A dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de 6 personas

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Ciudad de México a 26 de septiembre de 2016
A las familias víctimas del terrorismo de Estado
A los organismos defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional y del extranjero
A las organizaciones populares
Al pueblo en general

El 26 de septiembre se cumplen dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de 6 personas más, entre ellas 3 estudiantes. Acto represivo en que el Estado mexicano a través de sus distintos cuerpos policíacos, militares y paramilitares, cometió múltiples violaciones a los derechos humanos. Para el pueblo no hay duda es un crimen de Estado y de lesa humanidad.

Durante este tiempo, la respuesta del Estado a los familiares ha sido la misma hacia todas la víctimas, la indolencia, el burocratismo, la negación del crimen, dilación y desgaste; lo que en los hechos constituye una política de Estado para cubrir con el manto de la impunidad a los responsables, desde las policías municipal, estatal, federal hasta la SEDENA, que conducen en cadena de mando al ejecutivo federal.

Lo sucedido con los estudiantes normalistas constituye el botón de muestra de lo que sucede en todo el país con los más de 300 mil detenidos desaparecidos por motivos políticos o sociales, la política del Estado es la misma, desgastar a los familiares para que dejen de exigir su presentación con vida y pretendan olvidar el hecho.

El caso Iguala no marca el parteaguas de las desapariciones forzadas en el país, es el hecho que demostró de manera dolorosa lo que ya se denunciaba, que este crimen de lesa humanidad tiene sello de Estado. Sensibilizó a amplios sectores de la población que hasta ese momento daban el beneficio de la duda a la denuncia, porque este caso hacía inocultable el terrorismo de Estado como política de gobierno.

Los familiares tocan puertas de las diferentes instituciones y los funcionarios sólo responden con un vengan mañana o no hay nada, como si se tratase de un objeto al que hay que buscar, cuando lo que se exige es la presentación con vida de personas que tienen una familia, son padres, hijos, hermanos o esposos. Cuando son integrantes de una organización popular, por el simple hecho de ser miembro de ella son sometidos a graves violaciones a los derechos humanos, porque atentan contra su vida, su integridad física y psicológica.

Cuando no tienen ninguna militancia política, por el simple hecho de ser parte de las filas de proletariado son sometidos a este flagelo, sólo revisemos, todos los que han sido detenidos desaparecidos son trabajadores, luchadores sociales, activistas políticos, revolucionarios, amas de casa, obreras, obreros, campesinos, profesionistas…, pero en la lista no figura un hijo de burgués, ni un político de oficio; es el proletariado mexicano la víctima de esta política de Estado.

La desaparición forzada es una política de gobierno que no se circunscribe a coyunturas políticas de los cambios de gobierno, es la expresión del terrorismo de Estado en el país, que no termina, porque al ser una política se práctica con el propósito de infundir miedo para que el pueblo no proteste contra las reformas neoliberales, no se organice y no cuestione la miseria, pobreza y hambre en la que se vive.

Esta política por más que se quiera ocultar la sistematicidad y la generalización con se comete, no se puede, porque no hay rincón del país donde el pueblo no cuestione por esta práctica y donde no exista una víctima de este crimen. Son cada vez más las denuncias de los familiares las que demuestran la responsabilidad de los cuerpos represivos en el cometido de este crimen tan deleznable.

Prueba de ello son las resoluciones 29/2014 a favor de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; y la 1035/2015 a favor del Sr. Juan Flores Solorio, emitidas ambas por el Poder Judicial de la Federación y que hasta el momento la instancias implicadas se niegan a acatar, concretamente la Secretaria de la Defensa Nacional, es decir, los militares.

En los hechos ambos recursos jurídicos obtenidos a través del juicio de amparo, son una muestra de la responsabilidad del Estado en el cometido de crímenes de lesa humanidad, porque es imposible ocultar la responsabilidad gubernamental que los jueces fallan en favor de las víctimas.

En ambas se ordena la apertura de cuarteles militares para su búsqueda y se señala la responsabilidad de estas instituciones en el cometido de este crimen, sin embargo, la respuesta es la impunidad, donde las declaraciones rayan en la bravuconería por parte de los altos mandos militares; se van abrir hasta que sean sentencias definitivas, lo que en los hechos refleja la protección a los cuerpos castrenses y la impunidad como política de Estado.

A pesar de ser evidente la larga lista del terror provocada por la desaparición forzada, en el país no existe una ley general contra este flagelo, la omisión de ambas cámaras de discutir un recurso legislativo apegado a las víctimas, más allá de representar falta de voluntad política significa que es una política de Estado no hacer nada para erradicar las desapariciones forzadas, no existe la mínima intención de terminar ni sancionar a los responsables. Es la misma razón por la que no se acatan las resoluciones, emitidas por el poder judicial de la federación.

Los logros obtenidos hasta el momento son por la lucha decidida de los familiares, organizaciones populares, defensores de los derechos humanos y los recursos jurídicos, es mediante las acciones políticas de masas y la denuncia que se ha logrado evidenciar esta política de Estado, en la coordinación de la lucha política y jurídica.

Ayotzinapa es una herida abierta para todo el pueblo, como también lo es la desaparición forzada de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, Fidencio Gómez Sántiz, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez del MULT; Carlos René Román Salazar, Teodulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Lauro Juárez… y las más de 300 mil víctimas. Por lo tanto, es todo el pueblo quien en su acción política exige su presentación con vida.

Si nos identifica el mismo dolor y la misma indignación, se torna necesaria la unidad de todas las víctimas del terrorismo de Estado; desplegar la acción creadora de las masas con combatividad ante cada desaparición forzada; movilizarnos y denunciar los responsables de este crimen de Estado; porque en cada víctima se identifica a un hermano de clase.

¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos por el régimen!
¡Alto al terrorismo de Estado!
¡Alto a la criminalización de la pobreza y protesta popular!

¡Por la unidad obrera, campesina y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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