El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas es represivo, antipopular y profascista

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Ciudad de México a 14 de agosto de 2019

A la opinión pública

La violencia institucional y el terrorismo de Estado como política de gobierno se mantiene en la actual administración, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales contra luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, trabajadores de la comunicación, activistas políticos y pueblo en general continúan, por más que desde el ejecutivo federal declare “cambios” en su gobierno, la realidad expresa otra cosa muy distinta.

Los acontecimientos represivos en el estado de Chiapas contra organizaciones populares ejemplifican la política de un gobierno antipopular, proempresarial y profascista cuya única prioridad es preservar el “estado de derecho burgués” y salvaguardar los intereses político y económico de oligarcas, tanto del país como del extranjero”.

Para muchos no es novedoso que desde que asumió la representación del gobierno estatal, Rutilio Escandón Cadenas, emprendió a nombre de la cuarta transformación una ofensiva represiva contra el pueblo organizado, a través de desalojos violentos de campesinos e indígenas pobres de sus lugares de origen; cada acto de violación a los derechos humanos contra las víctimas fue acompañada de detenciones arbitrarias, tortura, asesinatos, hostigamientos policíaco militar, allanamiento de moradas de oficinas de organizaciones populares y de derechos humanos, así como amenazas de muerte.

Bajo el lema de “paz, tranquilidad y seguridad” comete graves violaciones a los derechos humanos, que son justificados como actos “apegados a la ley” y a la “política federal” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con ello, intenta mostrase como un hombre respetuoso de la “ley”, que en esencia en eminentemente burguesa.

Los principales operadores de su administración son hombres formados en las instituciones del régimen con un amplio historial represivo en las estructuras de gobierno; desde 1995 han ocupado distintos cargos dentro de las instituciones judiciales, cuya carrera política está hecha a base del cometido de crímenes de lesa humanidad.

Jorge Luis Llaven abarca, actual Fiscal General del estado de Chiapas, es un hombre con inclinaciones fascistas, su proceder criminal es evidente en todo momento. Cuando fue Fiscal de la FECDO fue señalado como responsable de tortura y otras violaciones a los derechos humanos en Chiapas, así lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH).

La misma Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 01/2002 para solicitar se iniciará un procedimiento administrativo de investigación y la integración de una averiguación contra Llaven, por la comisión de los delitos de robo, lesiones, tortura, daño a la propiedad ajena, allanamientos de domicilios, abuso de autoridad, así como por violar la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. Recomendaciones que fueron rechazadas por la administración en turno, con ello cobijó a los perpetradores y abono a mantener el caso en la impunidad.

En los distintos cargos que ha tenido en el poder judicial del estado de Chiapas ha sido señalado por cometer detenciones arbitrarias, amenazas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos; lo curiosos es que se le protege desde las estructuras gubernamentales y lo mantienen activo como si no hubiera hecho nada, nos indica que es un fiel cancerbero del régimen cuya formación policíaca es para ejecutar a cabalidad las medidas contrainsurgentes en la entidad chiapaneca.

Pese a los señalamientos del pueblo organizado por su proceder criminal, el gobierno mexicano lo premia al nombrarlo Fiscal General del estado de Chiapas, lo mantienen en las estructuras policíacas para continuar con su proceder criminal; un indicativo de que las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura o detenciones arbitrarias serán una constante.

Ismael Brito Mazariego es otro hombre muy cercano al gobernador, pues antes de ser Secretario de gobierno se desempeñó como Secretario Particular del titular del Poder Judicial de ese tiempo, Rutilio Escandón Cadenas; en diversos trabajos del Poder Judicial de ha acompañado al actual titular del ejecutivo estatal. Quien desde 1993 ha hecho carrera policíaca en el estado de Chiapas, entre los cargos destacados están, fue Ministerio Público de la Procuraduría del Distrito Federal en la delegación Coyoacán, delegado en el Instituto Nacional de Migración en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, asumió el cargo de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Concejo de la Judicatura del estado de Chiapas, entre otros cargos.

Esos tres hombres formados a través del escalafón policíaco, con un historial marcado por la represión hoy gobiernan en la entidad chiapaneca bajo el cobijo de MORENA, lo que contradice sus principios políticos y objetivos como partido político electorero.

Por eso no sorprende la actitud prepotente e indolente que tienen esos funcionarios ante los familiares de las víctimas, las organizaciones populares y los defensores de los derechos humanos, el que trato que les dan, según su lógica, es de “violentos”, “conductas antisociales”, “vándalos”, entre otros epítetos que intentan eludir su responsabilidad en la violencia desenfrenada que persiste en Chiapas.

Hombres del régimen que a toda costa intentan acabar con las organizaciones populares en el estado de Chiapas, a través de la violencia institucional y el terrorismo de Estado objetivan sus intereses mezquinos.

Las declaraciones del fiscal Jorge Luis Abarca como, “no habrá más impunidad en la entidad”, son hipócritas, porque él es señalado por las víctimas directas e indirectas como uno de los perpetradores del cometido de crímenes de estado y de lesa humanidad en la entidad. Si tiene ese historial criminal, ¿por qué lo sostienen activo en la actual administración?, ¿con qué confianza se pueden acercar las víctimas a denunciar a los perpetradores, si en esa institución están los responsables materiales e intelectuales?

La “paz” que tanto se pregona desde el ejecutivo federal tiene sus manifestaciones en esta entidad chiapaneca, que consiste en poner punto y aparte a los crímenes de Estado y de lesa humanidad cometidos en administraciones anteriores, mismo que va a acompañado del perdón y la conciliación con los autores materiales e intelectuales, es la razón por la que mantiene a Ismael Brito Mazariego, José Luis Abarca Llaven y Rutilio Escandón Cadenas en las estructuras del Estado.

Mientras no sean desmanteladas las estructuras policíacas y militares que dan origen al terrorismo de Estado, cuya expresión son desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamientos forzados o detenciones arbitrarias, mientras permanezcan incólumes los perpetradores, la lucha popular e independiente permanecerá, las acciones políticas de masas tendrán mayor razón de existir y la organización popular e independiente se mantiene como una necesidad indispensable.

Atentamente

¡Libertad inmediata e incondicional del compañero Javier González Pérez!
¡Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo reyes Amaya!
¡Presentación con vida de nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz!
¡Alto a la criminalización de la protesta popular!
¡Alto al terrorismo de Estado!

¡Por la unidad obrera, campesina, indígena y popular!
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
FNLS

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