La presentación con vida de los detenidos desaparecidos es un pendiente que sigue sin cumplirse a un año de emitida la sentencia 51/2020

Ciudad de México a 21 de agosto de 2023

A la opinión pública

La presentación con vida de los detenidos desaparecidos es un pendiente que sigue sin cumplirse a un año de emitida la sentencia 51/2020

La presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es un pendiente que sigue sin concretarse en lo que va de la administración del Lic. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a un año de ser emitida la sentencia 51/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En ese mismo tiempo el cometido de más crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos emergen como el mecanismo represivo para tratar de inhibir la exigencia de justicia y castigo a los responsables de tan abominable crimen.

Pese a la condición de brevedad que estableció la SCJN para el cumplimiento de la sentencia por tratarse de una violación grave a los derechos humanos, el tiempo transcurre sin que se de la administración federal se den pasos serios para acatar dicha orden judicial.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es la institución que más obstáculos arguye para acatar la sentencia, se niega a proporcionar información valiosa que puede establecer la suerte y el paradero de los detenidos desaparecidos, sin embargo, desarrolla una estrategia de dilación y burocratismo para simular la atención al caso.

El gobierno federal extiende un manto de impunidad sobre la institución castrense que se caracterizó por el cometido de crímenes de lesa humanidad y de Estado en los sexenios abiertamente represivos, en el actual, si bien no hay una orden explícita de desarrollar una política represiva, la realidad indica que las violaciones graves a los derechos humanos aún se cometen, lo que revela la continuidad de la violencia institucional.

El proceso de mesas de trabajo del gobierno federal y los familiares de las víctimas con sus acompañantes y defensa jurídica en la Comisión Especial de Búsqueda (CEB) se encuentra entrampado en un proceso donde la parte institucional pretende ganar tiempo para alargar la justicia. Tal actitud los coloca en corresponsables del cometido de un crimen de naturaleza profascista por su carácter de imprescriptibilidad.

La indolencia e indiferencia está expresado en la incorporación de funcionarios que no poseen la capacidad logística y operativa para cumplir con la sentencia judicial, con ello develan una condición inhumana que revictimiza a las víctimas y sus familiares, en su concepción, un detenido desaparecido se “esfumó” como por arte de magia, por su voluntad o “´porque en algo andaba”.

Por el trato que dan tanto a la CEB como a las conclusiones que elaboró el GEEI por el caso Iguala, se desprende una concepción maniquea, que los detenidos desaparecidos se merecieron lo que les pasó y pretenden colocar una aureola de inmaculados sobre la institución castrense que de antaño es la encargada de objetivar la violencia institucional para imponer los intereses empresariales.

El fenómeno de las desapariciones forzadas en el país es descomunal, no importa con qué artilugio discursivo empleen desde Palacio Nacional, la realidad emerge por todo el territorio nacional. La cifra de 110 mil víctimas de este crimen de lesa humanidad es sólo el botón de muestra que ilustra la magnitud del desangramiento de las masas proletarias.

Es irresponsable la aseveración del gobierno federal de impulsar un nuevo padrón para establecer la verdad de que muchos desaparecidos ya “han regresado”, ello demuestra que coloca en tela de juicio la veracidad de la denuncia de miles de familiares que reclaman la presentación con vida de sus seres queridos.

El reduccionismo en el análisis sólo les permite advertir que la denuncia que realizan los familiares de víctimas es con el propósito de desprestigiar la investidura de una administración gubernamental sin reparar en el hecho de que la violencia emana de las instituciones que se amparan a determinado grupo de poder económico y político.

Los gobiernos panistas y priistas pretendieron acallar nuestra denuncia y exigencia política con el cometido de más crímenes de lesa humanidad, eso los evidenció en su condición y naturaleza profascista. En la presente administración existe una lógica en el cometido de crímenes que pretende inhibir la solidaridad, ello hace cuestionarse si de verdad la represión dejó de ser la respuesta a las demandas más sentidas del pueblo.

No hay casualidad en la resistencia de la SEDENA y el cometido de violaciones a los derechos humanos en nuestra contra, desde el año 2007 que decidimos brindar nuestra solidaridad, el Estado mexicano desarrollo una serie de acciones represivas con el propósito de impedir la denuncia.

En el año 2015 existió una política de seguimiento y represión evitar el desarrollo de las actividades políticas, el punto más álgido se vivió con el intento de ejecución extrajudicial de 5 compañeros en la Ciudad de México, todo esto en el marco del desarrollo de la Gira Nacional para dar a conocer la resolución 29/2014 que ya apuntaba a la responsabilidad de militares en el cometido de este crimen.

