Tinta Socialista No. 142. Las desapariciones forzadas en el país, grave violación a los derechos humanos sin resolver en la actual administración

Ciudad de México a 30 de agosto de 2021

Tinta Socialista No. 142

Las desapariciones forzadas en el país tienen continuidad en la actual administración, el cometido de estas graves violaciones a los derechos humanos no cesa, si bien es cierto, no son en la misma magnitud de las perpetradas en las administraciones panistas de Vicente Fox Quezada (2000-2006), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y priista de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se cometen, así lo testifican los testimonios de familiares que exigen la presentación con vida de sus seres queridos ante medios de comunicación e instancias gubernamentales en espera de obtener una respuesta satisfactoria para dar con el paradero de las víctimas.

El 30 de agosto se conmemora el Día internacional de las víctimas de la desaparición forzada, fecha en la que familiares, organizaciones populares y defensores de los derechos humanos reivindicamos como un día de lucha y de protesta para exigir al gobierno mexicano la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país, en específico la de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Edmundo Reyes Amaya y la de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz.

Revolucionarios y luchadores sociales detenidos desaparecidos de manera forzada en administraciones federales panistas y priistas, quienes se negaron a dar con su paradero, mucho menos enjuiciar ni castigar a los perpetradores; hoy el crimen se mantiene, permanece la misma política de simulación, desgaste e indolencia, lo que se traduce en revictimización de las víctimas y de los familiares, así como en indolencia institucional.

Pese a los discursos oficiales de “pacificar” el país y acabar con la violencia que azota a miles de hogares proletarios en toda la geografía nacional, la realidad expresa otra cosa muy distinta, ésta es la que confirma el cometido de graves violaciones a los derechos humanos, cuya expresión es la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, desplazamientos forzados y detenciones arbitrarias, contra el pueblo en general y en específico contra el pueblo organizado.

El caso de los revolucionarios Gabriel Alberto y Edmundo es paradigmático por los alcances jurídico y político que tiene respeto a las desapariciones forzadas en el país; desde denunciar el cometido de está grave y múltiple violación a los derechos humanos en perjuicio de ellos hasta documentar en las instituciones judiciales y de derechos humanos que los responsables de ese deleznable crimen es el gobierno mexicano a través de sus corporaciones policíacas y militares.

El hecho de que tribunales colegiados de la federación, personalidades progresistas, organizaciones defensoras de los derechos humanos y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante investigaciones, determinaran que, sí se cometió una grave violación a los derechos humanos en perjuicio de Gabriel Alberto y Edmundo, así como de sus familiares es por la persistencia y lucha de los familiares, asesores jurídicos y organizaciones populares solidarias con el caso.

A través de diversas actividades políticas y jornadas nacionales de lucha se ha denunciado la indolencia, dilación, e impunidad del gobierno mexicano respecto a este caso. No sólo en la administración actual, sino en las dos anteriores desde que se perpetró el crimen. En las tres ha imperado la política del silencio, así como garantizar impunidad e inmunidad a los perpetradores.

El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se negó a reconocer el cometido de la desaparición forzada, señalaron que esos eran crímenes del pasado. No obstante, a fuerza de presión política, la denuncia y acciones políticas de masas evidenciaron que sí se cometió el crimen en contra de dos revolucionarios, quienes por su forma de pensar y luchar fueron sometidos a este crimen de lesa humanidad.

En este sexenio se tuvo que romper con el estigma y la incriminación, la censura y autocensura de algunos medios de comunicación y la negación del gobierno para dar con el paradero de los revolucionarios. Por esa persistencia la CNDH realizó una investigación y aportó elementos que comprueban con base testimonial que Gabriel Alberto y Edmundo fueron objeto del crimen de desaparición forzada, por eso emite la recomendación 007/2009.

La administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) mantuvo la indolencia, revictimización de los familiares y el cometido de más crímenes de lesa humanidad.
La denuncia a través de jornadas de lucha logró que un tribunal colegiado de la federación emitiera la resolución 29/2014, en la que reconoce que sí se cometió la desaparición forzada en perjuicio de los dos revolucionarios; en ella cita a comparecer a militares, marinos y diferentes corporaciones policíacas para que digan ¿qué hacían en el momento de la detención?, asimismo mandata la apertura de los cuarteles militares para su búsqueda y localización, sin embargo, no se cumplió.

En lugar de acatar su propio marco jurídico, el gobierno de EPN cometió más crímenes de Estado contra integrantes de nuestra organización, Frente Nacional de lucha por el Socialismo (FNLS), a través de asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales, intentos de ejecución extrajudicial, desapariciones forzadas y amenazas de muerte intentó minar exigencia de presentación con vida de Gabriel y Edmundo.

La administración actual de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ha mantenido la política de indolencia, dilación y desgaste para los familiares de las víctimas, a quienes les propone “perdonar” a los perpetradores, con su propuesta le garantiza impunidad a los responsables del cometido de desapariciones forzadas en el país, quienes están activos en las instituciones militares, de la marina o las diferentes corporaciones policíacas.

La propuesta es perversa porque intenta sepultar a las víctimas de desaparición forzada con la intención de que los familiares dejen de exigir su presentación con vida. Otra forma de intentar callar a los familiares es la reparación económica y el perdón público, eso indigna, porque una persona detenida desaparecida no tiene precio alguno, su vida, historia y trayectoria de lucha no tienen precio, nada puede sustituir la presencia de un ser querido; la mejor forma de sanar es dar con su paradero, conocer la verdad de los hechos y que los responsables materiales e intelectuales sean enjuiciados y castigados.

Este sexenio en todo momento ha dicho “nada por encima de la ley”, si es así, ¿por qué se resisten a hacer justicia en el caso de los dos revolucionarios? Comprobado está que fueron las corporaciones policíacas y militares los responsables del cometido de ese deleznable crimen, así lo testifican las resoluciones y juicios de amparo interpuestos ante tribunales del país, los cuales, testifican que si se cometió la desaparición forzada en perjuicio de los dos revolucionarios.

Los tribunales federales, por la trascendencia y gravedad del caso, determinaron que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelva el caso, a través del amparo en revisión 51/2020, no obstante, la institución decidió suspenderlo indefinidamente. Un indicativo que expresa la política de gobierno respecto a las desapariciones forzadas en el país.

La exigencia de justicia y presentación con vida de los detenidos desaparecidos es un derecho de los familiares de las víctimas, no está sujeto a negociación ni a caprichos individuales, por tanto, mientras el gobierno mexicano mantenga la política indolente con los familiares y garantice la impunidad para los perpetradores, las jornadas nacionales de lucha y actividades de protesta tienen razón de ser.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS