Análisis y opinión. A un año de emitida la sentencia 51/2020, el gobierno mexicano se empecina en mantener la impunidad

Ciudad de México a 16 de agosto de 2023

A la opinión pública

La sentencia 51/2020 que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cumplió un año de emitida el pasado 10 de agosto, es el mismo tiempo en que el gobierno federal se mantiene empecinado en extender la impunidad a los perpetradores de la desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y la pretensión de cesar la exigencia de presentación con vida con el cometido de crímenes de naturaleza profascista.

Existe la intención gubernamental de eludir la responsabilidad de instituciones castrenses como la marina y el ejército mexicano en el cometido de la desaparición forzada de ambos revolucionarios, con sofismas discursivos, deslizan la argumentación de que los crímenes de lesa humanidad son producto de la acción política de los grupos insurgentes y las acciones políticas de masas, con ello, queda clara la intención de criminalizar la lucha popular.

El cometido de crímenes de lesa humanidad, persecución política, prisión por motivos políticos, dilación y burocratismo, son algunos de los mecanismos con los que la administración actual pretende cesar la exigencia de presentación con vida. El ejemplo concreto la larga lista de violaciones a los derechos humanos contra nuestra organización y organizaciones hermanas solidarias con el caso.

La resolución judicial de la corte estableció un criterio de brevedad para su cumplimiento, sin embargo, por los mecanismos leguleyos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y los recursos argumentativos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la cumplimentación de la sentencia se ha extendido por más de un año, al tiempo que con ello se extiende el manto de impunidad sobre los perpetradores.

No hay casualidad en el cometido de los crímenes y violaciones graves a los derechos humanos contra quienes nos sumamos a la exigencia de presentación con vida, lo que se devela es una estrategia de cometer más crímenes para pretender inhibir la solidaridad. Desde la realización de jornadas de lucha existe una línea de cometido de crímenes de lesa humanidad, con ello, el Estado mexicano pretende eliminar la denuncia política y la exigencia de justicia para miles de flagelos profascistas.

La sentencia contempla una serie de acciones concretas a las cuales las instituciones le han dado largas. En la comparecencia de mandos militares, la SEDENA intentó imponer sus condiciones para que éstas se realizaran en instalaciones castrenses, ante lo improcedente de tal acción, se presentan a rendir su declaración con respuestas evasivas, con las cuales simulan acatar la sentencia.

No existe una propuesta puntual de la autoridad gubernamental para la búsqueda con vida de los revolucionarios, a pesar de los indicios de la participación de las diferentes estructuras gubernamentales de orden federal, no se dirigen las diligencias precisas para que quienes estuvieron involucrados en la objetivación del crimen aporten información fidedigna de la suerte o el paradero de los detenidos desaparecidos, lo que implica simulación y dilación para escamotear la justicia.

A la actualidad es una verdad documentada que en Oaxaca existió un destacamento policíaco que se encargó del cometido de crímenes de lesa humanidad contra luchadores sociales, activistas políticos, defensores de los derechos humanos y comunidades organizadas, sin embargo, no se dirige hacia ellos alguna acción jurídica que conduzca a dar claridad del cometido de violaciones graves a los derechos humanos, mucho menos contra quienes estructuraron y dirigieron este tipo de acciones de naturaleza profascista.

La nula acción del gobierno actual no se explica por la falta de información, mucho menos por la carencia de recursos jurisdiccionales o políticos, el jefe del Estado mexicano posee la autoridad política para dar curso a una serie de acciones que conduzcan por buen puerto la cumplimentación de la sentencia, empero, la dilación y burocratismo obedece a la política de alargar los tiempos para la justicia.

Contrario a la promesa de justicia y de dar pasos sólidos al juicio y castigo de los responsables de miles de violaciones a los derechos humanos, lo que se observa es la protección de la institución castrense que se encargó de objetivar crímenes de lesa humanidad.

Con el sofisma de que existe la “pretensión de ensuciar la reputación de los militares”, el gobierno federal extiende las facultades a los cuerpos policíaco militares para el cometido de más violaciones a los derechos humanos en total impunidad. Ello indica también, la protección para que sean juzgados por el cometido de crímenes de Estado.

No importa cuán benévolo sea el discurso sobre la actitud inmaculada de los militares, lo cierto es que conforman el destacamento de hombres armados que imponen la voluntad de empresarios y oligarcas a través de la violencia institucional, sobre sus hombros pesan el cometido de violaciones a los derechos humanos con tal de mantener el estado de cosas capitalista, por ello, sobre su responsabilidad también está el cometido de la desaparición forzada de dos revolucionarios reivindicados por el PDPR-EPR.

El cometido de actos represivos contra el pueblo organizado de manera independiente es el síntoma de la persistencia de una política que ve en el sujeto político el enemigo a vencer, lejos de que la actual administración signifique la alternativa de solución a las demandas más sentidas, se observa la intentona de desarticular esfuerzos organizativos a través de gobiernos estatales que se amparan en la sigla partidista en el poder para cometer prácticas del terrorismo de Estado.

La imprescriptibilidad del crimen de desaparición forzada de personas extiende la responsabilidad a cada titular del Estado mexicano, conforme se acerca el fin del sexenio actual, se acerca el paso de una administración más que se distinguió por negar el acceso a la justicia para los detenidos desaparecidos, con la particularidad de que fue en esta que se logra una sentencia favorable para dar con el paradero de las víctimas, pero en lugar de ello, se condujo por la ruta de dilación y burocratismo.

De la actitud asumida por las autoridades gubernamentales se desprende una lógica contrainsurgente, endilgar la responsabilidad de la violencia a las masas trabajadoras y a la insurgencia revolucionaria, en consecuencia, no hay derecho al que ampararse, como criminales, deben pagar con todo el peso de la ley. Es el planteamiento reformista que persiste y que criminaliza a todo esfuerzo que se mueva fuera de la lógica corporativista.

Hay algo que ninguna autoridad debe olvidar, la militancia de los detenidos desaparecidos en un partido revolucionario no los hace criminales y por las condiciones en las que está documentado que se cometió el crimen, no iban en condiciones que configurara una violación al orden jurídico establecido, no hay delito que se le compruebe, de donde se desprende que la motivación de su desaparición forzada es de naturaleza política.

La justicia inexorablemente llega, no hay crimen de lesa humanidad y acción represiva que la detenga. La presentación con vida de los detenidos desaparecidos hoy estriba en una necesidad política y la unidad de todas las víctimas representa el baluarte para sortear una escalada represiva encubierta mediante sofismas y demagogia.

Fraternalmente
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!
¡Libertad a todos los presos políticos!
¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS