Cada día que nuestros compañeros Javier y Armando permanecen en las prisiones del estado de Chiapas es el indicativo de la represión que permanece como política de gobierno

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Ciudad de México a 14 de octubre de 2019

A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones democráticas independientes
A la opinión pública

La prisión por motivos políticos de nuestros compañeros Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez es el indicativo fiel de los métodos represivos que emplea el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas en su intento obcecado de detener el avance de la organización popular independiente, es la prueba irrefutable de la vocación represiva, del carácter profascista y de su naturaleza antipopular.

Cada día que nuestros compañeros pasan en la celda dentro de los penales de la entidad se comete una injusticia, es sostenida la ilegalidad con el intento de imponer un castigo ejemplar sobre el pueblo que lucha y exige el cumplimento de sus necesidades más sentidas, en síntesis, es la política de criminalizar la pobreza y el descontento popular.

Desde el arribo al poder estatal de la actual administración en la entidad chiapaneca se dio curso a un plan de esencia contrainsurgente, concebido con mucho tiempo de antelación. Hombres formados en las instituciones represivas dieron rienda suelta a su ambición criminal, la cual lleva una cantidad considerable de víctimas de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desalojos y desplazamiento forzado, prisión por motivos políticos, entre otras violaciones graves a los derechos humanos.

El titular del ejecutivo estatal, Rutilio Escandón Cadenas, flanqueado por Ismael Brito Mazariegos y Jorge Luis Llaven Abarca, son quienes fraguaron y diseñaron un plan contrainsurgente desde dos décadas atrás, existe registro en el movimiento popular respecto a su participación en la elaboración de planes de represión desde 1993 aproximadamente contra comunidades indígenas y campesinas.

Es tanto el pragmatismo en la institucionalidad gubernamental que no importa el antecedente inmediato, simplemente se renuncia a ese pasado y de forma cuasi mágica ya son funcionarios “incólumes”. ¿Por qué MORENA se ampara en hombres con un amplio historial represivo? ¿Por qué es indiferente ante la vasta denuncia que hay sobre el cometido de violaciones graves a los derechos humanos?

El gobierno estatal en Chiapas se mantiene obcecado en su vocación represiva, no busca resolver ninguna problemática social con base en el diálogo. Simula atención a las demandas que plantean las organizaciones populares, sin embargo, la respuesta es el cometido de actos que atenten contra la integridad de los pueblos organizados fuera de los marcos corporativizantes.

No hay duda de que a nuestros compañeros se les mantiene presos de manera injusta por su participación en el FNLS, por su consecuencia política en la exigencia de la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos, por su la defensa de la posesión colectiva de la tierra para vivir y trabajar.

La estigmatización y la calumnia se convierte en el mecanismo gubernamental para intentar cercenar la solidaridad de las masas trabajadoras, con la infamia de por medio es como la administración actual se conduce hacia el pueblo organizado, en tales condiciones, simplemente es inadmisible la posibilidad de establecer puntos de acuerdos políticos.

La insistencia de la eliminación del cometido de violaciones de los derechos humanos es un elemento permanente en el discurso oficial, no obstante, la realidad no refleja este dicho, lo que se traduce en demagogia pura. No se trata de una crítica sin sentido, ni hechos que busquen generar una imagen distorsionada de los gobiernos en turno. Es una legítima exigencia que los hechos concuerden con el discurso o que dejen de mentir al pueblo.

No hay delito que perseguir contra nuestros compañeros. El criminal no está de lado de las organizaciones populares. Es el gobierno estatal quien conduce al pueblo chiapaneco a un derrotero nada alentador dada la vocación represiva, quien se ceba contra las masas inermes para garantizar los intereses voraces de empresarios regionales o de oligarcas del país o del extranjero.

Existe un nexo ineludible en el ascenso considerable de las violaciones a los derechos humanos y la voracidad de los empresarios. Aquí radica el carácter inhumano del desarrollo capitalista. No se puede hablar de un avance o progreso si éste se finca sobre la sangre de las masas trabajadoras, por ello, el pueblo no se opone al desarrollo, pero no se le puede pedir pasividad cuando su integridad física está en riesgo inminente.

La simple afirmación de que no habrá más represión no es la garantía de que no se cometerán, por ello, más que buscar en el pueblo quiénes son los que desarrollan su práctica política fuera de las formas corporativas de la democracia burguesa y declararles cómo los enemigos públicos de esta administración, el esfuerzo debería centrarse en ubicar el eslabón que no está en correspondencia con la política general de gobierno a menos que en el fondo exista la connivencia.

La pregunta que sigue en el aire es, ¿quién es el que debe asumir la responsabilidad de la lista de crímenes que van en la presente administración?, ¿en qué instancia recae la orden de objetivar las violaciones a los derechos humanos o por qué no hay correspondencia entre el discurso y la realidad?

¿De qué lado está el conservador, dónde está el reaccionario? Quien niega el clima de violencia que azota a las masas trabajadoras, quien al amparo de un gobierno que lo distingue un discurso “benevolente” ejecuta crímenes de lesa humanidad y de Estado. El pueblo no dispone del poder letal y represivo que poseen los cuerpos represivos, por tanto, cada acción política de masas es con el intento de garantizar la integridad de la colectividad.

La sola presencia de nuestros compañeros en una prisión en el estado de Chiapas acusados de delitos que no cometieron es el indicativo fiel de la continuidad de la represión como política de gobierno. Son mantenidos en esa condición de injusta reclusión mediante carpetas de investigación con numerosas inconsistencias, lo que no indica que la ley es para criminalizar la pobreza y protesta popular.

No renunciaremos al legítimo derecho a la protesta, no dejaremos de denunciar los crímenes que se cometen al amparo de las corporaciones policíaco militares. El rostro represivo del gobierno estatal se encubre en la faceta de respetuoso del “estado de derecho”, pero esto significa para las masas trabajadoras más represión y crímenes contra el pueblo.

Nuestros compañeros siguen en condición de presos políticos, el tiempo que sigan en esta condición es el mismo que el rostro de la represión será expuesto, porque cada vez es más evidente que los mantienen en estas circunstancias por sus convicciones políticas que motiva su participación política en FNLS.

Ni un paso atrás en la exigencia del cese a la represión, hoy más que nunca el horizonte de la lucha está más claro. Mientras la contradicción fundamental entre capital y trabajo se mantenga intocable, la lucha por el socialismo como régimen cualitativamente superior es una necesidad indeleble.

Actividades en el marco de la Gira Nacional contra la represión y el terrorismo de Estado

  • 15 de octubre 2019. Presentación del folleto Testimonios contra la represión y el terrorismo de Estado en Chiapas en la Faculta de Filosofía y Letras a las 12:00 del día
  • 15 de octubre 2019. Mesa informativa en la UACM Azcapotzalco, 2:00 de la tarde
  • 17 de octubre. Conferencia política. Terrorismo de Estado y el daño al ser psíquico, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). 4:00 de la tarde.

¡Libertad inmediata e incondicional a nuestros compañeros Javier González Díaz y Armando Hernández Sánchez!
¡Libertad a todos los presos políticos del país!
¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya!
¡Presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos!

¡Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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