La violencia contra el pueblo de Chiapas es planeada en las “Mesas de Seguridad”

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Chiapas 08 de junio de 2020

Al pueblo en general

Es verdad que en Chiapas el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas del MORENA encabeza las “Mesas de Seguridad” y que la coordinación de las distintas corporaciones policíaca militares despliegan sus fuerzas en la entidad, pero éstas también dirigen planes que tienen por objetivo la represión al conjunto del pueblo y sus organizaciones populares, en este sentido, la responsabilidad de las graves violaciones a los derechos humanos como parte de la violencia perpetrada por los agentes del Estado es en lo inmediato del gobierno actual.

En efecto, el despliegue de las corporaciones policíacas, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina e inteligencia policíaca militar fungen tareas en las calles, entradas y salidas de cada pueblo o ciudad bajo el engaño mediático de “combatir la corrupción, la inseguridad y alcanzar la paz” para el pueblo chiapaneco con más de 22 mil agentes. En esta entidad existen más de 5 mil elementos castrenses que coloca a Chiapas entre los de mayor presencia militar, aunque no es propiamente el índice delictivo el motivo político de esta decisión gubernamental.

El aumento de los efectivos policíaco militares se debe por un lado a la continuidad de una política de represión contra el pueblo en general y en particular contra el pueblo organizado, aunque este objetivo es la que se oculta a través de incesantes informes en medios oficiales o no oficiales que dan cobertura al actual mandatario estatal. De los actos represivos o violaciones a los derechos humanos solo se conoce en voz de las víctimas que no reconoce las instancias de gobierno, natural en gobiernos autoritarios.

De las múltiples denuncias a esta administración estatal por represión, ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias se niega y omite reiteradamente por parte de funcionarios estatales y federales, se vuelve consigna el silencio de la represión para esconder que la violencia proviene del Estado. Los funcionarios hablan del combate a la delincuencia, pero éstos colocan al movimiento popular como igual, recurren a la criminalización de la protesta para justificar su andar represivo y pasan por alto que una y otra expresión social no tiene el mismo origen ni objetivo.

Tiene razón el gobierno federal de que el gobierno de Chiapas encabeza y da seguimiento puntual a la “Mesa de Seguridad” pero éste no es representativo de los intereses populares, por el contrario, en estas mesas se discute y planea diariamente la forma de asestar golpes al pueblo y al conjunto del movimiento popular. Negar, desconocer o silenciar la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en esta entidad a raíz del incremento de la presencia de las fuerzas castrenses, no elimina el dolor y la existencia de las víctimas, por el contrario, devela la complicidad entre niveles de gobierno.

La violencia generada por las fuerzas policíaca militares es inocultable, cientos de presos políticos, desplazamiento forzado, desalojos violentos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada contra los trabajadores del campo y la ciudad. Para el gobierno bien éstas graves violaciones a los derechos humanos no la considerada grave al tratarse contra hombres y mujeres que ejercen crítica al régimen.

La violencia contra quienes ejercen crítica en sus distintas expresiones es justificada al ser criminalizada con una serie de calificativos que desvirtúan las razones y el origen de la protesta y movilización popular. El gobierno reprime, pero no atiende ni soluciona las exigencias del pueblo, mucho menos cuando se trata de un crimen de Estado.

¿Acaso no es violencia detener arbitrariamente a más de 200 personas integrante de organizaciones populares por defender un pedazo de tierra para vivir o trabajar? Presos políticos es una de los resultados que arroja las mesas de seguridad, entre estos casos se presentaron tortura y detención desaparición forzada que ejecutó la fuerza policíaca militare en lo que va de esta administración morenista.