La desaparición forzada del compañero Fidencio Gómez Sántiz en marzo de 2016 se enmarca en esta misma espiral de violencia institucional con la intención de frenar la exigencia de presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ante la demanda de justicia por un crimen atroz, el Estado mexicano responde con el cometido de otro de igual naturaleza profascista.

La ejecución extrajudicial del compañero Humberto Morales Sántiz en febrero de 2018 ilustra la pretensión del Estado mexicano de frustrar el desarrollo de una jornada de lucha, previo al arranque de una actividad política que iniciaba en Chiapas, es cometido este crimen de lesa humanidad para generar zozobra y pretender inhibir la solidaridad popular.

En el año 2019 se mantuvo esta ola de violencia y represión, ahora bajo la cobertura de un gobierno federal que se presentaba con la bandera de la defensa de los pobres. La particularidad de esta administración es que utilizó la ley y la cárcel para generar desgaste y frustración.

En julio de este año es detenido desaparecido el compañero Javier Gonzáles Díaz y presentado posteriormente en instalaciones de la cárcel municipal de Las Rosas, Chiapas y finalmente recluido por más de dos años en el Centro Estatal de Reclusión para Sentenciados (CERS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; en septiembre es detenido injustamente el compañero Armando Hernández Sánchez y privado de la libertad por más de 2 años; en octubre son detenidos de manera injusta los compañeros Venturino Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez y recluidos injustamente en el centro penitenciario El Amate, en Cintalapa, Chiapas.

De lo antes señalado es necesario destacar que, en los primeros dos casos, la fiscalía se desistió por falta de pruebas que inculpara a nuestros compañeros, ambos salen absueltos de los cargos que se les imputaban, lo que demuestra su inocencia y la injusticia cometido en su contra. En el último caso, los compañeros ganan el proceso jurídico y con ello se demuestra nuevamente su inocencia, con ello queda comprobado la estrategia gubernamental del golpeteo político desde la ley y la cárcel.

En el mes de junio del año 2020 es privado de la libertad el compañero Profr. Leobardo Reyes Meza y sale a la luz pública la persecución política de dos compañeros más, de Noemia Calles Rios y Jorge Ceja Ramos, los tres señalados de cometer actos antijurídicos en el marco de las acciones políticas de masas para exigir la presentación y libertad del compañero Javier Gonzáles Díaz.

La prisión injusta del compañero Higinio Bustos Navarro se suma a la lista de acciones represivas e ilustra la serie de maniobras jurídicas para desacreditar nuestra lucha para pretender aislarnos de la solidaridad popular. Su condición de preso político se ha extendido por más de dos años, con la particularidad de que se observa la sevicia de jueces, directores de penales y el gobernador para mantener una injusticia elaborada exprofeso en la administración calderonista con base en infundios y calumnias.

El último acontecimiento de naturaleza profascista lo vivimos con la ejecución extrajudicial del compañero Gregorio De la Cruz De la Cruz, crimen que sigue la lógica de generar zozobra para pretender impedir la movilización popular. La perversidad y el sadismo con el que se ejecutó el crimen no deja a lugar a dudas que se trató de un móvil político, características que señala el adiestramiento en contrainsurgencia de militares, policías y marinos.

Existe una lógica que no dejaremos de señalar, cada momento en que el caso lograba escalar peldaños importantes en la exigencia de justicia, el Estado mexicano pretendía contrarrestar estos logros con el cometido de crímenes de naturaleza atroz. Esto fue lo que vivimos en gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. La reflexión obligada es, ¿por qué sucede algo similar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

La exigencia de presentación con vida es justa, el juicio y castigo a los criminales de Estado es una necesidad inexorable, ante ello, no hay crimen que obstruya ni mecanismo leguleyo que la impida. Si desde el Estado mexicano se define una ruta de simulación, indiferencia e indolencia, el movimiento popular tenemos la tarea de desenmascarar esta política de demagogia y burocratismo.

No renunciaremos al derecho a la movilización y organización popular por las demandas de:

1. Presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz;
2. Cumplimiento cabal de la sentencia 51/2020 de la SCJN;
3. Libertad inmediata e incondicional de Higinio Bustos Navarro;
4. Alto a la represión contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo;
5. Respeto al derecho a la protesta y organización popular;
6. Justicia para el compañero Gregorio De la Cruz De la Cruz

Fraternalmente

¡Por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos!
¡Libertad de todos los presos políticos del país!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS