Tinta Socialista No 139. Las ejecuciones extrajudiciales indican el grado de violencia institucional

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Los ocho periodistas asesinados en lo que va del presente año y los más de 50 en la presente administración indican el grado de la violencia institucional que azota al país; en esencia son ejecuciones extrajudiciales cometidas contra trabajadores de la comunicación, cuya labor periodística contribuía a desenmascarar los vínculos entre el poder político y la denominada delincuencia organizada, así como también, la corrupción existente en este sexenio.

La ejecución extrajudicial no es exclusiva hacia los trabajadores de la comunicación, ésta en el presente sexenio alcanza también a defensores de los derechos humanos, ambientalistas, defensores de la tierra, activistas políticos, integrantes de organizaciones populares y un sin número de ciudadanos no organizados.

La política del actual gobierno es negar la existencia de este flagelo que lastima al género humano, eludir su responsabilidad con subterfugios propagandísticos como afirmar que, “la violencia es herencia del periodo neoliberal de gobiernos pasados, por eso seguimos teniendo homicidios”. Como parte de esa política es de manera intencional habla de homicidios ahí donde éstos son crímenes de lesa humanidad.

En México aún persisten las prácticas del terrorismo de Estado, el discurso oficial por más que pretende negar su existencia el hecho confirma que los crímenes de lesa humanidad en México tienen un carácter transexenal.

El afirmar que los asesinatos de periodistas, de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos no son crímenes de Estado, sino obra y gracia de la delincuencia organizada lleva implícito el manto de la impunidad en la que pretende mantener estos casos.

La violencia institucional que vivimos en lo largo y ancho del país tiene origen en las instituciones del Estado mexicano, gobiernos de diferente cuño partidario en el pasado y presente le dan continuidad a las violaciones a los derechos humanos a través del Estado policíaco militar.

Un gobierno que afirma respetar la libertad de expresión y los derechos humanos en el país, en lugar de negar la realidad del problema debería proceder con la desarticular con toda la estructura represiva que crearon los panistas, priistas y secundaron los perredistas.

La situación de los periodistas y defensores de los derechos humanos no es nueva, de antaño padecen los mismos efectos de la política de gobiernos anteriores, lo cuestionable es que eluda su responsabilidad al señalar al autor material del cometido de los crímenes de lesa humanidad sea un ente en abstracto; el otro, es un absurdo discursivo al argumentar que, tal o cual periodista es asesinado por no acogerse al mecanismo de protección gubernamental. Ahora resulta que si no se amparan a ese mecanismo son culpables de su ejecución extrajudicial.

Los trabajadores de la comunicación, en estos momentos enfrentan una escalada de violencia institucional, a ésta sólo se le puede enfrentar en las medidas que cierren filas y unifiquen esfuerzos con el conjunto del movimiento popular. Urge que nos reconozcamos en cada uno de los que protestamos y exigimos los derechos del pueblo como hermanos de clase. Callar nunca será la opción ante la violencia institucional que desangra a los sectores populares.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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