La protesta popular tiene su esencia en las políticas represivas, dilatorias e indolencia del gobierno mexicano

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Ciudad de México a 21 de septiembre de 2020

A la opinión pública

Las actividades de protesta del pueblo organizado tienen su esencia en la omisión, dilación, indolencia, desgaste y burocratismo de funcionarios e instituciones ante los llamados de justicia y atención a sus demandas ; política de gobierno que tiene continuidad en la actual administración de manera sistemática y generalizada contra el pueblo en general y en específico contra el pueblo organizado.

Aunque desde la oficialidad arenguen que “respetan los derechos humanos” y “no hay abusos de autoridad”, en la realidad objetiva sí se cometen, sólo basta acudir a las dependencias de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, para darnos cuenta de las trasgresiones constantes a los derechos humanos que son objeto las víctimas o los familiares de éstas.

En algunos estados de la República, los gobiernos locales cometen actos de represión y abuso de autoridad por elementos de la Guardia Nacional, policías estatales o municipales contra las masas organizadas ; los elementos que integran esas corporaciones son sujetos desclasados que actúan con el consentimiento de los gobiernos en turno para intentar contener el descontento popular y acallar las voces de protesta.

Lo que sucede en Michoacán, Chiapas y Ciudad de México es una expresión de esa política de gobierno, donde policías estatales y municipales cometen múltiples violaciones a los derechos humanos como, detenciones arbitrarias, desalojos violentos, tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, amenazas de muerte o abuso de autoridad, en sí, son transgresiones a los derechos y libertades políticas del pueblo trabajador.

Las detenciones arbitrarias incrementaron en este gobierno, las cárceles albergan a luchadores sociales por defender el derecho a la posesión de la tierra, a la educación o exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, así como el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad.

Esas son las circunstancias por las que están injustamente presos, las carpetas de investigación son fabricadas, lo mismo que los delitos, la intención es generar una forma de castigo para todo luchador social, defensor de los derechos humanos, activista político o cualquier opositor al régimen que realice acciones políticas de masas o actividades de denuncia.

Cada uno de los casos son un botón de muestra de la política de omisión, dilación, burocratismo, dilación y desgaste. La omisión está presente en el momento que los gobiernos en turno tienen conocimiento de los problemas políticos y económicos existente y no hacen nada para solucionarlo ; lo mismo sucede cuando, las organizaciones populares entregan solicitudes de audiencia o mesa de trabajo para buscar una alternativa a los problemas de represión o violaciones a los derechos humanos y hacen caso omiso de esas peticiones populares.

Ejemplo de lo anterior son las solicitudes que hemos entregado a la Secretaría de Gobernación para la instalación de una mesa de trabajo con la titular de esa dependencia, la Dra. Olga Sánchez Cordero, y hacen caso omiso al llamado, incluso saben que de acuerdo al artículo 8 Constitucional, referente al derecho de petición, la autoridad tiene la obligación de responder por escrito, no obstante, hasta el momento no lo han hecho.

Esos actos son continuos en la administración federal, existe omisión de las estructuras gubernamentales para atender problemas relacionados con represión y prisión por motivos políticos, también, una política de burocratismo, al enviar de dependencia en dependencia a las víctimas y obligarlos a que llenen formatos o solicitudes como requisito para que sean ser atendidas sus demandas.

La dilación está presente en el momento en que alargan los procesos jurídicos, someten a los familiares a un conjunto de tramitología, reuniones constantes y promesas que no se objetivan, la pretensión es generar desánimo y desistimiento de su exigencia de justicia para sus seres queridos. Eso genera desgaste en las víctimas indirectas porque no ven solución a sus demandas, la alternativa que un momento se presentó, con el tiempo se desvanece al ver que los funcionarios no solucionan el fenómeno político.

Lo anterior se observa en los casos de los compañeros Javier, Armando, Asunción, Venturino y Leobardo, quienes son presos políticos de los gobiernos de Chiapas y Michoacán, algunos con poco más de un año en la cárcel ; a la fecha sigue su proceso jurídico sin que haya una sentencia definitiva, pese a que comprobado está que no cometieron los delitos que les fabricaron, no existen objetos del delito ni la parte acusatoria, los nombres que supuestamente acusan a los compañeros hasta la fecha no los han podido encontrar, ni siquiera en los domicilios señalados.

Los abusos de autoridad son constantes en los cuerpos policíacos contra el pueblo organizado, un ejemplo de ello es lo que hace la policía de la Ciudad de México y el Estado de México, lugares donde niegan el derecho a la libertad de expresión a través de la pega de carteles en la vía pública. En esa acción se observa la intolerancia y la transgresión a ese derecho Constitucional y humano.

El actuar de los cuerpos policíacos es indignante, de manera prepotente despegan los carteles de presos políticos o detenidos desaparecidos, es tanto el cinismo que amenazan con detener a los que protestan, con el pretexto de que violentan un reglamento administrativo, no obstante, omiten que un reglamento municipal no puede estar por encima de lo que establece nuestra Carta Magna. Hechos visibles en una ciudad que alardea de ser respetuosa de los derechos humanos y de tener un cuerpo de policía “honrable” que supuestamente prioriza el “diálogo”.

La administración federal no esta aislada de lo que sucede en los estados, su responsabilidad empieza en el momento en que el Ejecutivo federal conoce el asunto y guarda silencio o es omiso a los llamados que hacen las organizaciones populares, al señalar que respeta la autonomía de los estados y no puede intervenir en los asuntos internos, con esos argumentos implícitamente respeta los actos de represión, tortura o detenciones arbitrarias que cometen los cuerpos policíacos de la entidad.

El silencio los vuelve corresponsables de los actos de represión y violaciones a los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos es una verdad a medias, un hecho que no corresponde con lo que enfrentan las masas organizadas, por más que se intente maquillar la realidad que vivimos los mexicanos, ésta se expresa en su esencia represiva y violenta contra todo luchador social, activista político, defensor de los derechos humanos o voces críticas al régimen.

La represión es un hecho real y objetivo, la denuncia y acciones políticas de masas son una necesidad apremiante, mientras persistan las violaciones a los derechos humanos la razón nos asiste para movilizarnos, dejar de hacerlo significa condenar al olvido el rostro, la historia y el nombre de nuestros seres queridos, víctimas de la violencia institucional y la represión ; NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, EXIGIMOS, JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO.

Atentamente
¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular !
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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