Tinta Socialista No. 101. La violencia institucional y la represión en Chiapas es ejecutada bajo el silencio de la administración federal

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Ciudad de México a 12 de noviembre de 2019

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Las promesas gubernamentales y otros procedimientos similares para imponer una “verdad” que no corresponde con la cotidianidad son las formas de gobernar en la actual administración; actitud política que lleva implícito ideología, pensamiento y acción que en los hechos implícitamente objetivan los intereses políticos y económicos de la clase que detenta el poder.

A 12 meses de administración, el gobierno federal utiliza un doble discurso, por un lado, ante los medios de comunicación hace promesas que difícilmente llega a objetivar, la realidad coloca en su justa dimensión sus argumentos, los cuales contradicen lo que dice; por otro, detrás de esas frases lo que expresa es el respaldo a los grupos de poder político y económico tanto del país como del extranjero.

Mientras existe el argumento de que en la actual administración la prioridad es el “diálogo mas no la violencia” en los hechos hay la connivencia para que los gobiernos locales cometan a diestra y siniestra violaciones a los derechos humanos contra el pueblo organizado y no organizado; bajo el artilugio de “respetar la autonomía local”, el Ejecutivo federal se coloca como un espectador del clima de inestabilidad que genera la vocación profascista de gobiernos como el chiapaneco.

La tesis de no poder intervenir en las decisiones que ejecuten los gobiernos en las entidades federativas es un sofisma, porque en los hechos las entidades tienen todo el apoyo técnico y logístico de las corporaciones policíacas federales. Nadie desconoce que en las mesas de seguridad se encuentran mandos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina, por lo tanto, la supuesta neutralidad o autonomía es una mentira.

Chiapas es una de las entidades federativas donde la violencia institucional adquiere niveles considerables, la represión cada vez más distingue la política institucional, donde las víctimas son de múltiples flagelos, pero todos ellos con el sello distintivo de la violencia de clase para favorecer a un reducido grupo de empresarios que amasan fortunas al amparo del poder político.

La práctica institucional ejecutada por el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas con el consentimiento de la administración federal es el cometido de la represión, política que ya cuenta en su historial crímenes de lesa humanidad como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y prisión por motivos políticos. Es inadmisible que el gobierno federal se declare maniatado ante un fenómeno de descomunales proporciones.

Es contradictorio que el gobierno mexicano otorgue la solidaridad a otros jefes de Estado para evitar “la violencia” en su país, cuando en Chiapas guarda silencio ante las detenciones arbitrarias, tortura, intentos de desalojo o desalojos violentos, desapariciones forzadas, asesinatos, el cierre de escuelas normales y quitar el derecho al trabajo a vendedores ambulantes.

En el caso de los intentos de desalojo o desalojos violentos vulnera múltiples derechos humanos, al hacer que las familias, personas o comunidades abandonen sus hogares o tierra de trabajo sin ofrecerles medios apropiados de protección. Este acto represivo, ya sea legal o de otra índole, deja en la completa indefensión jurídica a las masas trabajadoras desplazadas.

Política de gobierno en la que varias familias son desalojadas de sus comunidades con el pretexto de “restituir la tierra a sus legítimos dueños”, hecho que por privilegiar los intereses de particulares pone en riesgo la integridad física y psicológica de familias conformadas por mujeres, niños, ancianos y hombres.

Los desalojos violentos afectan directa o indirectamente los derechos civiles, económicos, culturales y políticos consagrados en los instrumentos internacionales, a saber, el derecho a la vida, libertad de tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a la seguridad personal, el derecho a un nivel de vida adecuado, alimentos, agua y saneamiento, el derecho a no ser objeto de injerencias en la vida privada, el Domicilio y la familia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la tierra o a la propiedad.

Derechos que, al desalojar a comunidades, el gobierno chiapaneco impide que las familias y la comunidad tengan una vida digna. Así sucedió con los compañeros de la comunidad 2 de Noviembre, municipio de Socoltenango, Chiapas, lugar donde la policía estatal, municipal, elementos de la Fiscalía General del estado y elementos de la Guardia Nacional incursionaron a la comunidad con armas, retroexcavadoras y camiones de volteo.

En el lugar destruyeron sus viviendas, les prendieron fuego y sustrajeron sus pertenencias, mismas que subieron al camión de volteo y se las llevaron. Entre ellas iba la ropa, zapatos, enceres domésticos, alimentos, animales y materiales de trabajo. Hecho que violó todos los protocolos internacionales de derechos humanos de garantizar la vida y seguridad de niños, mujeres y ancianos.

Hoy los compañeros están en la intemperie, sin un espacio para dormir, elaborar alimentos, trabajar ni proteger su integridad física y psicológica. Los niños sin ropa ni calzado más los que tienen puestos, están con los demás miembros de la comunidad sin llegar a comprender ¿por qué el gobierno de Chiapas les destruyó su hogar? Cuestionamiento que tiene respuesta en la violencia institucional ejecutada contra el FNLS por ser de carácter popular e independiente.

Ante esos acontecimientos, el gobernador de la entidad argumenta sin ningún remordimiento que a menos de un año de su administración, “han sido recuperadas siete mil 807 hectáreas mediante 66 operativos de desalojo en diferentes municipios de la entidad, además de que 214 personas han sido vinculadas a proceso”. Sin importarle las condiciones en las que se encuentran las familias, las echa literalmente a la calle sin tener las mínimas condiciones indispensables para sobrevivir.

Aunque los gobiernos federal y estatal hagan llamados de pacificar el país, en los hechos objetivan la violencia de clase, misma que es planeada desde las reuniones de seguridad, donde los altos mandos militares, policía estatal, municipal y la Guardia Nacional deciden a quién reprimir, detener, torturar o desalojar; con ello objetivan los principios contrainsurgentes para contener la protesta popular y acallar las voces combativas.

Si desde la administración federal dicen que no van a reprimir a las organizaciones, ¿por qué permiten que en Chiapas ejecuten esta política deleznable?, ¿por qué guardan silencio ante los desalojos que hacen contra comunidades organizadas donde los niños están en la completa indefensión física y psicológica?, ¿Por qué se mantienen al margen ante las denuncias hechas en la FGE por tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes?

Cuestionamientos que difícilmente obtienen respuesta, porque el que calla otorga, aunque digan que respetan la autonomía gubernamental del estado de Chiapas, en los hechos son corresponsables por las graves violaciones a los derechos humanos que comete el gobierno de esa entidad federativa contra el pueblo que de manera organizada defiende sus derechos y libertades políticas.

La pacificación del país no se logra con la intensificación de la violencia de clase, mucho menos con mantener en las estructuras represivas del Estado a los responsables de materializar esta política deleznable. La necesidad política apremia de denunciar y desenmascarar a los responsables materiales e intelectuales, los cuales, permanecen activos en las instituciones del Estado.

La organización popular e independiente es una necesidad política que debe mantenerse en el pueblo trabajador que decide de manera consciente defender sus libertades políticas; mientras la represión persista y la violencia de clase se mantenga como política de gobierno, la denuncia y acciones políticas de masas serán una constante para enfrentar esta ofensiva del gobierno mexicano.

Atentamente
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS


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