perversidad de los representantes gubernamentales no tiene límites, porque todo quieren tasar en términos económicos, el problema es muy grave que no se puede cuantificar en términos monetarios, porque no es un animal, cosa inmaterial a la el crimen de lesa humanidad le pretende arrebatar su esencia humana, por lo tanto, no es correcto lucrar con el dolor de los familiares que tienen un ser querido en estas inhumanas condiciones.

No nos faltan, uno, dos tres, no son 43 son cientos de miles las víctimas del terrorismo de Estado y por cada uno de ellos hay una razón y bandera de lucha, una exigencia contra este gobierno represivo. La exigencia de la presentación con vida y la elaboración que sanciones los crímenes de lesa humanidad no están sujetas a coyunturas electorales, tampoco a la política de proyectos productivos para las ONGS que lucran con el dolor y desgracia de las víctimas.

Ante un fenómeno que cada vez se incrementa de forma exponencial la necesidad de poner nombre, rostro y apellido a cada una de las víctimas; la lucha nos convoca a mantener las banderas en alto de la presentación con vida de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya; Teodulfo Torres Soriano; Daniela y Virginia Ortiz Ramírez; Carlos René Román Salazar; Lauro Juárez;… y las más de 750 mil víctimas del terrorismo de Estado.

Hoy nuestro pueblo padece en su ser las secuelas más infames de un fenómeno natural, pero que en los hechos sacó a flote la realidad paupérrima en la que nos desenvolvemos millones de mexicanos; no debe quedar duda que en términos cuantitativos, las víctimas mortales que dejaron los sismos de hace unos días las identifica su condición de pobreza, la cual aunado a la corrupción que carcome las estructuras del poder burgués, son la causas de tan lamentables pérdidas.

Los políticos de oficio nuevamente intentan sacar tajada del dolor de las víctimas con el favor que les prestan algunos medios de comunicación, tal como quedó evidenciado en el montaje que orquestó Televisa, algunos mandos de la marina y el secretario de educación Aurelio Nuño, para apuntalar la personalidad mediática de alguien que se postula como fiel aspirante de Los pinos por el partido en el poder.

No es tiempo de voltear la mirada ante el terror que emana del cometido de crímenes de lesa humanidad por todo el territorio nacional, no es momento de abandonar la exigencia de presentación con vida aunque el dolor se quintuplique por fenómenos naturales; es tiempo de incentivar la lucha popular, de exigir una ley contra la desaparición forzada que se apegue a los estándares internacionales y mantener la exigencia de juicio y castigo a los criminales de Estado.

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen en el país!
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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