Qué opinión se merece el desplazamiento forzado consecuencia de los desalojos forzosos a colonos en varios municipios de la entidad perpetrada por parte de la Guardia Nacional, el Ejército, la policía federal, estatal y municipal. ¿No es violencia? ¿Quién realizo la quema y destrucción de cientos de viviendas durante los desalojos? ¿No fueron estas fuerzas quienes la realizaron? Solamente un gobierno antipopular y autoritario puede sostener que en Chiapas no existe violencia institucional y revira al denunciar la existencia de violaciones a los derechos humanos contra el pueblo trabajador.

La ejecución extrajudicial contra un manifestante en el municipio de Bochil por la GN ¿No es violencia? Mientras los objetivos políticos del gobierno actual es fortalecer la presencia de las fuerzas castrenses y dirigirlos contra el pueblo para salvaguardar los intereses empresariales, cualquier acto de violencia contra el pueblo se presentará como una medida necesaria que el gobierno en turno mantendrá en la impunidad.

La lista de los actos represivos afianzados por la militarización causa daños incuantificables a los distintos sectores populares. Estudiantes, campesinos y colonos tienen presos políticos que las cámaras empresariales aplauden, finalmente quienes exigen se ejerza el uso de la fuerza represiva contra el pueblo trabajador son los oligarcas que fincan sus intereses capitalistas en esta región del país para un nuevo proceso de acumulación.

El Estado no despliega a su aparato represivo para salvaguardar los intereses del pueblo, sin embargo, justifica la presencia de sus agentes a nombre de los trabajadores al prometer “seguridad” para el pueblo. Qué seguridad puede tener el pueblo si no tienen garantizados su derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la ciencia y recreación que solo se puede acceder al cubrir el precio por un servicio que en la constitución de manifiesta gratuita o como un derecho humano.

La violencia proviene de las instituciones del Estado al coartar todo tipo de derechos humanos y constitucionales, quien la ejerce por la vía de los hechos son objetos de la represión. Un ejemplo es el caso de nuestros compañeros presos Javier, Armando, Venturino y Asunción Gómez, que purgan castigo por luchar y defender la tierra ante un proceso de despojo legal y violento.

Otro ejemplo es la constante represión contra los estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá, quien, desde la llegada de Rutilio Escandón como gobierno, se conjuntan esfuerzos de los tres niveles de gobierno para mantener medidas antipopulares y autoritarias contra ellos. ¿Qué seguridad puede representar la mesa de seguridad si se usa en función de la garantía de los intereses empresariales y no las del pueblo que exige justicia, atención a las demandas no resueltas en ésta y administraciones anteriores?
La protesta y organización popular se le reprime a pesar de la justeza y legitimidad de las exigencias, para el gobierno actual no hay razón de suficiente para la protesta, aunque éste no atienda y no resuelva tales exigencias, se encarga de engendrar odio a quienes mantenemos la protesta popular como una forma de ser escuchados.

Los hechos lo confirman, el número de elementos policíaco militares no son para garantizar la integridad física y sicológica de los trabajadores, de ser así, porque quienes exigen la garantía de sus derechos al acceso a una vivienda, a la salud, a la educación, a la tierra o exigen justicia por la tortura perpetrada por agentes de Estado no existe avances y se nos niega y criminaliza. Por el contrario, los más de 22 mil elementos en Chiapas cumplen un objetivo político distinto, forma parte de los planes que garanticen la represión al descontento popular, someter a los trabajadores que sin duda se volcarán en las calles ante la falta de mejoras en las condiciones de existencia.

Al pueblo le queda mantener la denuncia, de lo contrario, la militarización y las consecuencias de éste quedarán en la impunidad y será aceptada como normal su presencia en las calles a pesar de que buscan ejecutar la contrainsurgencia contra el pueblo mismo y sus organizaciones. Por otro lado, la responsabilidad a la integridad física y sicológica de las víctimas es del gobierno estatal y federal, sus mandos policíaco militares, siendo ellos, quienes planifican, organizan y ordenan desde las “Mesas de Seguridad”.

Combativamente
¡Alto a la represión contra el movimiento popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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