Fragor y resistencia No 5. La desaparición forzada en el Estado de México

Estado de México a 9 de septiembre de 2023

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La desaparición forzada en México es una grave violación a los Derechos Humanos que persiste y es recurrente, se utiliza para acallar la protesta y la organización popular desde finales de los años 50´s del siglo pasado, del 2000 a la fecha se implementa como parte del terrorismo de Estado, con sus diferentes matices según la administración en turno.

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, cuya responsabilidad la tiene el Estado, por comisión, omisión o aquiescencia, perpetrada por las corporaciones policíacas, militares o por medio de grupos paramilitares. No se le puede catalogar como “desaparición de personas” a secas, levantones, secuestro, etc.; llamarla de esta manera busca quitarle el carácter político y negar la responsabilidad del Estado en el cometido de esta grave violación a los derechos humanos.

Las víctimas de desaparición forzada, en las cifras oficiales, se cuantifican en más de 111 mil en el país, más del 60% de las víctimas son jóvenes, entre 15 y 25 años en el caso de las mujeres y en los hombres es entre los 20 y 30 años.

La magnitud demuestra que éste hecho es dirigido contra la juventud mexicana, se infunde terror para evitar la organización popular, ya que tiende sumarse de manera más dinámica a los procesos organizativos, ejercer crítica política y mantenerse en la lucha popular por más tiempo.

El estado de la república que ocupa el primer lugar en desapariciones forzadas es el Estado de México, con la particularidad de que es la única entidad que tiene un mayor índice de mujeres desaparecidas respecto a los hombres, con un 50.21% y una incidencia entre los 10 y 19 años en su mayoría; mientras que el 49.79% corresponde al sexo masculino, de entre 15 a 34 años.

Para poder entender estas cifras requerimos conocer las condiciones en que se encuentra la entidad mexiquense, tiene un gran índice de pobreza, cinturones de miseria y altos índices de precariedad; es un estado en el que se encuentran corredores industriales con capital transnacional, alta concentración de fuerza de trabajo y amplia producción de mercancías, por lo tanto, requiere de un gran número de trabajadores, en su mayoría jóvenes, con la característica de que las mujeres están incorporadas a la vida productiva bajo el régimen capitalista.

El cometido de crímenes de lesa humanidad en las grandes zonas industriales, sumado al incremento de la descomposición social, es producto del modo de producción capitalista; donde hay desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales son lugares importantes para la producción y el tráfico de mercancías, son territorios que concentran recursos naturales utilizados por las empresas transnacionales; ahí donde se instaura el capital financiero internacional, se despoja y se comete múltiples violaciones de derechos humanos contra el pueblo trabajador.

A partir del 2018, en la entidad se registran 16 mil 518 desaparecidos de manera forzada, siendo los municipios con mayor índice Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y Chalco, municipios en los que se concentra el grueso de la población trabajadora y en la que hay mayor inversión de capital internacional financiero.

Este hecho nos demuestra que no importa que color de partido político o político de oficio se encuentre en el poder, esta violencia de Estado se infunde como práctica del propio modo de producción capitalista.
Es mentira que donde existe “violencia” no hay inversión de capital, al contrario, la violencia institucional se ejecuta en las zonas donde hay mayor atraso cultural, mayor pobreza y miseria, ya que esto genera las condiciones para poder desplazar de manera forzada y despojar al pueblo de su lugar de origen o recursos.

No es obra de la casualidad que el territorio mexiquense tenga el mayor número de detenciones desapariciones forzadas, lo que se vive en las zonas conurbadas es producto del proceso de acumulación originaria del capital, en donde se genera terror para despojar territorios, desplazar de manera forzada, por medio de desapariciones forzadas, que pueden culminar en ejecuciones extrajudiciales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, ejemplos son las fosas clandestinas que se han encontrado en el Estado de México.

Los crímenes de lesa humanidad se dan en un contexto de violencia institucional, en el que se arrebatan territorios a pueblos campesinos, se despojan los recursos naturales, como es el agua o los bosques; también se cometen contra defensores de derechos humanos, de trabajadores de la educación que defienden el derecho a la educación y al trabajo, activistas sociales, luchadores por el derecho a la legitima posesión de la tierra; contra la clase trabajadora, contra la comunidad LGBTTTQ+ y la juventud.

A pesar de que el Estado está obligado a atender los casos de desaparición forzada y preponderar la búsqueda con vida de las víctimas, organizaciones y colectivos de familiares de víctimas denuncian que las búsquedas de los detenidos desaparecidos se dan principalmente para encontrar los cadáveres, se buscan muertos y no vivos.

Hecho que demuestra que el Estado no pretende dar justicia a las víctimas, sino que de facto los da por muertos, lo que hace que a los familiares se les revictimice y se apueste por su resignación de que están sin vida sus familiares, para así evadir la responsabilidad política del Estado en el cometido de dicho crimen.

Ejemplo de ello es la fosa clandestina que se encontró en un salón de eventos sociales en Tenango del Valle, donde se hallaron 20 cuerpos; madres buscadoras intentaron tener
acceso para identificar a sus hijos, la respuesta de las autoridades fue el burocratismo y la
indolencia.

Les negaron información, ocultaron los restos y desinformaron acerca del lugar adonde se llevaron los cuerpos, les dijeron que podrían estar en Toluca o en Ixtapan de la Sal; estos hechos reflejan la política respecto a las víctimas y familiares, ya que las autoridades no buscan darles justicia, cínicamente les dijeron: “ya pasaron 12 años y ya no es un hecho reciente, entonces ya lo tienen que superar”, lo que demuestra la displicencia de las autoridades ante el dolor de los familiares de las víctimas.

Otro dato que muestra la cruda realidad en la que se encuentra el Estado de México es el aumento exponencial de las desapariciones forzadas en el territorio, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se registraron 2 mil 530, comparado con los 2 mil 660 detenidos desaparecidos registrados en el primer semestre del 2023.

Los datos representan el aumento de la violencia institucional que se vive en el país desde el 2006, por los intereses de diferentes grupos de poder económico en pugna que luchan por el control del Estado, el incremento del descontento popular y la descomposición social, se agudiza la violencia del Estado contra los explotados y oprimidos.

En la entidad mexiquense se registran 49 mil 467 familias que han padecido un caso de desaparición forzada, de acuerdo a los datos oficiales, pero la realidad difiere en cantidad, porque los familiares en muchas ocasiones no denuncian por temor, lo que produce un estimado que triplica el número de casos.

No basta con exigir que se encuentren a las víctimas en las condiciones que sean; es necesario elevar nuestra exigencia y protesta, señalar la responsabilidad política del Estado, organizarse en torno a la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos de manera forzada del país, exigir el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, la reparación del daño y el acceso a la justicia para las víctimas. ¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS