El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas deja al descubierto su vocación criminal, antipopular y proempresarial

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Ciudad de México a 15 de junio de 2020

A la opinión pública

A más de un año de gobierno, Rutilio Escandón Cadenas, deja al descubierto su vocación criminal, antipopular y proempresarial; política de gobierno que ejecuta en toda la entidad federativa de manera sistemática y generalizada contra el conjunto del movimiento popular. La prioridad en su administración es la defensa de los intereses político y económico de voraces empresarios, uno de ellos es la imposición a sangre y fuego de los proyectos económicos de carácter neoliberal.

A petición de voraces empresarios incrementa la violencia institucional, son los primeros en exigir al gobierno estatal la aplicación del estado de derecho burgués, materializado en represión y el cometido de múltiples violaciones a los derechos humanos. Sus gritos de NO MÁS IMPUNIDAD aplican contra las masas organizadas, pero cuando se trata de enjuiciar a los responsables materiales e intelectuales de cometer crímenes de Estado y de lesa humanidad escamotean la justicia y los protegen con sus leyes, son amparados con el manto de la impunidad e inmunidad.

El lema institucional de NO MÁS IMPUNIDAD, es coercitivo porque lo aplican contra toda voz crítica al régimen neoliberal, de ahí que, ante cada acción política del pueblo organizado y no organizado, inmediatamente la fiscalía abre carpetas de investigación, pretende quitar la esencia política de la actividad de denuncia y difusión, para justificar las detenciones arbitrarias o actos que violentan los derechos y libertades políticas del pueblo trabajador.

El derecho a la protesta y la libertad de manifestación no existen en esa entidad federativa, son letra muerta; por más que el Ejecutivo estatal argumente que “respeta” los derechos humanos, en los hechos es todo lo contrario. A cada acción política el gobierno responde con la represión, materializada en detenciones arbitrarias, tortura, asesinatos, desalojos forzados, fabricación de delitos, hostigamiento o amenazas de muerte.

Graves violaciones a los derechos humanos que se mantienen sin castigo hacia los perpetradores, al contrario, permanecen activos en las instituciones como si nada hubieran hecho. Son premiados por el gobierno de Chiapas por garantizar los intereses de la clase que defienden y representan.

La protesta popular es criminalizada, una práctica institucional que de manera sistemática y generalizada la aplican contra el pueblo en general y en particular contra las organizaciones de carácter popular e independiente. Toda actividad de protesta es tasada por las autoridades en turno como “violenta” e “ilegal” con el objetivo de justificar el cometido de violaciones a los derechos humanos.

Verbigracia, si realizan boteos informativos en carreteras, en sus argumentos judiciales los señalan como “actos de vandalismo”, o “protestas violentas” a la solidaridad que otorga el pueblo ante la información que les proporcionan, lo tipifican como “cuotas obligatorias”, argumentos que criminalizan para justificar la represión contra los que expresan descontento popular. Si el tamaño de la represión es de tal magnitud, ¿de qué manera quieren que el pueblo haga escuchar su voz?

En esa lógica institucional justifican las carpetas de investigación, que se transforman en órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, fabrican testigos, alteran las carpetas de investigación con tal de mantenerlos el mayor tiempo tras en sus mazmorras.

Exigir justicia, la libertad de los presos políticos, así como la presentación con vida de los detenidos desaparecidos es un delito en esta entidad federativa, para el gobierno es preferible que el pueblo calle ante cada atropello que cometan como autoridades, mientras no se movilice es mejor, mientras no diga nada por el saqueo o el despojo violento de sus tierras es mejor para así imponer sin dificultades los proyectos económicos en puerta.

La aplicación del estado de derecho es burguesa una forma de coerción contra las masas trabajadoras, a través de ese instrumento legaloide es como mantiene en las cárceles de la entidad a cientos de campesinos, luchadores sociales o defensores de los derechos humanos, por el simple hecho de ejercer su derecho a la protesta.
En esas circunstancias el gobierno chiapaneco sólo ve el hecho que se desprende de una política omisa, indolente y antipopular mas no la esencia del fenómeno, el cual, está en negar a las masas trabajadoras el derecho a una vida digna, en imponer con violencia su política antipopular.

Chiapas es una de las entidades federativas ilustrativas en la aplicación de esa política de gobierno, son varias las víctimas de esa práctica deleznable; ejemplo de ellos es lo que sucede con nuestros compañeros en las comunidades donde tenemos presencia y arraigo, que por el simple hecho de defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra son sometidos a múltiples violaciones a los derechos, son criminalizados y tratados como viles “delincuentes”.

El caso más reciente fue la detención ilegal de los compañeros Carlos López Gómez, Angelina López Sántiz y Enrique Herrera, quienes fueron detenidos por el grupo paramilitar Los Petules, en distinto modo, lugar y circunstancia fueron privados de su libertad y trasladados al campamento El nacimiento, lugar donde los amenazaron constantemente para que dejaran la organización.

El testimonio de la compañera Angelina describe que la encañonaron con un arma y se la pusieron adentro de la boca con la amenaza de detonarla; al compañero Carlos lo amenazaron con matarlo y a su descendencia, momentos inquietantes que los mantuvo en una angustia permanente. En los hechos fueron objeto de tortura física y psicológica, de tratos crueles inhumanos y degradantes.

Ante ese acto criminal interpusieron demandas penales, así como quejas ante organismos defensores de los derechos humanos en el país y a nivel internacional, en las comunidades donde tenemos presencia y arraigo realizaron acciones políticas de masas, pese a ello, la respuesta del gobierno es de indolencia, hostigamiento y amenazas de detenciones arbitrarias.

En todo ese proceso la actitud del gobierno estatal fue omisa, en los hechos se convierte en violador de los derechos humanos por omisión, comisión y aquiescencia, por no investigar, no detener a los responsables de detener a los compañeros y por cobijar con el manto de la impunidad a los paramilitares. Pese a ello, la denuncia y acciones políticas de masas continuarán, mientras los presos políticos no salgan de las cárceles o se dé con el paradero de los detenidos desaparecidos, hacemos de esas demandas una bandera de lucha.

Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el socialismo
FNLS

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