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El gobierno del estado de Chiapas insiste en mantener a nuestro compañero Javier Gonzáles Díaz como rehén político para hacernos desistir de la decisión de la lucha independiente

Jueves 29 de agosto de 2019, por Ciudad de México

Ciudad de México a 29 de agosto de 2019

A los medios de comunicación
A los organismos defensores de los derechos humanos
A las organizaciones populares independientes
Al pueblo de México

La detención ilegal, tortura e injusta reclusión del compañero Javier Gonzáles Díaz es a todas luces un acto que violentó todo proceso jurídico y de derechos humanos, el gobierno de Chiapas lo mantiene en esa condición para hacer desistir al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) de la solidaridad para con las víctimas del terrorismo de Estado, de la decisión de luchar fuera de los marcos corporativos gubernamentales y por defender la legítima posesión de la tierra desde hace más de tres décadas.

En Chiapas existe un gobierno represor, defiende a capa y espada los intereses empresariales, destila odio de clase a las organizaciones populares y mantiene una actitud profascista para el trato hacia el pueblo organizado. Rutilio Escandón Cadenas ahora ataviado con las siglas de MORENA, desnuda su vocación represora e incorpora en su gabinete a sujetos camaleónicos que se mantuvieron agazapados en varias administraciones como el Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca, quien es acusado por tortura

La jactancia de desalojar a más de 5 mil familias de sus hogares y mostrar como trofeo político la “recuperación” de más de 4 mil hectáreas sólo puede venir de alguien que de ninguna manera se siente identificado como un “gobierno de los pobres”, porque los más desposeídos de Chiapas reciben la represión, la cárcel, la tortura y el cometido de crímenes de lesa humanidad.

El sureste mexicano es golpeado insistentemente por el hambre y la miseria, más de la mitad de su población se debate en condiciones paupérrimas de existencia, por ello, aplaudimos la visión del plan de desarrollo del próximo gobierno para incentivar el crecimiento de esta región del país, sin embargo, condenamos enérgicamente que éste se finque en la sangre derramada de las masas trabajadoras.

¿De qué desarrollo podemos hablar si son miles de familias las que ahora se encuentran sin un techo para vivir? ¿A qué crecimiento económico aluden si bajo éste existen cientos de presos políticos, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de Estado? En todo caso el desarrollo y crecimiento para quién, ¿para el oligarca, el empresario voraz?

Las comunidades indígenas y campesinas por siglos son excluidas de los planes gubernamentales, sobre su patrimonio se finca el desarrollo de una minoría empresarial rapaz, así lo demuestra las decenas de concesiones ofertadas a empresas extranjeras para la explotación minera, más de la mitad de la entidad chiapaneca se encuentra concesionada sin importar que en ella estén el sustento de familias y comunidades enteras.

La detención y tortura de nuestro compañero Javier se inscribe en todo este contexto, no es un hecho aislado, éste se suma a la larga lista de víctimas de la administración morenista en la entidad.

Las autoridades gubernamentales están conscientes de que no hay sustento jurídico que mantenga al compañero en injusta reclusión, en su detención ilegal se violentaron todos los protocolos procesales, la carpeta de investigación es una maraña de inconsistencias y el delito que se le imputa no es capaz de sostenerse por el razonamiento simple del sentido común.

¿Por qué insiste el gobierno chiapaneco en mantenerlo como rehén político? ¿Qué le hemos hecho las organizaciones populares para que nos trate de esa manera? ¿Bajo qué condiciones quiere negociar su libertad? Son preguntas que no pueden responderse porque hasta ahora la autoridad chiapaneca se niega a dialogar con el FNLS, busca intermediarios para hacer llegar sus amenazas y vituperios.

No nos queda duda que la dilación es la jugada a la que le apuesta el gobierno de Escandón Cadenas, pretende alargar el proceso jurídico para mantener a nuestro compañero en esa condición inhumana. El contubernio criminal entre diversas autoridades locales es tal que entre ellos no lo soportan y con cinismo sostienen que esa es la condición de todos los casos a los que el gobierno pretende brindar un “escarmiento”.

En los pasillos institucionales rumoran que el caso no es jurídico, que es eminentemente político, por lo cual queda en entre dicho el mencionado estado de derecho, es consigna gubernamental someter a nuestro compañero a la prisión injusta, no importa qué leyes deban torcer con tal de asegurar su vocación criminal, para tal cometido no hay menor rubor más que el deseo de complacer al interés empresarial.

Resolver esta situación es responsabilidad del gobierno federal y estatal, porque a ambos los identifica la misma sigla partidista, ambos dicen caminar sobre los mismos principios éticos, políticos y morales, por tanto, la calumnia, la mentira y la sinrazón del gobierno chiapaneco no parece encuadrar en tales preceptos, sin embargo, se siente respaldado por la autoridad federal para dar rienda suelta a sus instintos represores.

Existe el acercamiento de diálogo con la autoridad federal para resolver esta problemática generada por el gobierno chiapaneco, no obstante, falta por ver resultados concretos de estas mesas de trabajo, esperamos que no exista la apuesta a la dilación, que nos manejen fechas posibles de solución que paulatinamente se alargan, queremos confiar que no hay confusión, somos prudentes y respetuosos en el trato, pero la sinrazón del gobierno chiapaneco condujo a esta situación compleja que hoy está en manos del gobierno federal.

Insistimos, nuestros esfuerzos organizativos estaban depositados en la necesidad de resolver el rezago cultural que existe en el pueblo, estábamos concentrados en estudiar la concepción científica del mundo a través de temas como el origen del universo, la tierra, la vida y el hombre, practicamos danza, teatro, poesía y música. Pero para el gobierno chiapaneco estas son actividades a las que debe combatir y su actitud represiva nos llevó a la movilización para intentar proteger la integridad individual y colectiva de cada uno de los que integramos el FNLS.

El diálogo siempre será el tamiz para resolver toda divergencia, pero éste debe darse en el marco del respeto y de la seriedad de los compromisos. El FNLS ha dado muestras de buena voluntad, no nos quieran enfrascar en fechas que después se prolongan, la libertad de nuestro compañero no es una moneda de cambio.

La movilización política no es en sí una causa, es un efecto que provoca la actitud represiva de distintas autoridades, son ellos que provocan ingobernabilidad al tolerar a grupos paramilitares que mantienen asolados regiones del país, que cometen crímenes contra las masas inermes, ante ello, el pueblo busca cómo defenderse, de proteger su integridad física y psicológica.

La acción política de masas se fundamenta en la cerrazón de las autoridades gubernamentales, ninguna organización se moviliza por capricho o necedad, en la medida que las demandas más sentidas sean resueltas, el pueblo tiene la oportunidad de enfocarse en otras necesidades metodológicas, tales como intentar abatir el analfabetismo funcional.

Depende de las autoridades federales resolver la situación que mantiene en constante asedio contra el movimiento popular en la entidad chiapaneca, de lo contrario serán copartícipes de baño de sangre que amenaza desatar Rutilio Escandón Cadenas.

Atentamente
Por la unidad obrero, campesino, indígena y popular
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

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